TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: III, Octubre 1962 No. ,47

Nota del Editor: Este importantísimo artículo aparecido en El gran diario de Buenos aires, La Prensa, a fines de febrero de 1962, puede explicar la crisis política recientemente acaecida en Argentina con motivo de la crisis institucional que el distinguido economista argentino Alberto Benegas Lynch refiere en su artículo.

La Crisis Institucional Argentina

Por: Alberto Benegas Lynch

El programa del gobierno actual aparentemente ha variado a través del tiempo. El presidente, durante la campaña previa a las elecciones de febrero de 1958, en sus discursos y declaraciones públicas hizo gala de su posición izquierdista que, por otra parte, era concordante con sus antecedentes.

Algunos de los primeros pasos del mandatario merecen ser recordados hoy. Inició su actividad decretando un aumento compulsivo del sesenta por ciento de las remuneraciones de empleados y obreros, públicos y privados. Este acto, violatorio del derecho de propiedad y de la libertad de contratar, influyó poderosamente en aquellos momentos en la aceleración del ritmo de la inflación monetaria. Para la financiación de los referidos aumentos fueron expandidos considerablemente el crédito bancario y la circulación monetaria, ambos dirigidos por el gobierno. Como sucede siempre en esos casos, la consiguiente elevación de precios que encareció el costo de la vida anuló el previo aumento de remuneraciones que había encarecido los costos de producción. La secuela de todos los efectos perniciosos conocidos, que la inflación monetaria siempre produce, se hizo sentir en alto grado.

El gran cambio

En medio de tremendas y crecientes dificultades de todo orden, que el país soportaba y aún soporta, como consecuencia, principalmente, de los propios actos del gobierno, se produce el discurso presidencial de diciembre de 1958.

En aquel discurso se anuncia una nueva política. Se reconoce la fecundidad creadora de la iniciativa individual y se fustiga el intervencionismo estatal. Sin embargo, se incluye en el texto del mentado discurso la expresión, muchas veces repetida por el presidente, acerca de la supuesta conveniencia de que en el país existe una central obrera única y poderosa. Lo cual ha sido interpretado, con razón, según los hechos lo demuestran, como indicio de que el gobierno considera conveniente la existencia de una estructura legal contraria al intercambio libre, por parte de los interesados, de su propia fuerza de trabajo. Esa legislación acumula privilegios a favor de cierto tipo de actividad sindical y hace posible, para la determinación de las condiciones de trabajo, el uso impune de la coacción y aun de cierta dosis de violencia. La referida estructura legal existente en la actualidad instituye la representación compulsiva en el campo gremial y coarta las libertades de trabajar, contratar y asociarse con fines lícitos. Es decir, el gobierno defiende y mantiene así una legislación compulsiva que constituye una negación de la auténtica economía de mercado, en perjuicio de los consumidores puesto que los consumidores y el sector obrero en primer término resultan siempre beneficiados con la economía de mercado, cuando ella es auténtica.

La gestión del primer ministro de economía

El intérprete máximo del anunciado gran cambio, primer ministro de economía de la nueva política proclamada, puso énfasis en su confianza en el sistema de libre empresa. Justificadamente, eliminó subsidios y algunos otros controles estatales. Prometió reducir gastos públicos y equilibrar el presupuesto. No siempre los hechos habrían de corresponder a las promesas.

Debe reconocerse, empero, que, el primer ministro de economía de esta nueva política económica, tiene el mérito de haber contribuido a destruir el prejuicio de que la soberanía nacional necesariamente sufre cuando son utilizados capital y experiencia extranjeros en la explotación del petróleo. Prejuicio éste que arraigó en el país con la colaboración, digna de mejor causa, del propio actual presidente de la Nación. Pero la concepción de conjunto de la referida nueva política, llamada por sus sostenedores sistema de libre empresa, no tiene nada que ver con el orden institucional elaborado por la moderna escuela de pensamiento liberal.

Para identificar al sistema por él preconizado, el primer ministro de economía de la nueva política reiteradamente se ha referido a una especie de economía social de mercado. Según explica en sus discursos, de acuerdo con su concepción, tendría fe en la economía libre para multiplicar la producción, pero no tanta confianza en ella como para lograr una equitativa distribución de la riqueza (sic): se manifiesta partidario del proteccionismo, con lo que acentúa el carácter sui géneris de su llamada economía libre; no parecen preocuparle, ni la liberticida ley de asociaciones profesionales y otras que también destruyen la libertad en el mercado de mano de obra, ni la legislación actual en materia monetaria y bancaria, que hace imposible la existencia de una moneda sana e independiente. Todo lo cual significa dirigismo. Aunque, por efecto de esta nueva política, el intervencionismo estatal se haya atenuado con relación a momentos de estatismo más agudo, haciéndose sentir éste ahora con menor intensidad, parcialmente y en forma circunstancial, en ciertos sectores de la economía.

Estabilización y desarrollo

Estabilización y desarrollo constituyen el signo que sintetiza el propósito de la nueva política. Son ingredientes obligados de los principales discursos de los funcionarios públicos. Las sucesivas crisis en el gobierno, que determinaron cambios en los titúlares de los ministerios, no parecen haber alterado ese propósito, que arranca con el ya mencionado discurso presidencial de diciembre de 1958.

Veamos en qué consiste esa estabilización y ese desarrollo. La estabilización está referida principalmente al esfuerzo por mantener la cotización del dólar. ¿Cómo se ha mantenido estable la cotización del dólar contra el peso? Pues privando al país de muchas de sus importaciones, utilizando recursos del Fondo Monetario Internacional y vendiendo dólares poseídos por el Banco Central, cada vez que éste lo consideraba necesario. El dólar se ha mantenido así alrededor de los ochenta pesos en un mercado de cambios al que se llama libre pero que, en verdad, está distorsionado por recargos, retenciones y otros controles. El equilibrio de balance de pagos, que se busca con las medidas intervencionistas aplicadas, no se ha logrado. Y, a este respecto, cabe hacer notar que, en una auténtica economía de mercado, con todas sus instituciones plenamente vigentes, no puede existir desequilibrio en el balance de pagos.

La estabilización, además, está referida también al orden interno. Esta se basa en la eliminación de los déficit fiscales, que tampoco se ha logrado. El costo de la vida ha seguido subiendo con oscilante ritmo, por efecto también del desequilibrio de los presupuestos públicos, en la medida en que el déficit ha incrementado la inflación monetaria.

En resumen, es lógico suponer que la estabilización, fundamentalmente, debe consistir en frenar la inflación monetaria. Esta que no es otra cosa que falsificación de moneda por parte del gobierno- ha continuado, no obstante, con variado ritmo. Ha influído poderosamente en el desequilibrio del balance de pagos y, desde luego en el encarecimiento de la vida. Paralelamente, la deuda pública ha crecido en proporciones considerables.

Por otra parte, la nueva política no ha contemplado ninguna reforma de fondo del sistema monetario y bancario vigente. Este en su conjunto, responde a una concepción de crudo dirigismo estatal. No ha habido el menor intento de llegar a que el país tenga una verdadera moneda: sana, independiente y auténticamente convertible, basada en el patrón oro.

Dirigismo estatal

En cuanto al desarrollo económico, el concepto que se tiene de él en las esferas de gobierno también está impregnada del más crudo dirigismo estatal, a juzgar por los discursos y realizaciones oficiales. Son el presidente de la nación y sus colaboradores quienes les dicen al país y al mundo, anticipadamente, cuál será la dirección en la que habrá de desarrollarse la economía nacional. Este desarrollo tiene lugar por efecto de la compulsión del Estado, que se manifiesta en autorizaciones (conferidas a unos y negadas a otros), prohibiciones y órdenes gubernamentales. Todo ello, por supuesto, a espaldas de la voluntad del mercado, único mecanismo que, cuando es libre, traduce los deseos y preferencias de los consumidores.

En otras palabras, en el régimen actual, el capital y el trabajo disponibles factores de producción siempre escasos- se destinan por efecto de la compulsión estatal a producir bienes y servicios que no son los reclamados más urgentemente por los consumidores. Se produce lo que los burócratas mandan y no lo que el mercado quiere. Es decir, se consume la calidad y cantidad de cosas y servicios que resuelve el gobierno y no lo que prefieren los consumidores, o sea el pueblo. Resulta así que el país tiene muchas industrias desarrolladas mediante prohibiciones, autorizaciones y órdenes gubernamentales, mientras se carece en él de bienes que los consumidores estiman más necesarios. Se les obliga a éstos a consumir cosas de producción local, que podrían obtenerse mejores y más baratas en el extranjero, de no mediar las trabas existentes para el intercambio.

Se comprometen así capital y trabajo para tales finalidades, restando dichos factores a la producción de bienes y servicios más necesarios a juicio de los consumidores. Las preferencias de éstos no son tenidos en cuenta. Para ilustrar el punto, basta mencionar un ejemplo, entre muchos otros que podrían citarse: el caso de la producción local de tractores, frente a la crisis de la vivienda (por cierto agravada esta última por la llamada ley de alquileres).

Crisis institucional

Esta breve reseña, referida a algunos aspectos de la política del actual gobierno de la Nación, tiende a poner de manifiesto cuál es la naturaleza, a nuestro juicio, de la crisis que el país sufre. La hipertrofia gubernamental es una de sus importantes manifestaciones y ella determina, no sólo una pesada carga para los contribuyentes que ya les resulta insoportable- sino, lo que es peor, produce graves consecuencia en cuanto a las excesivas facultades y atribuciones que el estado se toma, en perjuicio de la autodeterminación individual inherente a los ciudadanos libres.

La referida hipertrofia del gobierno es efecto de una honda crisis institucional, provocada por un creciente intervencionismo del Estado, alimentado por el auge de ideas colectivistas. Estas últimas han determinado el debilitamiento de la acción de gobierno precisamente donde ella debe hacerse sentir con la intensidad necesaria para el debido cumplimiento de los fines específicos del gobierno consistente éstos fundamentalmente, en la efectiva protección de la vida, la propiedad y la libertad creadora de los ciudadanos.

La crisis institucional que el país padece, predisponiéndolo al comunismo totalitario, en síntesis, se caracteriza por la falta de una efectiva limitación de los poderes del gobierno; por insuficientes garantías para la propiedad privada; por el incumplimiento por parte del gobierno de sus funciones específicas y por la ausencia de libertad para el intercambio de las fuerzas del trabajo y de frutos.

Las instituciones libres hoy vulneradas en nuestro país por el avance colectivista y por la inadmisible legislación existente fueron en su hora los pilares en que se apoyaron el crecimiento y la marcha progresista de la nación Argentina. Con legítimo orgullo los argentinos exhibieron antaño la pujanza de un pueblo que iba adquiriendo una posición cada vez más destacada entre los demás pueblos civilizados de la tierra. Aquellas instituciones libres, fruto de la sangre y el sufrimiento argentinos, se inspiraron en el pensamiento luminoso de nuestros próceres. Mayo primero y la organización nacional después, concretada esta última en las constituciones de 1853 y 1860, consagraron principios liberales e individualistas, por reacción contra las concepciones mercantilistas y totalitarias que prevalecieron con anterioridad.

Mientras tuvieron vigencia en el país las instituciones libres que nos legaron los próceres que nos dieron patria, el progreso fue constante. Posteriormente, ideas colectivistas y tendencias demagógicas, se encargaron de destruir esas instituciones libres y de estancar el auténtico desarrollo argentino. Esa política comunizante y demagógica tuvo su mayor auge durante la segunda tiranía. Durante esa época, en muchas actividades fue reemplazada la propiedad privada por la propiedad colectiva de los medios de producción. Fue perseguido y hostilizado el capital privado, al que después se trataría de traer nuevamente. Ferrocarriles y otros transportes, así como la energía, son casos elocuentes de lo ocurrido a este respecto. Hoy nos encontramos frente al resurgimiento de aquella misma política, negada en las palabras pero confirmada en los hechos.

En resumen, la crisis argentina, que en la nueva jerga se la denomina subdesarrollo, es la consecuencia del abandono de la tradición argentina, liberal e individualista; y no se debe, como se pretende, a la riqueza de otros pueblos, que lograron su enriquecimiento y poderío con esos mismos principios liberales e individualistas. La crisis del país no se solucionará con paliativos. Sólo podrá resolverse poniendo en sus carriles a la función de gobierno, mediante la plena vigencia de las instituciones libres.