Publicado: Guatemala, 9 de mayo del 2024
¿Es posible despolitizar la justicia en Guatemala? Ramón Parellada analiza la contraposición de las leyes generales y abstractas frente a la legislación casuística. Parellada explora cómo una reforma en el proceso de selección de cargos judiciales mediante pruebas objetivas y sorteos promovería una justicia imparcial y menos susceptible a manipulaciones políticas.
El lío entre el presidente de la República y los miembros del partido político Semilla con la fiscal general de la Nación parece una telenovela. Este caso, independientemente de la opinión de cada uno respecto de las partes, me hace reflexionar sobre nuestro sistema, más que las personas que puedan llegar a ocupar cargos importantes.
Cuando propusimos ProReforma teníamos la idea clara de la diferencia entre leyes generales y abstractas en contraposición con legislación casuística. Las primeras son las deseables a nivel constitucional y las segundas son más del día a día. Un ejemplo de las primeras es, en términos muy sencillos y simplificados, no robar, no matar. Son afirmaciones que aplican a todos (la excepción se puede dar como el caso de matar en defensa propia). Las leyes casuísticas llevan muchas veces nombre y apellido, se ajustan a las condiciones actuales como un presupuesto, un nuevo proyecto, algún nombramiento. Pues bien, lo que veo de todo este caos es que está en juego una ley general y abstracta en contraposición a una legislación casuística. Cuando hace algunos años se pasaron modificaciones a la Ley del Ministerio Público, se le concedió un blindaje especial a la fiscal para que nadie la pudiera remover fácilmente de su puesto. Ese blindaje no significa que no pueda ser removida por causa justificada. Hasta ahora no han presentado alguna demanda con causa justificada, solo se escucha a los de Semilla repetir lo que otros dicen, que es corrupta, que la tiene contra ellos, etc… Por lo tanto, el presidente y la gente de Semilla quieren removerla y cambiar ese blindaje que ellos mismos apoyaron en su momento, junto con Iván Velásquez y la nefasta Cicig, cuando Thelma Aldana era la fiscal. Esto, a mi juicio, es una legislación casuística porque la ley la cambiaron cuando les convenía, pero ahora que no les conviene la quieren volver a cambiar.
Las leyes generales y abstractas deben aplicarse universalmente a todos, sin excepción. No puedes cambiar la ley que en un momento te va a favorecer y en otro te puede perjudicar. El hecho de que sea universal es que esa ley es aplicable para mí y para todos en cualquier situación dentro del país. Se puede argumentar que la fiscal tiene demasiado poder y se puede revisar la legislación para que en el futuro, no retroactivamente, las cosas mejoren, pero pensando no en la persona que va a ocupar el cargo, que es lo de menos, sino en que esa ley aplique a todos por igual.
Lo que estamos viviendo es la politización de la justicia. Los tres organismos del Estado se han politizado y utilizan su poder para llevar agua a su molino. Uno de los temas importantes es cómo elegirlos a modo de disminuir esa politización. Lo he comentado en otros artículos de periódico. En resumen, se debe llegar a la lista de candidatos aprobados y seleccionados objetivamente por varias empresas serias de recursos humanos (que revisen y comprueben a fondo sus currículos). Luego, esos candidatos pasan a sorteo, independientemente de la nota que se les asigne. No se debe buscar a quien tenga mayor nota, sino a quien pasó la prueba. De esta manera, todas las elecciones para cargos importantes, jueces y magistrados de ambas cortes, fiscal general, contralor, etc… serán despolitizados. Hay más, como el plazo para el cual se eligen, que, a mi juicio, debería alargarse. El esfuerzo del Gobierno en conjunto con el Congreso debería enfocarse en esto, en tratar de despolitizar las elecciones de todos estos puestos importantes en nuestro sistema de justicia. Así no dependeremos de legislaciones casuísticas ni de las personas, sino del sistema general aplicado para todos.