TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXX, 1989 No. 676
N.D. El abogado y Economista Dr. Joaquín Sánchez Covisa (1915-1974) fue profesor de Economía política y derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela. Durante muchos años dirigió la revista Orientación Económica y fue asesor de la cámara de industriales, la Cámara de la Construcción, la C.A. la Electricidad de Caracas y la fundación Rojas Astudillo. En este artículo es una adaptación del aparecido con el mismo nombre en orientación económica en 1963.
Vivienda y Construcción
Por Joaquín Sánchez-Covisa
Conjuntamente con la alimentación y el vestido, la vivienda es una de las tres necesidades primordiales del hombre. No obstante, una fracción desproporcionadamente grande de la población mundial se aloja hoy todavía en habitaciones insuficientes o inadecuadas. Vive, por lo tanto, en condiciones incompatibles con una existencia digna y con la formación decorosa de un hogar. Se explica por ello que el problema de la vivienda ocupe hoy una posición central en la conciencia y en la sensibilidad del hombre contemporáneo. Pero es en cambio trágico comprobar que la solución del problema se retarde o se frustre por el predominio de mitos e ilusiones infundadas.
El primero de esos mitos es el que se manifiesta en la regulación de los alquileres, esto es, en la intervención coercitiva del Estado en el precio del uso de las viviendas. Se parte, al efecto; de dos premisas ciertas. La primera es que la vivienda es un bien de primera necesidad. La segunda es que la mayoría de la población tiene ingresos reducidos, Y se deduce, con pueril simplicidad que, reduciendo coercitivamente el precio de los alquileres, se pondrán las viviendas al alcance de las mayorías populares. Se olvida que el hecho primario es la escasa disponibilidad de viviendas en relación con el volumen y las necesidades de la población. Se ignora, en consecuencia, que los problemas reales son, por una parte, el de usar económicamente las viviendas existentes y, por otra parte, el de construir nuevas viviendas en la proporción que resulte compatible con la producción de los bienes destinados a satisfacer las restantes necesidades de la comunidad. Ahora bien, esas son justamente las funciones fundamentales que desempeña el libre mecanismo de los precios y que tienden a ser destruidas por la intervención estatal.
Desde el punto de vista de la construcción de nuevas viviendas, la fijación de alquileres inferiores a los del mercado elimina o disminuye el incentivo de la inversión en construcciones. Desplaza, en consecuencia, recursos productivos (esencialmente capital y trabajo) que se hubieran destinado a construcción de viviendas hacia actividades menos necesarias, pero no sujetas a regulación. Desde el punto de vista del uso de las viviendas existentes, la regulación supone que esas viviendas, con alquileres artificialmente reducidos, se utilizan en muchos casos en forma socialmente ineficiente.
El problema de la vivienda ha sido agravado artificialmente en casi todas las grandes ciudades del mundo por los efectos de un largo período de regulación. Se ha construido en todas ellas mucho menos de lo que corresponde a las necesidades y posibilidades reales de la colectividad. Se hace además en todas ellas un uso económico inadecuado de las casas y edificios sometidos a regulaciones antiguas. El Economist de Londres mencionaba recientemente en un Inteligente editorial, que vivimos hoy en una curiosa sociedad en la cual la proporción de familias con aparatos de televisión es mayor que la porción que tienen instalaciones tan elementales como agua caliente, lavatorio o baño. En efecto, la intervención perturbadora en los precios de mercado ha motivado que los recursos son de la comunidad no se utilicen de acuerdo con la efectiva jerarquía de sus necesidades. Los recursos productivos que hubieran sido destinados a construir vivienda para las grandes masas se han desviado hacia la producción de bienes que son menos urgentes, pero no están sometidos a regulación: utensilios secundarios de todas clases o artículos puramente suntuarios. En el campo mismo de la vivienda y de la construcción los recursos se han desplazado de la construcción de viviendas para la clase obrera y media, que han sido generalmente sometidos a una regulación más intensa, hacia la construcción de casas de lujo o edificios para fines menos urgentes que no están sometidos a ella o pueden evadiría con mayor facilidad.
En el mundo actual, como consecuencia de la regulación hay menos viviendas, las existentes son más caras y, a cambio de favorecer transitoriamente a unos pocos, se ha empeorado y constreñido la vida y la libertad de todos. EI Profesor Hayek ha observado, en una de sus obras más recientes, que el agravamiento progresivo de las condiciones de vivienda en ciudades como París, Viena o Londres permite apreciar el efecto mortal que la regulación de alquileres ha tenido sobre el conjunto de la economía e, incluso, sobre el propio carácter de la población.
La prolongada y generalizada extensión del régimen de regulación no ha revestido caracteres catastróficos para la satisfacción de las necesidades de vivienda y para el normal desarrollo de las actividades constructoras en virtud de que la libre iniciativa individual, actuando dentro de los mecanismos del mercado, ha logrado eludir parcialmente sus efectos. Lo ha logrado unas veces mediante la simple burla de los precios oficiales. Ello ha tenido la consecuencia de que ha inducido a la población a la costumbre peligrosa e inmoral de vivir en fraude de la ley. Lo ha logrado, de otro lado, de manera más eficaz sustituyendo el régimen de arrendamiento de inmuebles por la cuenta en propiedad y en especial por el sistema de propiedad horizontal. Con ello se han eludido la figura arrendataria y el alquiler y se han evadido legalmente los efectos económicos negativos que tiene la regulación para el capital invertido en la construcción.
El segundo de los grandes mitos es el que otorga un papel decisivo a la actividad del Estado en la construcción de viviendas. Está por lo demás, directamente vinculado con el primero. En el caso de la vivienda, como en tantos otros, se ha incurrido en el fenómeno común de intentar corregir las consecuencias de un error cometido a otro error no menos difícil de justificar. En vista de la escasez generalizada de viviendas y de la limitación de las actividades constructoras producida por el régimen de la regulación, se ha recurrido una vez más al instrumento que según la cómoda e irresponsable mentalidad de las personas debe resolver todos los problemas: el Estado. Se pretende que sea el estado quien afronte, con grandes programas de vivienda, el problema del alojamiento de las masas.
No debe olvidarse que es el Estado es generalmente un empresario ineficiente y costoso, tanto más cuanto mayor sea la amplitud de los programas empresariales que asuma y cuanto más reducido sea el nivel económico y educacional del país en que opera. No debe tampoco olvidarse que las construcciones del estado son las que tiene un mayor riesgo de no respondes a las necesidades efectivas de la población, por no hacerse donde se debieran haber hecho, por no tener las características que debieran haber tenido y sobre todo porque, en caso de errores y deficiencias, el costo del fracaso no recae, como en el caso de la construcción privada, sobre el patrimonio de aquellos que han empleado indebidamente los recursos productivos.
Es socialmente inaceptable desviar recursos que el estado necesita dedicar a sus fines específicos e irrenunciables para destinarlos a propósitos que pueden y son desempeñados con mayor eficiencia y menor costo, dentro de los mecanismos del mercado, por la acción de la inversión, la empresa y la demanda privada. Ocurre así que los programas estatales no resuelven el problema de la vivienda, ya que las viviendas construidas, por visibles y ostensibles que sean, constituyen una ínfima proporción de las que sería posible o necesario construir, pero en cambio el Estado disloca los mecanismos económicos y se ve privado de recursos para realizar adecuadamente los objetivos que tiene la imperiosa necesidad de acometer.
La paulatina solución del problema de la vivienda y el desarrollo continuo y ordenado de una actividad constructora solo pueden lograrse a través de un sistema de libertad y de seguridad en las inversiones inmobiliarias que orienten, en la proporción adecuada, hacia las finalidades expresadas, los ahorros de la comunidad y las energías creadoras de empresarios y trabajadores.
Todas las medidas que contribuyen al expresado objetivo son instrumentos efectivos para la solución del problema de la vivienda. Entre ellas ocupan un puesto señalado aquellas que favorezcan al ahorro, el funcionamiento de un libre mercado hipotecario y la creación de instituciones que operen efectivamente con los ahorros de la población financien, de acuerdo con las exigencias del mercado, las actividades constructoras.
Por el contrario, todo lo que sea adoptar caminos como el de la intervención coactiva en el mercado de alquileres o la construcción masiva de viviendas por el Estado, no lograra otra cosa que sacrificar el bienestar de la población y la racional solución del problema de la vivienda al poder irracional de ilusiones y mitos demagógicos.
«En todo lo que la gente puede hacer bien ella misma, el gobierno no debe interferir».
Abraham Lincoln, (1809-1865)