TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXV, Marzo 1984 No. 554

N. D. El presente artículo es la reproducción de la intervención del Arquitecto Ronald Dent. Presidente de la Cámara de Comercio en el Simposio «CHIXOY, un caso de estudio, que organizó la Asociación de Gerentes el pasado 29 de Febrero.

La Electrificación Estatal

Incidencia en el Sector Productivo

Ronald Dent

Hace un análisis de la obra pública, encontramos que esta se encuentra dirigida a todas aquellas áreas que el Estado se adjudica por vías «legales» u otros procedimientos y se convierte en monopolista.

En Guatemala, como en otros países, la intromisión del Gobierno se caracteriza por manejar variadas actividades económicas tales como: la generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, comercialización de productos agrícolas, banca, producción de leche, construcción de viviendas, suministro de agua potable y transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Para asumir tal monopolio, el Estado se ha justificado en sofismas como los siguientes:

a) Es de beneficio público;

b) Es estratégico para el desarrollo del país o tiene relación con la seguridad nacional;

c) No hay capacidad en el sector privado para proporcionar tales servicios por limitaciones de capital o no le es atractivo por expectativas de baja rentabilidad;

d) Es conveniente que el Estado actúe en forma complementaria al sector privado;

e) Es deber del Estado proteger a los sectores marginados.

Es por «razones» como las expuestas por las que se consiente y se justifica la intromisión del Estado en tantas actividades como éste lo desee. No obstante, además de ser falsas, su resultado ha sido contraproducente como la experiencia lo ha demostrado, ya que el costo social de tales intervenciones es tan alto que económicamente daña a toda la población. Además, ha constituido un factor importante de corrupción

.

Asimismo, esta situación convierte a las empresas estatales y entidades encargadas de programas específicos en poderosos leviatanes que todos los días demuestran su ineficiencia y su alto costo así como el derroche de capital que en ellas se realiza. Ilustración de esta nefasta participación del Estado es la que nos ocupa este día, EL INDE.

La ineficiencia de la entidad generadora de energía se observa en todos los campos. Guatemala paga la tarifa más alta de energía en el mundo. No se genera la energía necesaria para la que fueron diseñadas y construidas las respectivas plantas y sus costos de funcionamiento son mayores comparativamente con los de empresas similares del sector privado. Por ejemplo, el INDE requiere de más personas por KW producido que cuando era administrada por el sector privado.

En común tienen las empresas estatales la desventaja de que las decisiones de administración se ven fuertemente influidas por aspectos de carácter político y no necesariamente sobre las bases de eficiencia económica. Además el burócrata que tiene a su cargo las decisiones no arriesga su patrimonio como lo hace un empresario, por lo que no tiene mayor responsabilidad y el resultado de sus decisiones no le afecta mayor cosa. Esto conduce a la conocida irresponsabilidad, tan familiar para todos nosotros, característica de las empresas gubernamentales.

Todos los proyectos han resultado inexplicablemente más costosos y han comprometido al pueblo de Guatemala y a sus descendientes por varias décadas para pagar una deuda pública muy alta, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es importante señalar que el INDE es responsable de aproximadamente el 50% de la deuda pública externa.

En cuanto al resultado de la falta de eficiencia en la utilización de recursos, la respuesta es simplemente un aumento de tarifas. Lógicamente, el aumento desmedido en las tarifas tiene incidencia directa en el sector productivo y como consecuencia en el consumidor.

Es así que podemos deducir que la ineficiencia del monopolio gubernamental en el suministro de energía eléctrica se traduce en consecuencias nocivas para el país como las siguientes:

1) Que debido al impacto del costo en la producción industrial las empresas en general se encuentran en situación de desventaja competitiva en relación a las de Centro América. La ineficiencia en la producción de energía se traslada a las empresas al incrementarles su; costos, restringiéndoles su capacidad de competir al encarecer artificialmente sus productos y reducir sus ventas y en algunos casos, se dejan por esta razón de producir ciertos artículos.

2) El alto costo de energía eléctrica no sólo afecta a la producción sino también a la comercialización.

Muchos productos agrícolas no se pueden almacenar para su conservación por el alto costo que esto conlleva. Esto limita e impide la disposición de productos agrícolas en diferentes épocas a las que se producen, por lo que siguen siendo «estacionales». En otros se inhibe su producción por el mismo hecho y perjudica también a la exportación de éstos lo que obstaculiza un mayor desarrollo agrícola evitando al minifundista su progreso.

3) El Comercio es el segundo consumidor, tanto en número de usuarios como en cantidad de KW. Se puede deducir que la incidencia de la energía en los costos de comercialización es considerable y como es lógico son transmitidos al consumidor. Los productos serán más caros, se reduce el nivel de vida de la población y el efecto en los costos y precios distorsionan el mercado al desviar recursos y sacrificar, además, la capitalización, el bienestar, la educación y otra serie de aspectos tan importantes como lo es la inversión, reinversión y la creación de fuentes de empleo.

4) El alto costo de los proyectos con el también alto requerimiento de moneda extranjera se reflejan en efectos tan negativos como es la restricción que enfrenta el sector productivo en relación a la disponibilidad de los recursos para la importación de bienes para la producción y que son destinados a la satisfacción de necesidades. La utilización de estos recursos por las Entidades estatales conlleva a la reducción del crecimiento real del país y se traduce en menos fuentes de empleo, menores salarios reales, y lo que es más perjudicial: la enervación, cuando no la asfixia y paralización de diferentes actividades productivas, así como la escasez de productos e incremento en los precios.

Es importante enfatizar que la moneda extranjera con que cuenta el país es generada por el sector privado, por lo que cualquier cantidad que estas entidades utilizan le son sustraídas sacrificando aspectos como los antes señalados.

El caso de Chixoy es crítico en este sentido, ya que como se señaló, representa un alto porcentaje de la deuda pública externa y además, su alto costo actual de construcción contribuye a empobrecer aún más a todos los habitantes de este país en términos reales. Esto sin hacer mención de los recientes problemas que han sido políticamente señalados y comentados por la prensa.

Se ha dicho que la generación de energía por Chixoy ahorrará divisas por concepto de importación de Petróleo por aproximadamente 72 millones de dólares al año. Sin embargo, nadie ha dicho cuál será el coste definitivo del financiamiento por concepto de intereses, ni cómo se servirá esa deuda. Me pregunto si en realidad el saldo neto será un ahorro de esa moneda extranjera, o, por el contrario, un costo adicional.

De lo anterior se desprende, pues, que entidades como ésta frenan nuestro crecimiento y damnifican al país y a sus habitantes. Para agravar la situación, el Estado aumenta las cargas fiscales o hace uso de la emisión inorgánica, para, por una parte, subsidiar su funcionamiento y por otra, pagar las cuantiosas deudas en que incurren.

Aquí cabe recordar y preguntarse:

a) ¿Son válidas aquellas premisas a las que me referí al inicio de mis comentarios y las cuales el Estado utiliza como pretexto para introducirse en actividades que no le son atinentes?

b) ¿Es realmente de beneficio público que se realicen obras con un costo tres veces mayor al de su contratación, que aumentan el costo de los productos y reducen el nivel de vida real del guatemalteco?

c) ¿No sería más estratégico que los escasos recursos del Estado, pagados por los guatemaltecos, con impuestos, se inviertan en asuntos de su competencia y que el riesgo de esas obras fuera asumido por los que tienen capital y experiencia para producir eficientemente?

La capacidad para emprender una obra está íntimamente relacionada con la rentabilidad del proyecto o negocio y no en su monto. La seguridad es necesaria para la inversión. La empresa privada es capaz de emprender cualquier obra y de cualquier envergadura. Además, ¿No ha demostrado el sector privado ser más eficiente? Entonces, si se crean las condiciones propicias, es posible obtener los recursos y capital, sean estos del país o del extranjero.

Es importante hacer notar que estas obras hubieran costado menos, hubieran sido mejor programadas y su prioridad mejor establecida si el riesgo era la quiebra, riesgo que desgraciadamente los gobiernos se resisten a comprender que exista porque para subsidiar déficits permanentes sacrifican también en forma permanente los recursos de los habitantes. Por otra parte, las empresas estatales por el hecho de ser monopolios, para cubrir el exceso de gastos en relación a sus ingresos, pues simplemente aumentan tarifas.

Es, pues, necesario para sanear la economía que el Estado se inhiba de inmiscuirse en campos que le son ajenos y que el sector empresarial maneja con mayor capacidad, eficacia y habilidad. Los negocios son responsabilidad del sector privado. La seguridad, por ejemplo, es responsabilidad del Gobierno. El común denominador debe ser la eficiencia. Nosotros los empresarios somos eficientes en lo que nos corresponde.

Además el Estado protegería mejor a los habitantes si evitara el desperdicio de recursos y, mediante la creación de condiciones propicias para la generación de empleo, mejores salarios y bienestar general, permitiera el crecimiento económico real del país.

Es mi firme creencia, e insisto en que, las consecuencias de la obra pública se traducen en una reducción real del nivel de vida de la población y en reducción de la capacidad productiva.

Como solución, pues, tenemos la responsabilidad y el deber de convencer al Gobierno de que estas actividades sean trasladadas al sector privado. Que exista libertad y seguridad para la inversión privada, condición imprescindible para que la inversión se produzca.

Podemos asegurar con toda confianza, que la efectividad de su desarrollo la tendremos a un costo social mucho menor, en beneficio de la economía del país.