TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XVII, Julio 1976 No. 370

La Inversión Extranjera en el Nuevo Tratado Marco

Esteban A. Ferrer

El proyecto de Tratado Marco que ha desarrollado la Comisión de Alto Nivel designada por los gobiernos de los cinco países del Mercado Común Centroamericano plantea ahora a la región una decisión que requiere profundo análisis. Bajo el antiguo tratado, el sistema se proponía solamente establecer la reglamentación para un libre tráfico de mercaderías, bienes, personas y dineros entre los cinco países. Bajo el nuevo enfoque que se le ha dado al Tratado Marco, se propone armonizar las políticas sociales, monetarias, comerciales, de desarrollo, agrícolas, educacionales… en fin, constituir una unidad política supranacional que incluso sustrae parte de su soberanía a cada nación para entregársela a los organismos comunes de dirección. La. constitución de un tribunal de jurisdicción sobre las cinco naciones en materias relativas al tratado evidencia una modalidad de avance en materia de tratados internacionales, puesto que cancela de hecho el concepto de la «eminente soberanía y dominio», que bajo el nombre de la «doctrina Calvo», han defendido con tesón las naciones de América Latina

Sin embargo, dentro de un concepto de unidad como lo es el proyecto del Tratado Centroamericano, hay elementos que distan de ser de progreso y más bien parecen de retrogreso. Me refiero a las normas generales planteadas en el documento con referencia al capital y a la tecnología que proceden del exterior del área. De entrada el tratado proyectado concede y aún más, exige a la Comisión del Tratado, la adopción dentro de los primeros seis meses, de una reglamentación para el tratamiento del capital extranjero. Teniendo en cuenta que la Comisión no es más que un organismo tecnocrático inamovible por cinco años, deja mucho que desear esta delegación. El artículo 257 del proyecto define las normas a adoptar con referencia a: (a) la exclusión del capital extranjero de ciertos sectores de la inversión; (b) el traspaso de empresas extranjeras a manos nacionales; (c) la prohibición de vender empresas nacionales a extranjeros, y cualesquiera otras reglamentaciones que garanticen una política (sin definición). Ya en el sector de «Industrias básicas» se anota una exclusión a los capitales extranjeros, sin saberse lo que es una industria básica, que en otros países han llegado a ser cualquier cosa que se le ocurra al gobierno de turno.

En los artículos 260 a 263 del proyecto se conceden amplios poderes de nuevo a la Comisión para controlar la «comercialización de la tecnología». Aparte de ignorarse que la tecnología no es mercadería normal y corriente, esto en buen romance no es más que la creación de otra burocracia para registrar y desaprobar en su caso la libre contratación de asistencia técnica y traspaso de conocimientos desde el exterior. Ya se le da nombre al nuevo organismo en el artículo 262 del proyecto.

De modo que parece que lo que se plantea en el nuevo proyecto no es ni más ni menos que una repetición de la Decisión 24 del Mercado Andino. El hecho de conceder a un grupo de funcionarios públicos, por muy sabios que sean la grave responsabilidad de intervenir como jueces en la inversión extranjera, ya se ha probado que no funciona y que frustra los mismos propósitos de regulación que la idea persigue. En América Latina las grandes experimentaciones de esta materia se han llevado a cabo en México, en Argentina y en el Area Andina. En México, gracias a la estabilidad política y fuerte moneda, las inversiones extranjeras no han decrecido bajo los nuevos regímenes legales restrictivos. Pero tampoco han seguido aumentando. Así, durante los dos últimos años, la corriente de capitales extranjeros ha mantenido un flujo de unos trescientos millones de dólares anuales, cifra insignificante con el potencial de un país que logra atraer préstamos del exterior en un monto que ya llega a los 20 mil millones de dólares.

En Argentina, la promulgación de la ley sobre la materia por el pasado gobierno peronista tuvo como resultado un cese total de inversiones extranjeras. De las ya radicadas en el país, ni una empresa se acogió al nuevo régimen, aún a riesgo de pagar impuestos exorbitantes. El presente Gobierno ya ha anunciado la próxima derogación del régimen de capitales extranjeros.

En el área andina, pese a las muy buenas razones expresadas por los técnicos responsables de la creación del estatuto de la Decisión 24, y de la buena fe que siempre hay que presumir, la realidad es que los capitales extranjeros han sido ahuyentados más allá de lo conveniente. Tomando como base un ritmo de aumento anual de inversiones extranjeras de un 29.2%, base 1973, vemos que en 1973, el aumento experimentado por Perú no llegó a sobrepasar el 4.3%. En Venezuela, en donde el aumento anual era de un 21.4% en 1973, éste bajó al 4% en 1974, una vez en vigor la Decisión 24 en el país. En Colombia, en 1974, el ritmo de aumento fue de sólo un 8%. Mientras tanto en Brasil, sin regulaciones de este tipo, el ritmo de aumento fue de un 50% anual entre 1971 y 1974. Sin comentario sobre a dónde han ido los inversionistas.

El caso de Chile también es de notar. Mientras que hasta 1974, entre la Decisión 24 y la naturaleza expropiante del gobierno de la Unidad Popular, el capital foráneo marcó apresurada fuga, al implantar el actual gobierno el Decreto 600 para garantizar estabilidad al capital extranjero que no quiere utilizar el mercomún andino y por tanto al no exigírsele a los extranjeros las restricciones, ventas y limitaciones de otros países, el flujo de inversión extranjera ha aumentado tanto, que entre Octubre de 1975 y fines de 1977, hay programados unos 1,200 millones de dólares en inversiones de afuera directas.

Todas estas experiencias están documentadas con mucha mayor precisión que el posible en el ámbito de este modesto artículo, en el SURVEY OF CURRENT BUSINESS del Departamento de Comercio de los EE.UU., sólo en cuanto a las inversiones de ese país. Sin embargo, con las proporciones aquí mencionadas queda evidenciado que no ha rendido los frutos esperados la reglamentación andina en sus siete años de historia y que los regímenes de restricción al capitalista de afuera, no sólo dejan de beneficiar al empresario nacional, sino que reducen notablemente la contribución que el capital y la tecnología extranjera pueden traer a un área determinada. De ahí que recientemente muchos grupos empresariales en las naciones andinas e incluso los más altos personeros de la Comisión de Cartagena hayan expresado la necesidad de una modificación al régimen de la Decisión 24.

Por todo ello la introducción en el proyecto de tratado centroamericano de un sistema de control, que no parece tener justificación, y ha demostrado que no ha tenido vialidad, llama poderosamente la atención. En un área que tanto ha beneficiado su desarrollo con la contribución del exterior, es contradictorio que se arremeta contra esa contribución futura y presente de los extranjeros con tanta decisión y entusiasmo. Máxime cuando entre los organismos reguladores no se le concede papel alguno a los supuestos beneficiados, que serían en todo caso, los empresarios centroamericanos.

Si la decisión centroamericana es que no haya capital extranjero en determinados sectores, debe de así expresarse de entrada, sin dejar tanto margen de arbitrio a los técnicos, que por ser buenos técnicos usualmente no son buenos empresarios. O en todo caso dejar a cada nación el establecer reglamentaciones basadas en la prohibición de conceder determinados incentivos que puedan constituir una competencia indebida por la procura de inversiones. O al menos dejar que sean los empresarios centroamericanos los que en cada caso decidan cuál control o cuál incentivo aplicar, ya que en definitiva se supone que esta protección es para ellos. Pero echar a un lado la experiencia de tantos años en hermanas repúblicas para cometer los mismos errores y retrasar el progreso, realmente amerita un poco más de estudio.