TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: XXV, Julio 1984 No. 562
IMPUESTOS Y DERECHOS HUMANOS
Juan F. Bendfeldt
Los impuestos han pasado a la historia como una de las principales causas de las guerras, las revoluciones y el colapso de los estados. Pero también los impuestos fueron la causa principal que motivó la protesta ciudadana que dio origen al estado de derecho y al proceso que hoy conocemos como constitucionalismo. La Carta Magna, arrancada al Príncipe Juan Sin Tierra de Inglaterra en el siglo XIII, fue producto de la inconformidad ante la excesiva y desigual carga tributaria. La Revolución de Independencia de los Estados Unidos fue provocada por la protesta de los colonos ante los nuevos impuestos que violaban un antiguo y ya muy establecido principio del derecho inglés: No a la tributación sin consulta previa. La violenta Revolución Francesa, que si bien no aportó a la historia instituciones perdurables sí aportó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a pesar de que el torbellino de las turbas demasiado pronto se convirtió en una dictadura de la democracia y redujo su valor a un simple papel, fue originada en las arbitrariedades tributarias y de aplicación de justicia que generaron el concepto de igualdad ante la ley.
La importancia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano radica, no en sus conceptos que no son originales, sino en su fuerza motivadora que prendió fuego a la mecha que hizo explotar a las colonias hispanoamericanas en sus movimientos por la independencia, al inicio del siglo XIX. Su texto constituye, especialmente hoy, motivo de admiración y estudio para quienes creemos verdaderamente en la libertad y en la democracia.Lo que hoy se ha puesto en boga bajo la designación de Derechos Humanos, no es sino el resumen de toda esta tradición constitucional en su parte declarativa al reconocer en todas las personas derechos naturales, evidentes e inalienables. Nuestra tradición constitucional ha reconocido tales derechos: a la vida, a la justicia, a la libertad y a la seguridad de la persona y de sus bienes. Para garantizarles es que se produce la constitución política del estado, es decir, su diseño como el mecanismo de protección de los Derechos Humanos. Ese es el fin para el cual se instituye el estado de derecho, más comúnmente denominado como la democracia liberal.
¿Qué función cumplen los impuestos? El mantenimiento del estado tiene un costo, por lo que se deben proveer los fondos para que pueda cumplir su función. Siendo el estado el depositario del mandato de todos los ciudadanos para que actúe en su legítima defensa, son todos los ciudadanos los llamados a aportar los recursos necesarios para cubrir los gastos del gobierno a través de un sistema fiscal que sea congruente con los Derechos Humanos y enmarcado dentro de los límites de la acción legítima del estado. De la misma manera que el estado no puede atentar contra la libertad y la propiedad de las personas, tampoco los impuestos pueden violar, en su aplicación, tales principios, ni causar una desigual aplicación de la justicia. Si los individuos no pueden robar la propiedad de otro, usurparla, o en cualquier forma menoscabarla sin que se les aplique una justa sanción que haga prevalecer el estado de derecho, tampoco el gobierno puede quitar a unos para dar a otros. Es por ello que constituyen elementos fundamentales de la justicia tributaria el que los impuestos sean neutros en cuanto a sus efectos económicos, no discriminatorios entre personas, sectores económicos o actividades productivas, y que no constituyan un medio coercitivo de transferencia de riqueza.
En nuestros tiempos hemos visto surgir el término de Justicia Social impulsado por aquellos que reclaman para sí el apelativo de democráticos, quienes además dicen ser ardientes defensores de los Derechos Humanos. Para implantar la Justicia Social han propuesto la re-distribución de la riqueza por medio de la acción del Estado utilizando los impuestos directos, pero sobre todo el impuesto progresivo sobre la renta.
El término Justicia Social refleja la agitada corriente de nuestros tiempos y sirve como bandera para los políticos y planificadores que tratan de ganar votos para alcanzar el poder.
Aplicada, la Justicia Social es el juego por el cual se «roba al minoritario de Pedro para ayudar al mayoritario de Pablo», con la pretensión de reducir sus diferencias económicas o sociales.
¿Por qué se persigue la igualdad social o, más exactamente, por qué se tratan de destruir las desigualdades que existen entre las personas? Desde el punto de vista económico, la respuesta es que se tratan de destruir las desigualdades económicas porque se cree, equivocadamente, que la riqueza de unos es la causa de la pobreza de otros, de manera que cuando ya no haya ricos tampoco habrá pobres.
En el aspecto jurídico, la búsqueda de la igualdad social conduce a la desigualdad ante la ley o a la negación del derecho, ya que en un régimen basado en el respeto a los Derechos Humanos, las diferencias sociales surgen del hecho de que seres diferentes en aptitudes, en deseos, y en valores, al disfrutar de los mismos derechos fundamentales, lograrán resultados distintos unos de otros. El intento de lograr la igualdad social sólo puede realizarse si a unos se les reconocen derechos que arbitrariamente se les niegan a otros.
El concepto de la justicia social se origina en el hecho de no admitir que hay desigualdades naturales diferencias y desigualdades artificiales creadas deliberadamente. Es decir, se piensa que todas las desigualdades son creadas deliberadamente o que no hay desigualdades naturales dentro de la sociedad. Esta visión de un mundo inicuo reclama justicia y ha servido como base para toda una teoría equivocada cuyo fundamento es el conflicto de la explotación de unos por otros.
De esto último se sigue que el problema de la justicia social sólo surge, como problema, dentro del contexto del análisis Marxista del desarrollo histórico de la sociedad y de la realidad misma.
Pero no es el hecho de que la Justicia Social siga los lineamientos del pensamiento de Marx lo que la condena, sino que, lo que atrae mi censura es el hecho de que la justicia queda destruida, y con ello, los Derechos Humanos.
Cuando Marx y Engels en el «Manifiesto Comunista» recomendaban «un fuerte impuesto a los ingresos y rentas progresivo o gradual» y la «abolición de todos los derechos de herencia» como medidas «para arrebatar, gradualmente, todo el capital a la burguesía», se mantenían fieles a sus principios desde el punto de vista del fin último que perseguían. Es decir, la sustitución de un régimen de derecho por el socialismo.
Pero es algo completamente diferente cuando estas medidas, que Marx y Engels calificaban de «insostenibles económicamente», son recomendadas desde los púlpitos, en las aulas y hasta en la prensa, por gente que pretende querer preservar la democracia liberal, la que, en términos políticos, es lo mismo que significa en términos económicos la economía social de mercado. Estos políticos de posición intermedia, al estilo propio, son, o unos hipócritas que quieren imponer el socialismo engañando a la gente sobre sus intenciones verdaderas, o unos ingenuos que no saben de lo que están hablando pues los impuestos progresivos sobre los ingresos y las propiedades son incompatibles con la preservación de la justicia y la libertad, piedras angulares de la democracia.
Gobierno Justo y Estable
Si cada hombre tiene el derecho de defender, aun por la fuerza, su persona, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el Derecho de concertarse, de entenderse, de organizar una fuerza común para encargarse regularmente de aquella defensa.
El derecho colectivo, tiene pues, su principio, su razón de ser, su legitimidad, en el derecho individual; y la fuerza común, racionalmente, no puede tener otra finalidad, otra misión, que la que corresponde a las fuerzas aisladas a las cuales substituye.
Si existiera un pueblo constituido sobre esa base, me parece que ahí prevalecería el orden, tanto en los hechos como en las ideas. Me parece que tal pueblo tendría el gobierno más simple, más económico, menos pesado, el que menos se haría sentir, con menos responsabilidades, el más justo, y por consiguiente el más perdurable que pueda imaginarse, cualquiera que fuera, por otra parte, su forma política.