TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: IX, Diciembre 1968 No. 188

La Vida y la Muerte del Estado Benevolente

Henry Hazlitt

CAPÍTULO 1

UTOPÍA AL INSTANTE

En el mundo occidental la mayor parte de las generaciones viejas y mucha de la nueva están sorprendidas ante el nihilismo de la autodenominada nueva generación y sus demandas para reformas inaccesibles o para la simple destrucción de lo que ya está establecido.

Pero este cinismo, nihilismo, y revolución de la «juventud» e inclusive de algunos de sus padres, son resultado de una causa común. En la última generación, los gobiernos y los políticos han estado prometiendo a los votantes que no sólo lograrán empleo pleno, perpetuo, prosperidad, y «desarrollo económico», sino que también resolverán el tan antiguo problema de la pobreza de la noche a la mañana. El resultado fatal no es simplemente que se quedan cortos en el logro de tales promesas, sino que el intento de cumplir esas promesas ha traído un aumento enorme en gastos estatales, un aumento enorme en las cargas impositivas, déficits fiscales crónicos, inflación crónica y la constante pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y de los ahorros de la gente. La búsqueda de «Seguridad Social» ha resultado en una terrible inseguridad social.

Otro resultado de la promesa de Utopía al Instante ha sido el crecimiento gigantesco del poder del gobierno de la interferencia estatal en los detalles de la vida privada y negocios de todos. A medida que este poder ha aumentado, ha sido asimismo concentrado en cada vez menor número de personas. En los Estados Unidos de Norte América, que fue ejemplo del federalismo y de descentralización, las ciudades y los estados constantemente han perdido autonomía ante el gobierno federal, el congreso y el presidente.

Una marca distintiva del estado benevolente en todas partes ha sido la concentración del poder en las manos de una sola persona. Esto no es una coincidencia desafortunada; es inevitable. Hace 35 años el economista suizo Gustav Cassel explicó en una conferencia profética, como la «economía planificada», si evolucionaba lo suficiente, desembocará en despotismo:

«La dirección por parte del Estado en los asuntos económicos que pretenden los que abogan por una Economía Planificada, como hemos visto, necesariamente obliga a una masiva interferencia estatal de naturaleza acumulativa. Lo arbitrario, los errores, y las inevitables contradicciones de tal política, como lo demuestra la experiencia diaria, fomentan la demanda para una coordinación más racional de las diferentes medidas, y por lo tanto, por un liderato unificado. Por esta razón la Economía Planificada siempre desembocará en una dictadura».

Los próximos capítulos explican en detalle la ideología y los métodos atrás de esta tendencia inflacionaria y de engrandecimiento del poder estatal, las condiciones hacia las cuales nos llevan, y finalmente las soluciones que deben aplicarse si esta siniestra amenaza ha de ser evitada.

CAPÍTULO II

La Salvación Mediante Gasto Gubernamental

Durante la Gran Depresión de la década treinta, estuvo de moda la teoría de que la causa de las depresiones era falta de poder adquisitivo. La gente simplemente no tenía suficiente dinero, y debido a un pesimismo injustificado rehusaba gastar suficiente aunque lo tuviera. La solución era, por lo tanto, sencilla: En tales circunstancias el gobierno debería aumentar osadamente su propio gasto, «cebar la bomba», y «poner nuevamente en marcha las cosas».

Ingenuos proponentes de esta teoría suponían que un mayor gasto gubernamental era toda la respuesta al problema. Sus más sofisticados proponentes se dieron cuenta de que si el gobierno financiaba el aumento de su gasto mediante el aumento de impuestos, el poder adquisitivo de la gente no aumentaría. Lo que correspondía hacer entonces, era aumentar el gasto sin aumentar impuestos. El truco, en otras palabras, consistía en deliberadamente desbalancear el presupuesto: en trabajar con déficit.

La mayoría de los campeones de la política de déficits incluyendo al gran John Maynard Keynes mismo, el principal arquitecto de esa política del día, por lo menos, en público, profesaba creer que el déficit requerido podría ser financiado mediante la venta de bonos directamente al público a sacrificio de los ahorros. Pero nuevamente, los más sofisticados proponentes de esta teoría se han de haber dado cuenta que el hombre que compra un bono de $1,000 sacrificando sus ahorros, entrega equivalente poder adquisitivo al gobierno durante la vida del bono. En pocas palabras, él pierde igual cantidad de poder adquisitivo al que el gobierno gana. En el balance final, no se ha creado nuevo poder adquisitivo.

¿Cómo, entonces, puede el gobierno «crear» más poder adquisitivo? Únicamente lo puede hacer si «vende» sus bonos al sistema bancario, y si los bancos «pagan» por ellos creando cuentas de depósito en sus libros a favor del gobierno (respaldados por los bonos). Esto conduce a un aumento de la cantidad de dinero,esto es, un aumento ya sea de la cantidad de circulante o de depósitos bancarios.

Si los nuevos bonos del gobierno son comprados directamente por bancos del sistema, la tendencia es para que el aumento de dinero sea en cantidad igual a la suma de los nuevos bonos. Pero si los bonos del Estado llegan a manos de la Banca Central, son utilizados para crear lo que se llama «dinero de alta potencia» . Esto conduce a la creación aproximadamente $6 de nuevo dinero por cada dólar de un bono o «papel» estatal, debido al factor multiplicador.

Es así como el nuevo «Poder Adquisitivo» llega a existir. Así la gente tendrá más dinero con qué comprar cosas, crear nuevos empleos, estimular más producción, y restaurar prosperidad.

Por lo menos así parece al principio. Pero pronto vendrán otras consecuencias.

Si hubiere mucho desempleo y mucha «capacidad industrial sin uso» el nuevo poder adquisitivo monetario del sistema, aumentará la demanda por las cosas, lo que puede muy bien conducir a un aumento en la producción y por lo tanto a un aumento en el empleo. Y esto ha sido aclamado como la gran contribución Keynesiana a la economía teórica y a la política económica. Pero existe una falla fatal.

l desempleo en masa no hubiese existido para principiar, si no se hubiera llegado a una seria descoordinación de precios, costos y salarios. Cuando esta falta de coordinación existe, el único medio apropiado para curar la situación es el ajuste de los precios, costos y los salarios individualmente unos con relación a otros, es decir, el retorno a la coordinación. Pero esto puede suceder automáticamente con sólo dejar que las fuerzas competitivas del mercado tengan libre juego.

La razón por la cual la medicina Keynesiana puede funcionar bajo condiciones especiales y por períodos muy cortos es que al aumentar la demanda monetaria y los precios, se aumentan las ventas y la utilidades, y así se restablece la producción y el empleo. Pero esto mismo puede lograrse de una manera más efectiva y sin los venenosos efectos colaterales posteriores, restaurando la libertad de competencia y la estructura coordinada e individual de precios y salarios.

Los Keynesianos piensan en términos de «agregados», es decir de cifras globales y de promedios. Su remedio consiste en aumentar la cantidad de dinero circulante y lograr así un «nivel» de precios lo suficientemente más arriba del «nivel» de salarios para restablecer o por lo menos mantener el «nivel» de utilidades y así mantener las ruedas de la industria andando a capacidad plena.

El remedio es defectuoso en dos aspectos. Asume tácitamente que existe una discrepancia uniforme entre los precios y salarios y un porcentaje uniforme de capacidad inutilizada en toda la industria. Si se estima que «la industria» está operando a un 80% de su capacidad, debemos recordar que este dato es simplemente un promedio. La situación puede ser tal que, por ejemplo, la industria A está operando al 60% de su capacidad, la industria B a 63%, y así, hasta industria M que está trabajando a 97% de su capacidad y la industria N al 100%. Si ahora tratamos de aumentar la cantidad de dinero circulante a un nivel suficiente para que las industrias A y B operen al 100% de capacidad, habremos «sobre calentado» las industrias M y N produciendo así serias distorsiones y «cuellos de botella».

Lo que es más, contrario a lo supuesto por las teorías Keynesianas, al aumentar la cantidad de dinero, se provoca un aumento de precios irregular mucho antes que se llegue a «capacidad plena industrial» y que la demanda alcance a la oferta de la nueva producción inducida; bastará para que esto suceda, el hecho de que la discrepancia nunca existe en forma uniforme a través de toda la industria. Además, a corto plazo, debido al aumento de precios y al aumento de la demanda de trabajadores, los salarios empezarán a aumentar también. Entonces, puesto que el problema original era precisamente que la mayoría de salarios estaban a un nivel muy alto en relación a la mayoría de los precios, nuevamente descoordinación entre precios y salarios surgirá, y la receta Keynesiana exigirá un mayor aumento de gasto gubernamental, presupuestos deficitarios, y más dinero nuevo.

Y así la medicina Keynesiana inevitablemente conduce a déficits crónicos y a inflación crónica del dinero circulante. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. No es accidente que en los Estados Unidos, por ejemplo, llevan su noveno año consecutivo de déficit presupuestario, y que ha tenido 32 déficits en los últimos 38 años. No es accidente que el dinero en los Estados Unidos (circulante más depósitos exigibles) ha aumentado más de 5 veces de $36 mil millones a fines de 1939, a $185 mil millones a la fecha. No es ningún accidente que a pesar del tremendo aumento de producción industrial en los 30 años mencionados, los precios han aumentado en 174%.

El Gobierno Federal de los Estados Unidos gasta hoy en día cada año 256 veces más que en el año fiscal previo a la primera guerra mundial… Los recientes aumentos en gastos anuales los atribuye el gobierno al costo de la guerra de Viet Nam. Sin embargo, el presupuesto de defensa para 1969 es mayor en $36.6 mil millones que en 1960, y el total de gastos es mayor en $96.4 mil millones. Eso quiere decir que los gastos que no son de defensa han aumentado en $59.8 mil millones durante el mismo período. Es simplemente la determinación de imponer el estado benevolente y no la guerra, lo que ha conducido a este increíble gasto.

Una falacia central del sistema Keynesiano así como de las otras recetas inflacionarias, es que confunden en forma crónica lo que es «ingreso» en papel moneda con ingreso real en términos de bienes o servicios. Es posible aumentar el ingreso nominal en papel moneda por cualquier cantidad mediante la destrucción de la moneda. Pero el ingreso real únicamente puede aumentarse trabajando en forma más eficiente, ahorrando mayor cantidad, invirtiendo más, y produciendo más.

Así es que no nos impresionemos tanto con los políticos que constantemente citan el aumento de ingresos nominales de dinero y el aumento en el «producto nacional bruto» para tratar de convencernos de cómo van de bien las cosas. En Italia, por ejemplo, como resultado de inflaciones pasadas se necesitan 624 liras para compra un dólar. Así, cualquiera en Italia con un ingreso anual de $1,600, en términos de liras ya es millonario.

CAPÍTULO III

Consecuencias de la Destrucción Monetaria

Regresemos a dos comparaciones ya mencionadas. De fines de 1939 a mediados de 1968 el dinero circulante en los Estados Unidos (incluyendo depósitos exigibles) aumentó más de 5 veces, de $36 mil millones a $185 mil millones. En el mismo período de 30 años (a pesar de un enorme aumento de producción industrial) los precios de los bienes y servicios aumentaron en un promedio del 174%.

Esta devaluación del dólar ha resultado en una serie de problemas sucesivos, incluyendo el crónico «déficit» en la balanza de pagos de Estados Unidos.

El «problema de balanza de pagos» no ha surgido únicamente como consecuencia de la inflación norteamericana sino también debido al llamado patrón «oro – divisas» (Gold-Exchange Standard) y el sistema monetario establecido en Bretton Woods en 1944. Bajo este sistema todos los gobiernos se comprometían a mantener la paridad de su propia moneda dentro del margen del 1% de la paridad oficial mediante la compra o la venta de su propia moneda en el mercado de divisas. Además, el gobierno de los Estados Unidos se propuso convertir al dólar en la «reserva monetaria» mundial, la moneda clave, mediante su garantía de convertir en todo tiempo (a los bancos centrales y extranjeros pero no a sus propios ciudadanos) el dólar por oro al precio fijo de $35 por onza.

Aunque únicamente los bancos centrales pueden convertir sus dólares en oro de los Estados Unidos, el mantener la convertibilidad del dólar al precio fijado ha resultado ser cada día un problema más embarazoso para el gobierno de Estados Unidos, especialmente desde 1957. Los Estados Unidos han estado enviando o gastando en el extranjero miles de millones de dólares por varias razones: para pagar sus importaciones, para gastos de ayuda al exterior, y para sostenimiento de sus fuerzas armadas en Europa y en Vietnam. El exceso de dólares que gasta sobre lo que recibe de regreso como pago de sus exportaciones y como utilidades de inversiones en el exterior, constituye el «déficit» de su balanza de pagos.

Del año 1957 al final de 1967 este déficit ha promediado $2.8 mil millones al año. A finales de este año, el total acumulado será alrededor de $30 mil millones.

Como resultado, contra la reducida reserva de oro, existe un pasivo exigible por instituciones oficiales extranjeras que tienen dólares convertibles a oro en sus propias reservas, de $15.2 mil millones, más un pasivo circulante a favor de extranjeros particulares de $15.7 mil millones, o sea un total de $31 mil millones.

En muchas de las discusiones, las obligaciones para con extranjeros particulares no se toman en cuenta como pasivo exigible en contra de las reservas de oro en Estados Unidos porque los bancos, empresas, e individuos particulares no pueden directamente exigir oro a cambio de sus dólares. Pero bajo las reglas del Fondo Monetario Internacional ellos siempre podrán vender sus dólares a la par en sus respectivos bancos centrales.

La culpa de que se han drenado las reservas de oro de Estados Unidos y que las obligaciones en dólares en contra de esas reservas han aumentado, la achacan al «déficit» de su balanza de pagos. Pero en vez de tratar la causa principal de este déficit, la inflación interna, el gobierno a continuado con la inflación cada vez en forma más veloz tratando así de corregir un síntoma. Han tratado el déficit de su balanza de pagos en sí como si fuese una causa y no un efecto, y han adoptado medidas desesperadas de controles directos para tratar de evitarlo.

El primer control, impuesto en 1964, fue el de establecer un impuesto punitivo sobre inversiones de capital en el exterior. El culpar a su inversión en el extranjero como responsable del déficit en su balanza de pago no fue simplemente arbitrario sino además inverosímil a todas luces. En los 5 años de 1958 a 1962 la inversión extranjera norteamericana de $16.6 mil millones fue contrarrestada por $15.4 mil millones de ingresos provenientes de inversiones anteriores. Aún el entonces secretario del tesoro, quien había solicitado el impuesto punitivo, concedió: A la larga, el flujo de capital norteamericano al exterior está más que balanceado por el influjo de ingresos devengados sobre ese capital».

Urgía el impuesto, dijo él mismo, «únicamente como una medida temporal para enfrentar el problema en tanto se adopten soluciones fundamentales». Por supuesto soluciones fundamentales nunca fueron adoptadas, de manera que la medida «temporal» no sólo fue renovada año con año sino que el 1o de enero de 1962 el presidente de EE.UU. agregó controles obligatorios sobre inversiones directas de empresas norteamericanas en el exterior.

Con estas medidas se implicaba que era la inversión privada en el exterior una de las principales causas del déficit de su balanza de pagos. Claramente esto no es cierto. Son el gasto gubernamental a través de la ayuda del exterior y los gastos militares los que han causado este déficit. En años recientes, el sector privado como resultado de sus exportaciones y de los ingresos de sus inversiones en el exterior ha continuado generando un excedente en su balanza de pagos.

En 1967 el total de nuevas inversiones en el exterior, incluyendo préstamos bancarios, compras de acciones de compañías del exterior, y la inversión directa en industrias y casas de comercio, llegaron a $5.5 mil millones. Sin embargo los ingresos de estas y anteriores inversiones sumaron $6.2 mil millones.

Cuando menos, entonces, todas esas restricciones y prohibiciones a la inversión extranjera es miopía. Cualquier reducción de nuevas inversiones en el exterior hoy día, significará una reducción correspondiente en ingresos futuros.

Si el gobierno federal de Estados Unidos, en vez de atacar la inversión extranjera como culpable del déficit en su balanza de pagos, hubiese establecido altas tarifas a la importación de artículos de lujo, licores, vino, perfumes, joyería, pieles y automóviles, sus actos hubiesen aún constituido un error, pero por lo menos, causantes de menor daño para su futura fortaleza económica. Estos obstáculos a la inversión directa de capital en el extranjero por empresas norteamericanas, necesariamente causarán daño severo a su habilidad de competir con éxito contra otras empresas internacionales europeas y del resto del mundo.

El propio mensaje económico de 1967 del presidente de EEUU. indicó: «La inversión extranjera de Estados Unidos no sólo genera un flujo de ingresos, sino que también crea exportaciones adicionales de EEUU. Desde el punto de vista de la balanza de pagos esto constituye un dividendo adicional». El Departamento de Comercio de Estados Unidos encontró, que en el año de 1964 $6.3 mil millones, o sea el 25% de las exportaciones totales de este año, estaban destinados a compañías americanas afiliadas en el exterior.

No se exagera al decir que la inversión directa de los Estados Unidos en el exterior, con las exportaciones e ingresos que ellas generan, constituyen la fuente aislada más grande de liquidez en su futura balanza de pagos.

Pero aún peor, desde el punto de vista de restricciones directas sobre la libertad personal, fueron las propuestas (afortunadamente descartadas) para que el congreso adoptara impuestos punitivos y prohibitivos sobre viajes al exterior como lo tienen algunos otros países.

El esfuerzo para eliminar el déficit de la balanza de pagos de EE.UU. a través de controles directos sobre actividades individuales arbitrariamente escogidas, está destinado al fracaso. Tales controles podrán tener éxito en cambiar la relación cuantitativa entre cada actividad, pero no podrán cambiar el resultado final. Cuando mucho, podrán mejorar su balanza de pagos de momento a sacrificio de su balanza de pagos futura. Nadie puede unilateralmente disminuir sus compras, viajes o inversiones en el exterior sin disminuir al mismo tiempo sus ventas y otros ingresos provenientes del exterior. En su Reporte Económico de 1968, el presidente mismo concedió que «al provocar revancha podríamos reducir nuestros ingresos tanto, si no más, que nuestros egresos».

El llamado «problema de balanza de pagos» nunca podría existir, excepto bajo el sistema arbitrario de «oro-divisas» establecido en Bretton Woods en 1944 con la creación del fondo monetario internacional. Nunca podría existir si los países estuvieran bajo un patrón de «paridades flexibles» ya que las fluctuaciones en el mercado libre de divisas generarían de por sí las fuerzas necesarias correctivas para evitar los déficits o excedentes en la balanza de pagos; más bien, estos déficits o excedentes no podrían surgir. Tampoco podría existir un problema de balanza de pagos si los países principales estuvieran bajo el patrón oro. Un «déficit» en la balanza de pagos inmediatamente produciría una salida de oro. Esto a su vez, inmediatamente provocaría tasas más altas de interés, una contracción de medio circulante y de crédito en el país «deficitario», y lo opuesto ocurriría en los países con el «excedente», y en tal forma un llamado déficit desaparecería.

Bajo el sistema adoptado en Bretton Woods y el patrón «oro-divisas», sin embargo, no es factible esta clase de autocorrección. Cuando, por ejemplo, los Estados Unidos «pierde» en el exterior dólares de papel, sencillamente «imprimen» más para sustituirlos. Y cuando, por ejemplo, Europa obtiene esos dólares, aproximadamente la mitad de ellos llegarán a los bancos centrales donde se convierten en «reservas» adicionales, en contra de las cuales los gobiernos europeos emiten más de su propio dinero. Y así resulta que tanto el país del «déficit» como el del «excedente» se ven afectados por más inflación de carácter mundial simultáneamente.

Bajo el sistema del Fondo Monetario Internacional no existen las fluctuaciones libres necesarias en el mercado para revelar y corregir los desbalances internacionales. Las tasas en el mercado no se permiten variar por más de 1% arriba o abajo de la paridad fijada. Cuando ello sucede cada gobierno está obligado a comprar o a vender sus divisas o su propio dinero para evitar desviaciones mayores.

Estas operaciones de compraventa con las bancas centrales están complementadas con el llamado patrón oro-divisas. Este sistema, que data de los acuerdos internacionales de 1921 y 1922, permite a las bancas centrales contar dentro de sus reservas no solamente el oro sino también su tenencia de divisas principales, dólares y libras esterlinas. Dichos acuerdos fueron adoptados en la creencia de que existía una «escasez de oro» y una «falta de liquidez internacional». Como resultado, las «reservas» mundiales hoy día suman $42 mil millones en oro, más aproximadamente $28 mil millones de «reserva en divisas», de las cuales más de $15 mil millones son dólares americanos. Como los diversos medios circulantes y los cupos de crédito son emitidos contra estas reservas, las «reservas» mismas resultan infladas.

La verdadera razón por la cual las autoridades monetarias de EEUU están actualmente temerosas de que continúe el «déficit» de la balanza de pagos, es que ellas mismas han otorgado el derecho a las bancas centrales de otros países a redimir los dólares de sus reservas por oro, a $35 la onza. Así, han visto que más de la mitad de sus reservas de oro han salido en los últimos 11 años, y están temerosos de perderlas en su totalidad.

Ya hace mucho tiempo prohibieron a los ciudadanos norteamericanos la tenencia de oro y muchos otros países siguieron la misma pauta. En los últimos años las autoridades de EE.UU. han recurrido a actuaciones cada vez más desesperadas. Cuando ha sido posible, han ejercido presión política sobre bancos centrales extranjeros para evitar que cambien sus dólares por oro. A principios de 1968 dejaron de proporcionar oro a los mercados privados de Londres, París y Zurich, para evitar que subiera el precio del oro. Ahora tratan de mantener un sistema de doble precio que es inherentemente inestable, bajo el cual, el oro monetario oficial se vende a $35.00 por onza y el oro no-monetario se vende libremente al precio que fije la oferta y la demanda.

A principios de 1968 las autoridades administrativas de EEUU también lograron que el congreso aboliera el último requisito de reserva de oro, el cual requería un 25% de respaldo para los billetes emitidos por la Reserva Federal, con el argumento de que ello era necesario para asegurar a los bancos centrales del extranjero que todo el oro de la reserva de Estados Unidos, estaba disponible para redimir los dólares que tenían. Pero lo que se logró con esta medida, en realidad, fue eliminar la última limitación legal que existía sobre la cantidad de papel moneda que podía emitir el Sistema de Reserva Federal.

Finalmente, el gobierno de EE.UU. ha presionado a través del Fondo Monetario Internacional, por la creación de los llamados «derechos especiales de giro», también llamados «oro de papel», con objeto de «suplementar» los dólares como reservas internacionales. Lo único que este sistema tan deliberadamente complicado logrará, es adulterar las reservas en tal forma que hará posible que las naciones emitan aún más papel moneda en contra de estos «derechos especiales de giro» los cuales se declaran, con aire de seriedad, que son tan buenos, si no mejor, que oro.

Todos estos esquemas artificiales carecen de solidez, y al final resultarán inútiles. La verdad es que ninguna solución al problema monetario mundial es posible, en tanto se continúe la inflación; y la inflación no se detendrá en tanto continúen los estados benevolentes.

CAPÍTULO IV

El Alto Costo del Aumento de Salarios

Debería ser evidente que las leyes de salario mínimo dañan más a aquellas personas a quienes se desea «proteger». Cuando existe una ley que prohíbe pagar menos de $64.00 por una semana de 40 horas, de trabajo, entonces nadie, cuyos servicios valgan menos de $64.00 a la semana según el que compra el servicio, encontrará empleo. No se puede aumentar el valor del producto del trabajo de un hombre a una cantidad determinada simplemente prohibiendo que se le pague menos. Únicamente se logra despojarlos del derecho que todos tienen para devengar aquella cantidad que sus habilidades y oportunidades le permitan ganar, mientras al mismo tiempo se priva a la comunidad de los moderados servicios que la persona es capaz de prestar. En otras palabras, a cambio de un mal salario se ofrece desempleo.

Nuevamente, el caso de Estados Unidos presenta un claro ejemplo del resultado de este tipo de legislación, iniciada aproximadamente hace 30 años. En 1938 la primer ley de salarios mínimos estableció $0.25 por hora. Esto fue aumentado a $0.30 en 1939, a $0.40 en 1945, a $0.75 en enero de 1950, a $1.00 en marzo de 1956, a $1.15 en 1961 a $1.25 en septiembre de 1963, a $1.40 en febrero de 1967, a $1.60 en febrero de 1968.

En 1938 el promedio de salario en la industria manufacturera era de $0.62 por hora. En enero de 1968 de $2.74. Sin embargo los legisladores, insatisfechos con este aumento debido a la mejor herramienta y al desarrollo económico natural han decidido seguir aumentando el salario mínimo legal aún más rápidamente que el aumento constante del promedio del mercado. Así, el salario mínimo que era 29% del promedio de los salarios que ya se pagaban en 1950, subió al 40% antes del aumento de 1956. En consecuencia, el salario mínimo aumentó en 114% entre 1956 y 1968, a pesar que el salario promedio aumentó sólo en 55%. Asimismo la aplicación del salario mínimo se extendió a cubrir mayor número de trabajadores.

El resultado neto ha sido el de forzar hacia arriba los salarios de los trabajadores no calificados a mayor velocidad que los de los trabajadores calificados. Como consecuencia, a pesar de que la escasez de trabajadores calificados va en aumento, el porcentaje de desempleados ha estado creciendo dentro de las filas de trabajadores no calificados, especialmente jóvenes, mujeres y negros.

La víctima principal ha sido el negro y principalmente el negro joven. En 1952 el porcentaje de desempleados en las filas de trabajadores jóvenes era igual para negros y blancos, de 9%. Pero año con año, a medida que el salario mínimo se ha ido subiendo cada vez más, una disparidad ha surgido y aumentado. En febrero de 1968 el desempleo de jóvenes blancos era de 11.6% y de jóvenes negros de 26.6%.

Además del daño que representa el crear desempleo entre trabajadores jóvenes y descalificados, también debe culparse a la ley de salario mínimo, por lo menos en buena parte, por los recientes disturbios en las ciudades donde los desempleados están concentrados.

Las pruebas estadísticas que demuestran cómo el salario mínimo ha causado desempleo son abundantes. Es satisfactorio mencionar que algunos de los más destacados economistas académicos Profesores Yale Brozen Burns, Milton Friedman, Gottfried Haberler, James Tobin, para mencionar algunos han recopilado estas pruebas y han presentado argumentos concluyentes en contra de la legislación de salarios mínimos. Sin embargo, los gobiernos sucesivamente han persistido en rehusar la lógica de sus argumentos o en aceptar los hechos reales y evidentes.

Nota de los Editores: El texto original en inglés del Dr. Henry Hazlitt, continúa este capítulo describiendo consecuencias económicas y sociales de legislación laboral específica de EEUU. En esta traducción omitiremos esta parte, refiriendo al lector interesado al texto original en inglés.

CAPÍTULO V

CONTROLES DE PRECIOS Y SALARIOS

Cuando el estado paternalista derrocha indiscriminadamente, opera con déficits presupuestales, expande el crédito, y crea dinero, los precios empiezan a subir. Invariablemente, los gobiernos culpan «al comercio» y comienzan a hablar de controlar los precios.

En los EE.UU. donde el gobierno se considera «liberal», empezaron sugiriendo controles «voluntarios», determinando «pautas de acción» (guidelines). Sin embargo, como el gobierno continuó aumentando el dinero en circulación, disminuyendo así el valor del dinero, los precios continuaron su alza.

Entonces el gobierno escoge a algunos «chivos expiatorios», algunos negocios gigantes, y les exige que rectifiquen las alzas de precio efectuadas. Se escogen negocios gigantes para contar con el prejuicio popular adverso hacia los grandes, denunciándolos de cuasi-monopolios o de «administrar» sus precios.

En los últimos 20 años, se ha preferido usar de «chivo expiatorio» a la industria del acero. Aunque el valor anual del acero producido es solamente 2% del producto nacional bruto, cuando se le ataca, sostiene el gobierno que un aumento en el precio del acero se convierten en «pirámide» alcista en toda la industria y entonces desata la cadena de la inflación. Aunque el argumento no resiste un análisis serio, es suficientemente bueno para objeto de propaganda.

Cuando casi todos los precios o por lo menos la mayoría de ellos aumentan, ello es indicativo de alguna causa común. La causa, desde luego, es la política monetaria misma. Los precios no aumentan de repente hoy porque los hombres de negocios resultaron hoy más avaros que ayer. Podemos suponer que los negocios monopolísticos o en competencia estaban ya cobrando el máximo posible por sus productos. El problema entonces es explicar por qué pueden cobrar más hoy que el año pasado. Si todos o casi todos pueden, significa que alguna circunstancia general ha cambiado.

Los controles gubernamentales de precios ignoran cambio. Por eso siempre causan daño. Los intentos para evitar que suban los precios o que se bajen, cuando no causan mercados negros o rebajas en la calidad del producto distorsionan y reducen la producción.

Cuando algún precio, supongamos el de la leche o del pan se mantienen por debajo del precio que fijaría la oferta y la demanda, se reduce la utilidad de la actividad económica productora de estos artículos, en comparación a otras actividades y pronto causa escasez del producto, es decir, lo hace menos accesible. Esto es, desde luego, contrario a la intención que el gobierno tuvo al fijar el precio. Si para corregir este efecto el gobierno ahora intenta controlar los precios de los factores necesarios para producir estos artículos, incluyendo la mano de obra, el control de precios se va extendiendo cada vez más hasta que el gobierno trata de fijar todos los precios.

Pero como en una economía moderna habrán por lo menos 10 millones de precios distintos, resulta que existirán unos 50 trillones de interrelaciones entre dichos precios y la tarea es, por tanto, imposible.

Resulta irónico que aún un gobierno «laborista» como el Inglés, una vez empieza a fijar precios para controlar las consecuencias de su propia inflación monetaria, descubre que no puede hacerlo sin al mismo tiempo fijar y poner topes a los salarios.

Pero las órdenes de un gobierno necesarias para controlar los salarios son enormemente más difíciles de enforzar que las órdenes para controlar los precios. Si el control de salarios es rígido y real, los sindicatos simplemente lo desafiarán; de manera que finalmente se establecerán excepciones y formas de evasión que causan que el control de precios provoque cada vez más daño y que la producción se descoordine totalmente.

Un caso especial y muy común de control de precios es el que pretende mantener las tasas de interés por debajo de lo que fijaría el mercado. Al principio parece que fuese más fácil que otras formas de control de precios. Parecería que para aumentar el crédito bastaría simplemente emitir más dinero. Pero cuando las tasas de interés se reducen en esta forma, aumentando la oferta, dos consecuencias suceden: Las tasas bajas de interés aumentan la demanda por más préstamos, lo cual tiende nuevamente a elevarlas. La cantidad aumentada de dinero y crédito, empieza a causar alzas en los precios y en los salarios. Eso obliga al hombre de negocios a prestar aún más, si desea continuar comprando el mismo volumen de materias primas y mercaderías y empleando el mismo número de trabajadores, y si, como resultado del incremento en dinero y crédito los precios han subido, por ejemplo un 4% en un año y se espera que suban en 4% en el próximo año, los acreedores comenzarán a darse cuenta que si obtienen 6% de interés nominal por su dinero en realidad están obteniendo solamente 2% de interés real.

Esta es una razón por la cual los intereses en los Estados Unidos en 1968 han subido a niveles record. Es precisamente el esfuerzo del gobierno para mantenerlos bajos que los ha elevado. Simplemente otro ejemplo de cómo los controles gubernamentales eventualmente producen precisamente los efectos opuestos a los deseados.

N.D. Claro, se puede fijar topes o límites legales a los intereses para mantenerlos más bajos que las tasas que fijaría el mercado. Ello, además de los efectos ya mencionados arriba, causa innumerables distorsiones en la asignación de recursos, fomenta el consumo a sacrificio del ahorro, y fomenta importación de bienes de consumo en vez de bienes de capital, afectando así la «balanza de pagos» desfavorablemente.

El Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos, ignorando el hecho que los sindicatos no pueden tener éxito en su gestión de subir salarios, ni los hombres de negocios en subir sus precios, salvo si lo permite la inflación monetaria, recientemente pidió al sector laboral y de hombres de negocio que se esforzarán en practicar «contención voluntaria» y que se abstuvieran de subir precios y salarios. Pero si los patronos y trabajadores ejercitaran esa «contención voluntaria» y deliberadamente cobraran menos de lo que pueden obtener en un mercado libre competitivo, estarían de hecho haciendo un daño a la comunidad.

La oferta y la demanda de cada uno de los miles de diferentes bienes y servicios cambia todos los días. Cuando un aumento en la cantidad de dinero no distorsiona el resultado, los bienes y servicios que tienen más demanda suben de precio mientras que aquellos que tienen menos demanda bajan. Así las utilidades de proveer aquellos bienes y servicios que tienen más demanda suben a medida que sube el precio, mientras que en aquellos que tienen menos demanda, bajan. Esto obliga la producción de mayor número de bienes que tienen más demanda y menos de los que tienen menos demanda. Así, las decenas de millares de bienes y servicio que produce una nación tienden constantemente a ser producidos en las proporciones que son mayormente deseados.

Los precios constituyen señales indispensables para los productores y para los consumidores. Deben reflejar la verdad en cuanto a la demanda y la oferta. La «contención voluntaria» pero peor aún, las «pautas gubernamentales» falsifican las señales y desorganizan y desequilibran la producción.

La inflación monetaria es cosa temible. Pero causa inmensamente más daño que la inflación misma, cualquier intento de disfrazarla o de tratar de reprimir sus consecuencias a través de controles de precios o de salarios.

CAPÍTULO VI

INSEGURIDAD SOCIAL Y BENEVOLENCIA DESBOCADA

Nuevamente el ejemplo de Estados Unidos es muy ilustrativo. Los programas federales para disminuir la pobreza y el desempleo se pusieron en práctica en gran escala durante La Gran Depresión. El argumento era que serían necesarios únicamente durante la emergencia. Desde entonces ese país ha recobrado su prosperidad, ha logrado un enorme aumento en el ingreso nacional, un descenso muy considerable en el desempleo, y una disminución pronunciada en el número y proporción de gente pobre. Sin embargo, el seguro de desempleo, la seguridad social, y cantidad de otros programas de benevolencia se ha expandido en forma acelerada.

En 1935, en su mensaje al Congreso, el Presidente Franklin Delano Roosevelt declaró: «El Gobierno Federal deberá y abandonará este negocio de benevolencia… La dependencia continuada de esta benevolencia induce una desintegración espiritual y moral, fundamentalmente destructiva al carácter nacional».

Se sostenía entonces que al establecer el seguro de desempleo y vejez, la pobreza y la angustia serían disminuidas mediante programas basados en contribuciones que no destruyeran el incentivo ni el respeto propio de los beneficiados, y que el programa mismo podría ser disminuido gradualmente hasta niveles insignificantes.

Veamos primero qué pasó con la Seguridad Social misma. Desde la primera Ley, en 1935, ha habido constante adición y expansión de beneficios, aún desde 1939, cuando se agregaron beneficios para sobrevivientes.

En 1950, la cobertura fue ampliada sustancialmente hasta incluir aproximadamente el 90% de la fuerza laboral (inicialmente incluía únicamente al 60%). En 1954 y 1956 nuevamente fue liberalizada la cobertura, incluyendo beneficios por incapacidad. Enmiendas de 1956 bajaron la edad de retiro para las mujeres que era de 65 años a 62.

En 1952, 1953, 1958, 1961, 1963, 1965 y 1967 se siguió agregando beneficios. En 1965 la legislación agregó Medicina Socializada para unos 20 millones. Y además de otras modificaciones aumento en 7% los beneficios por retiro.

El impuesto de Seguridad Social sobre la planilla había sido del 1% sobre salarios hasta $3,000, pagadero entre patronos y trabajadores. La tasa combinada de impuesto hoy día es de 8.8% de los salarios hasta $7,800.00. Este porcentaje será aumentado nuevamente a 9.6% en 1969.

Pero nadie puede seriamente considerar que estos impuestos sobre las planillas podrían llegar a cubrir los pasivos y obligaciones que el gobierno ya debe. W. Rulon Williamson, el actuario para la junta directiva de la Seguridad Social durante el período de 1936 a 1947, estimaba que antes de los últimos aumentos en beneficios, se necesitaría más de $150 mil millones simplemente para cubrir los beneficios ya comprometidos con los afiliados, y que probablemente se necesitaría por lo menos $1 billón ($1 trillón en medida inglesa) para cubrir los compromisos a las familias de los que ya están pagando sus impuestos de la Seguridad Social pero aún no se han retirado. Este cálculo no incluye la medicina socializada recientemente adoptada.

¿Qué ha pasado mientras tanto, con los programas de seguro de desempleo que iban a ser diseñados para desaparecer por si solos? En 1937 el primer año en que operó la asistencia financiera federal pública, se pagaron $316 millones a los beneficiarios. En 1960 el total comparable había aumentado más de 10 veces, a $3.3 mil millones.

Aunque la contribución del gobierno federal a los programas de benevolencia ha aumentado constantemente a través de los años, la carga sostenida por los Estados y las localidades han aumentado casi a igual velocidad. La cantidad pagada por los Estados y localidades aumentó de $624 millones en 1935 a $3 mil millones en 1966. El total de todos los gastos de beneficio social pagado por los Estados y localidades ha aumentado de $3.3 mil millones en 1935 a $40.8 mil millones en 1966 y para 1968 probablemente será aproximadamente de $46 mil millones.

El presupuesto federal incluía como costo total de la «ayuda a la pobreza» en 1960, $9.5 mil millones. Para 1969 este costo suma $27.7 mil millones; es decir, casi tres veces más.

Estos datos incluyen la ayuda para educación, trabajo y entrenamiento, salud, beneficios en efectivo, y otros beneficios. En este año fiscal (1969), el gobierno federal calcula el número de personas en sus nominas de beneficios directos, en 8.8 millones. Esto constituye un aumento de 60% comparado con hace doce años aunque el número de desempleados es hoy menor que entonces.

El gobierno federal calcula que hay aún aproximadamente 29 millones de «pobres», según la definición oficial (una familia de cuatro, cuyo ingreso anual es menor a $3,335.00). No sólo cada vez se convierten en más caros los programas individuales para «ayudarles» sino que constantemente se agregan nuevos programas, aunque se dupliquen y traslapen entre sí.

Más de 70 agencias para manejar unos 300 programas han sido contadas. En el libro de Shirley Scheibla, «La Pobreza Está Donde Está el Dinero» (Poverty Is Where the Money Is), se puede encontrar un detallado recuento del desperdicio y los escándalos que acompañan esta proliferación de programas.

Además de los programas específicos contra la pobreza, está el resto de las erogaciones gubernamentales de beneficencia, como son los subsidios para agricultura, vivienda y desarrollo de la comunidad, salud, educación y beneficios a veteranos, lo cual suma un deslumbrante total para el año 1969 mayor de $68 mil millones de gasto federal que, sumado a las erogaciones de los gobiernos estatales de $36 mil millones, da un gran total de $114 mil millones.

CAPITULO VII

EXPRIMIENDO AL RICO

Para donde quiera que miremos hoy día, encontraremos al Estado Benefactor, al Estado que promete empleo garantizado, ingreso garantizado, vida garantizada, seguridad desde la cuna hasta la tumba, y la rápida cuando no instantánea eliminación de la pobreza.

El camino principal que se escoge para lograr estos objetivos es el de quitar a aquellos que tienen para dárselo a aquellos que no tienen.

El principal instrumento utilizado para este propósito es el impuesto progresivo sobre la renta. En los Estados Unidos este impuesto lleva 55 años de establecido.

Al principio parecía un asunto inocente y la tasa más elevada era de 7%. Pero en 1925 la tasa máxima había ya subido a 25%; en 1935 a 63%; en 1940 a 81%; en 1945 a 94%. Con la rebaja impositiva de 1964, bajó a 70%. Con el sobre-impuesto de 1968, subió nuevamente al 77%.

En el mundo hoy día estas tasas confiscatorias no son excepcionales. El First National City Bank de Nueva York recientemente publicó un resumen de las tasas máximas marginales del impuesto sobre la renta en 50 países, como sigue:

Italia 95%, Inglaterra 91%, Canadá 82%, Estados Unidos 77%, Francia 76%, Japón 75%, Holanda 71%, Austria 69%, Australia 68%, Bélgica 66%, Suecia 65%, Alemania Occidental 55%, Dinamarca 53%, Noruega 50% y Suiza 8%.

Estas cifras sin embargo no reflejan el nivel impositivo relativo entre estos países. El 95% de impuesto en Italia se aplica únicamente a los ingresos mayores de $800,000, mientras el 50% de Noruega se aplica a todos los ingresos arriba de $13,000 aunque la tasa tope de imposición en Suecia está dentro de la mitad menor de la lista, es sin embargo, la tasa impositiva más alta comparativa de impuestos en el mundo.

Lo que las comparaciones sí demuestran gráficamente, es cuán universal se ha convertido ya la filosofía de exprimir al rico. Una elaborada racionalización basada en la «justicia social» y «habilidad de pago» ha surgido desde principios de este siglo, para justificar la tasa progresiva de impuestos sobre la renta; pero los economistas al fin están reconociendo que todos los argumentos a favor de la progresión pueden utilizarse para justificar cualquier grado de progresión.

Ciertamente, no existe evidencia de que las tasas altamente progresivas han ayudado a los pobres. Por el contrario, estas tasas confiscatorias evidentemente destruyen incentivos, reducen la producción y la acumulación de capital, y dejan menos para ser repartido entre todos.

Los primeros patrocinadores del impuesto progresivo a los ingresos reconocieron aquello, pero ellos tenían otras intenciones en mente. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels francamente proponían: «un fuerte impuesto como instrumento mediante el cual el proletariado se valdrá de su supremacía política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los medios de producción en manos del estado… y hacer incursiones despóticas en el derecho de propiedad y en las condiciones burguesas de producción…»

Las tasas progresivas sobre ingresos no son necesarias para producir grandes ingresos fiscales. Un simple cálculo, basado en los datos de la Tesorería de los EEUU sobre estadísticas de 1965, demuestran que, con las deducciones e inmunidades existentes, una tasa no progresiva de 19.5% hubiese causado el mismo ingreso fiscal que se logró con las tasas del 14 al 70%.

Un cálculo similar, demuestra que si todas las tasas hoy arriba de 50% bajaran a ese nivel, el ingreso fiscal hubiese disminuido en $373 millones, lo cual no bastaría para cubrir los gastos gubernamentales por un solo día. Si los ingresos por arriba de $100,000 pagaran el 100%, el aumento máximo en el ingreso fiscal sería solamente de 200 millones.

En 1965 el 70% de todo el ingreso derivado del impuesto sobre la renta fue cubierto por personas con ingresos brutos menores de $20,000, por la sencilla razón de que estas personas constituyen el 97.5% de todos los que pagan impuesto sobre la renta, y que colectivamente reportaron más del 80% del ingreso imponible del país.

Pero no sólo en los EE.UU- donde el ingreso fiscal que rinden las personas y corporaciones mayormente tasadas, es insignificante. En Gran Bretaña, en el año fiscal 1964–65, el ingreso total del gobierno fue de £ 8.157 millones; el ingreso derivado del impuesto sobre la renta fue de £3.088 millones y el ingreso del sobre impuesto fue de £ 184 millones. En otras palabras, el ingreso fiscal proveniente del sobre impuesto por encima de las tasas corrientes que (fluctúan de 41.1% al 961/4%) rindieron menos del 6% de todo el ingreso proveniente del impuesto sobre la renta y apenas más de 2% del ingreso fiscal total de Inglaterra.

En Suecia, en 1963, los individuos pagaron, primero un impuesto local proporcional (no progresivo) sobre sus ingresos de aproximadamente 15%; después sobre el resto de sus ingresos pagaron un impuesto nacional progresivo, entre 10 y 65%. Un estudio publicado por la asociación sueca de contribuyentes encontró que la tasa básica del 10% produjo el 70% del ingreso fiscal nacional proveniente del impuesto sobre la renta; que si la tasa máxima hubiese llegado al 25%, el ingreso total hubiese sido de 90% y que si la tasa máxima hubiere sido de 45%, (en vez del 65%), el gobierno hubiese percibido 99% del ingreso percibido. En pocas palabras, el estudio encontró que las tasas comprendidas entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco por ciento, contribuyen en únicamente el 1% del ingreso total proveniente del impuesto sobre la renta.

La conclusión inevitable es que las tasas progresivas del impuesto sobre ingresos existentes en todas partes y especialmente las tasas arriba del 50%, no son impuestos para aumentar el ingreso fiscal, sino únicamente para satisfacer instintos envidiosos y vengativos.

Pero quizá el daño más grave que causa la progresividad del impuesto sobre la renta es que produce la ilusión, en la mayoría de los contribuyentes, que son los «ricos» los que están pagando la mayor parte de los beneficios que reciben del gobierno. Esta ilusión probablemente la comparten en los Estados Unidos, aún aquellas personas solteras con ingresos imponibles justamente arriba de $7,000 quienes están pagando, de hecho, más del 21% que sería la tasa promedio necesaria para rendir el mismo ingreso fiscal en 1969. Esta ilusión los conduce a aceptar complacientemente una carga gubernamental que de otra manera no tolerarían.

Aunque este aspecto de la progresividad al impuesto sobre la renta no recibe hoy día atención alguna, la amenaza que representa fue reconocida tan temprano como en 1899 por W. E. H. Lecky:

«El impuesto progresivo logra realizar en grado superlativo, peligro a la democracia, al crear un estado de cosas en el cual una clase le impone a otra cargas que no está dispuesta a compartir, y compele al Estado a incurrir en proyectos extravagantes, en la creencia de que la totalidad de los costos serán soportados por otros».

CAPITULO VIII

GOBIERNO ILIMITADO

Desde el inicio de la primera guerra mundial en 1914, ha crecido fatalmente el poder y la intervención estatal en todo el mundo. Woodrow Wilson proclamó una vez: «La Historia de la libertad es la historia de la limitación del poder gubernamental y no la de su engrandecimiento». Esto debería ser evidente de por sí. Mientras mayor sea el área de actividad humana controlada por el gobierno, menor será el área bajo el control del individuo. Mientras mayor el poder estatal para prohibir y restringir, menor será la libertad de escoger del individuo».

El crecimiento del poder estatal se puede medir en términos de dinero gastado, de burócratas empleados o de actividades controladas.

Nuevamente los Estados Unidos nos ofrece un elocuente ejemplo. En 1914 el gobierno federal gastaba solamente $725 millones al año; en el año fiscal 1969 gastará 186 mil millones (256 veces más). En 1967 el número total de empleados civiles del gobierno federal era de 2.877,000 y los empleados de los estados individuales y localidades dentro de estos estados sumaban 8.898,000 o sea un total de empleados gubernamentales de 11.775,000.

En 1954 la Comisión Hoover encontró que el gobierno federal comprendía no menos de 2,133 agencias diferentes, entre departamentos, divisiones y direcciones.

Como los gastos federales se han más que duplicado desde 1954 y el número de empleados federales ha aumentado en 25%, el número de agencias probablemente hoy pasa fácilmente de 2,500.

Esta estimación está más que justificada por la notoria proliferación de las agencias de la «Gran Sociedad». Un cálculo en 1967 estimaba en más de 100 los nuevos programas creados por el Congreso desde 1955. En 1968 el diputado William V. Roth y sus asistentes lograron identificar 1,571 programas incluyendo 478 sólo en el departamento de Salud, Educación y Bienestar, pero concluyeron que «nadie, en ninguna parte sabe exactamente cuántos programas federales existen».

Un ex-intervencionista prominente, confesaba que estaba aterrado por el «laberinto fantástico de programas de benevolencia» y por la forma veloz en que crecía el poder federal, disminuyendo así el significado del ciudadano individual.

¿Qué probabilidad de éxito tiene el ciudadano desinteresado, individualmente, aunque tuviese el tiempo para dominar toda la información referente a los programas de Agricultura de EE.UU., al discutir u oponerse a un ejército burocrático de 86,000 personas que trabajan en ese departamento, y que tienen un interés vital en probar que los programas que administran son necesarios y deben continuarse y ampliarse?

La vida de cada ciudadano en su calidad de trabajador, empleador, empresario, inversionista o consumidor, está controlada por cantidad de agencias federales. Prominentes entre ellas están; el Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission, The Food and Drug Administration, Federal Communications Commission, National Labor Relations Board. Todas estas agencias emiten reglas y reglamentos, conceden licencias, emiten órdenes, adjudican daños, y coaccionan a individuos y empresas para hacer esto o abstenerse de hacer aquello. Frecuentemente combinan las funciones de legisladores, acusadores, jueces, jurados y administradores. Sus decisiones son muchas veces caprichosas, arbitrarias y no autorizadas por las leyes existentes. No obstante cuando causan daño al individuo o a la empresa, o los privan de sus libertades constitucionales y derechos legales, apelar a las cortes es sumamente difícil, costoso y a veces hasta imposible.

La expansión continua de los poderes gubernamentales, también engendra despotismo y corrupción en los gobiernos y contribuye a atrincherar a los que están en el poder, y a prolongar o perpetuarlos en su poderío. Una investigación llevada a cabo por el New York Times sobre el favoritismo político en la ciudad y en el estado (junio 17 de 1968), encontró que «El favoritismo se ha expandido enormemente en las últimas décadas, debido al tremendo crecimiento del gobierno, de sus gastos ascendentes, y de la expansión de los poderes discrecionales para regular, controlar y supervisar las industrias privadas».

Sin embargo el poder arbitrario del gobierno se está multiplicando diariamente debido a la generalizada y aceptada presunción de que dondequiera que exista un problema de cualquier clase por resolver, el gobierno es la agencia adecuada para intervenir y resolverlo, los legisladores gubernamentales y oficiales del gobierno ya disponen o pretenden disponer del derecho de decirnos exactamente cuánto petróleo o azúcar podemos importar, cuánto terreno se puede sembrar de cada cultivo, cómo exactamente se debe empacar la comida y marcaría, cómo deben ponerse los precios del acero, el cobre y las medicinas, exactamente cuánto interés debe cobrarse y cómo debe ser calculado, cómo deben fabricarse los automóviles, exactamente qué tipos de ojos artificiales deben ser permitidos, qué es lo que un grupo de gente puede hacer y otro grupo dejar de hacer, precisamente cuáles grupos deben gozar de subsidios y en qué cuantía y exactamente cuáles grupos deben ser obligados a pagar los subsidios.

¿Debe entonces sorprender a alguien que se haya llegado a un espantoso crecimiento del crimen, al brote de motines y un quebrantamiento de la ley y el orden? Mientras más pretenda un gobierno hacer, menos serán las cosas que pueda hacer competentemente. Al tratar el gobierno de hacer todo, tendrá que resultarle mal.

La función esencial del estado es mantener la paz, la ley y el orden, y proteger al ciudadano individual contra la agresión, la violencia, el robo y el fraude. Hace más de un siglo Herbert Spencer señalaba que «cuando el estado asume funciones diferentes aparte de su función esencial, principia a perder su capacidad para cumplir esa función esencial». A medida que más y más funciones son asumidas por el Estado, la verdad de esta apreciación es más evidente.

Ello nos recuerda nuevamente la advertencia del economista sueco Gustav Cassel, hace más de 30 años: «El liderato por parte del Estado en asuntos económicos que desearían establecer los que abogan por la economía planificada, está necesariamente acompañada de una asombrosa masa de interferencias gubernamentales de naturaleza acumulativa. Lo arbitrario, los errores y las inevitables contradicciones de tal política, sólo fortalecen la demanda para una más racional coordinación de las diferentes medidas y por lo tanto, por un liderato unificado. Por esta razón la economía planificada siempre tiende a desembocar en una dictadura».

En términos más concretos, el proceso generalmente va así: Un sin fin de programas de benevolencia y un constante aumento en los gastos públicos, provocan presupuestos deficitarios crónicos, que a su vez conllevan un aumento del circulante, que a su vez causa precios más altos. El gobierno denuncia a todos los comerciantes, como especuladores y emiten reglamentos fijando precios topes sobre productos individuales. Enseguida, inevitablemente se confronta la imposible tarea de tratar de fijar todos los precios y salarios lo cual conlleva a asignar cuotas de producción para cada productor y racionamiento para los consumidores, y así a controlar los medios de vida y de subsistencia de todos.

Y como dijera Alexander Hamilton alguna vez: «El poder sobre los medios de subsistencia del hombre es el poder sobre la voluntad».

CAPITULO VII

EXPRIMIENDO AL RICO

Para donde quiera que miremos hoy día, encontraremos al Estado Benefactor, al Estado que promete empleo garantizado, ingreso garantizado, vida garantizada, seguridad desde la cuna hasta la tumba, y la rápida cuando no instantánea eliminación de la pobreza.

El camino principal que se escoge para lograr estos objetivos es el de quitar a aquellos que tienen para dárselo a aquellos que no tienen.

El principal instrumento utilizado para este propósito es el impuesto progresivo sobre la renta. En los Estados Unidos este impuesto lleva 55 años de establecido.

Al principio parecía un asunto inocente y la tasa más elevada era de 7%. Pero en 1925 la tasa máxima había ya subido a 25%; en 1935 a 63%; en 1940 a 81%; en 1945 a 94%. Con la rebaja impositiva de 1964, bajó a 70%. Con el sobre-impuesto de 1968, subió nuevamente al 77%.

En el mundo hoy día estas tasas confiscatorias no son excepcionales. El First National City Bank de Nueva York recientemente publicó un resumen de las tasas máximas marginales del impuesto sobre la renta en 50 países, como sigue:

Italia 95%, Inglaterra 91%, Canadá 82%, Estados Unidos 77%, Francia 76%, Japón 75%, Holanda 71%, Austria 69%, Australia 68%, Bélgica 66%, Suecia 65%, Alemania Occidental 55%, Dinamarca 53%, Noruega 50% y Suiza 8%.

Estas cifras sin embargo no reflejan el nivel impositivo relativo entre estos países. El 95% de impuesto en Italia se aplica únicamente a los ingresos mayores de $800,000, mientras el 50% de Noruega se aplica a todos los ingresos arriba de $13,000 aunque la tasa tope de imposición en Suecia está dentro de la mitad menor de la lista, es sin embargo, la tasa impositiva más alta comparativa de impuestos en el mundo.

Lo que las comparaciones sí demuestran gráficamente, es cuán universal se ha convertido ya la filosofía de exprimir al rico. Una elaborada racionalización basada en la «justicia social» y «habilidad de pago» ha surgido desde principios de este siglo, para justificar la tasa progresiva de impuestos sobre la renta; pero los economistas al fin están reconociendo que todos los argumentos a favor de la progresión pueden utilizarse para justificar cualquier grado de progresión.

Ciertamente, no existe evidencia de que las tasas altamente progresivas han ayudado a los pobres. Por el contrario, estas tasas confiscatorias evidentemente destruyen incentivos, reducen la producción y la acumulación de capital, y dejan menos para ser repartido entre todos.

Los primeros patrocinadores del impuesto progresivo a los ingresos reconocieron aquello, pero ellos tenían otras intenciones en mente. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels francamente proponían: «un fuerte impuesto como instrumento mediante el cual el proletariado se valdrá de su supremacía política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los medios de producción en manos del estado… y hacer incursiones despóticas en el derecho de propiedad y en las condiciones burguesas de producción…»

Las tasas progresivas sobre ingresos no son necesarias para producir grandes ingresos fiscales. Un simple cálculo, basado en los datos de la Tesorería de los EEUU sobre estadísticas de 1965, demuestran que, con las deducciones e inmunidades existentes, una tasa no progresiva de 19.5% hubiese causado el mismo ingreso fiscal que se logró con las tasas del 14 al 70%.

Un cálculo similar, demuestra que si todas las tasas hoy arriba de 50% bajaran a ese nivel, el ingreso fiscal hubiese disminuido en $373 millones, lo cual no bastaría para cubrir los gastos gubernamentales por un solo día. Si los ingresos por arriba de $100,000 pagaran el 100%, el aumento máximo en el ingreso fiscal sería solamente de 200 millones.

En 1965 el 70% de todo el ingreso derivado del impuesto sobre la renta fue cubierto por personas con ingresos brutos menores de $20,000, por la sencilla razón de que estas personas constituyen el 97.5% de todos los que pagan impuesto sobre la renta, y que colectivamente reportaron más del 80% del ingreso imponible del país.

Pero no sólo en los EE.UU- donde el ingreso fiscal que rinden las personas y corporaciones mayormente tasadas, es insignificante. En Gran Bretaña, en el año fiscal 1964–65, el ingreso total del gobierno fue de £ 8.157 millones; el ingreso derivado del impuesto sobre la renta fue de £3.088 millones y el ingreso del sobre impuesto fue de £ 184 millones. En otras palabras, el ingreso fiscal proveniente del sobre impuesto por encima de las tasas corrientes que (fluctúan de 41.1% al 961/4%) rindieron menos del 6% de todo el ingreso proveniente del impuesto sobre la renta y apenas más de 2% del ingreso fiscal total de Inglaterra.

En Suecia, en 1963, los individuos pagaron, primero un impuesto local proporcional (no progresivo) sobre sus ingresos de aproximadamente 15%; después sobre el resto de sus ingresos pagaron un impuesto nacional progresivo, entre 10 y 65%. Un estudio publicado por la asociación sueca de contribuyentes encontró que la tasa básica del 10% produjo el 70% del ingreso fiscal nacional proveniente del impuesto sobre la renta; que si la tasa máxima hubiese llegado al 25%, el ingreso total hubiese sido de 90% y que si la tasa máxima hubiere sido de 45%, (en vez del 65%), el gobierno hubiese percibido 99% del ingreso percibido. En pocas palabras, el estudio encontró que las tasas comprendidas entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco por ciento, contribuyen en únicamente el 1% del ingreso total proveniente del impuesto sobre la renta.

La conclusión inevitable es que las tasas progresivas del impuesto sobre ingresos existentes en todas partes y especialmente las tasas arriba del 50%, no son impuestos para aumentar el ingreso fiscal, sino únicamente para satisfacer instintos envidiosos y vengativos.

Pero quizá el daño más grave que causa la progresividad del impuesto sobre la renta es que produce la ilusión, en la mayoría de los contribuyentes, que son los «ricos» los que están pagando la mayor parte de los beneficios que reciben del gobierno. Esta ilusión probablemente la comparten en los Estados Unidos, aún aquellas personas solteras con ingresos imponibles justamente arriba de $7,000 quienes están pagando, de hecho, más del 21% que sería la tasa promedio necesaria para rendir el mismo ingreso fiscal en 1969. Esta ilusión los conduce a aceptar complacientemente una carga gubernamental que de otra manera no tolerarían.

Aunque este aspecto de la progresividad al impuesto sobre la renta no recibe hoy día atención alguna, la amenaza que representa fue reconocida tan temprano como en 1899 por W. E. H. Lecky:

«El impuesto progresivo logra realizar en grado superlativo, peligro a la democracia, al crear un estado de cosas en el cual una clase le impone a otra cargas que no está dispuesta a compartir, y compele al Estado a incurrir en proyectos extravagantes, en la creencia de que la totalidad de los costos serán soportados por otros».

CAPITULO VIII

GOBIERNO ILIMITADO

Desde el inicio de la primera guerra mundial en 1914, ha crecido fatalmente el poder y la intervención estatal en todo el mundo. Woodrow Wilson proclamó una vez: «La Historia de la libertad es la historia de la limitación del poder gubernamental y no la de su engrandecimiento». Esto debería ser evidente de por sí. Mientras mayor sea el área de actividad humana controlada por el gobierno, menor será el área bajo el control del individuo. Mientras mayor el poder estatal para prohibir y restringir, menor será la libertad de escoger del individuo».

El crecimiento del poder estatal se puede medir en términos de dinero gastado, de burócratas empleados o de actividades controladas.

Nuevamente los Estados Unidos nos ofrece un elocuente ejemplo. En 1914 el gobierno federal gastaba solamente $725 millones al año; en el año fiscal 1969 gastará 186 mil millones (256 veces más). En 1967 el número total de empleados civiles del gobierno federal era de 2.877,000 y los empleados de los estados individuales y localidades dentro de estos estados sumaban 8.898,000 o sea un total de empleados gubernamentales de 11.775,000.

En 1954 la Comisión Hoover encontró que el gobierno federal comprendía no menos de 2,133 agencias diferentes, entre departamentos, divisiones y direcciones.

Como los gastos federales se han más que duplicado desde 1954 y el número de empleados federales ha aumentado en 25%, el número de agencias probablemente hoy pasa fácilmente de 2,500.

Esta estimación está más que justificada por la notoria proliferación de las agencias de la «Gran Sociedad». Un cálculo en 1967 estimaba en más de 100 los nuevos programas creados por el Congreso desde 1955. En 1968 el diputado William V. Roth y sus asistentes lograron identificar 1,571 programas incluyendo 478 sólo en el departamento de Salud, Educación y Bienestar, pero concluyeron que «nadie, en ninguna parte sabe exactamente cuántos programas federales existen».

Un ex-intervencionista prominente, confesaba que estaba aterrado por el «laberinto fantástico de programas de benevolencia» y por la forma veloz en que crecía el poder federal, disminuyendo así el significado del ciudadano individual.

¿Qué probabilidad de éxito tiene el ciudadano desinteresado, individualmente, aunque tuviese el tiempo para dominar toda la información referente a los programas de Agricultura de EE.UU., al discutir u oponerse a un ejército burocrático de 86,000 personas que trabajan en ese departamento, y que tienen un interés vital en probar que los programas que administran son necesarios y deben continuarse y ampliarse?

La vida de cada ciudadano en su calidad de trabajador, empleador, empresario, inversionista o consumidor, está controlada por cantidad de agencias federales. Prominentes entre ellas están; el Federal Trade Commission, Securities and Exchange Commission, The Food and Drug Administration, Federal Communications Commission, National Labor Relations Board. Todas estas agencias emiten reglas y reglamentos, conceden licencias, emiten órdenes, adjudican daños, y coaccionan a individuos y empresas para hacer esto o abstenerse de hacer aquello. Frecuentemente combinan las funciones de legisladores, acusadores, jueces, jurados y administradores. Sus decisiones son muchas veces caprichosas, arbitrarias y no autorizadas por las leyes existentes. No obstante cuando causan daño al individuo o a la empresa, o los privan de sus libertades constitucionales y derechos legales, apelar a las cortes es sumamente difícil, costoso y a veces hasta imposible.

La expansión continua de los poderes gubernamentales, también engendra despotismo y corrupción en los gobiernos y contribuye a atrincherar a los que están en el poder, y a prolongar o perpetuarlos en su poderío. Una investigación llevada a cabo por el New York Times sobre el favoritismo político en la ciudad y en el estado (junio 17 de 1968), encontró que «El favoritismo se ha expandido enormemente en las últimas décadas, debido al tremendo crecimiento del gobierno, de sus gastos ascendentes, y de la expansión de los poderes discrecionales para regular, controlar y supervisar las industrias privadas».

Sin embargo el poder arbitrario del gobierno se está multiplicando diariamente debido a la generalizada y aceptada presunción de que dondequiera que exista un problema de cualquier clase por resolver, el gobierno es la agencia adecuada para intervenir y resolverlo, los legisladores gubernamentales y oficiales del gobierno ya disponen o pretenden disponer del derecho de decirnos exactamente cuánto petróleo o azúcar podemos importar, cuánto terreno se puede sembrar de cada cultivo, cómo exactamente se debe empacar la comida y marcaría, cómo deben ponerse los precios del acero, el cobre y las medicinas, exactamente cuánto interés debe cobrarse y cómo debe ser calculado, cómo deben fabricarse los automóviles, exactamente qué tipos de ojos artificiales deben ser permitidos, qué es lo que un grupo de gente puede hacer y otro grupo dejar de hacer, precisamente cuáles grupos deben gozar de subsidios y en qué cuantía y exactamente cuáles grupos deben ser obligados a pagar los subsidios.

¿Debe entonces sorprender a alguien que se haya llegado a un espantoso crecimiento del crimen, al brote de motines y un quebrantamiento de la ley y el orden? Mientras más pretenda un gobierno hacer, menos serán las cosas que pueda hacer competentemente. Al tratar el gobierno de hacer todo, tendrá que resultarle mal.

La función esencial del estado es mantener la paz, la ley y el orden, y proteger al ciudadano individual contra la agresión, la violencia, el robo y el fraude. Hace más de un siglo Herbert Spencer señalaba que «cuando el estado asume funciones diferentes aparte de su función esencial, principia a perder su capacidad para cumplir esa función esencial». A medida que más y más funciones son asumidas por el Estado, la verdad de esta apreciación es más evidente.

Ello nos recuerda nuevamente la advertencia del economista sueco Gustav Cassel, hace más de 30 años: «El liderato por parte del Estado en asuntos económicos que desearían establecer los que abogan por la economía planificada, está necesariamente acompañada de una asombrosa masa de interferencias gubernamentales de naturaleza acumulativa. Lo arbitrario, los errores y las inevitables contradicciones de tal política, sólo fortalecen la demanda para una más racional coordinación de las diferentes medidas y por lo tanto, por un liderato unificado. Por esta razón la economía planificada siempre tiende a desembocar en una dictadura».

En términos más concretos, el proceso generalmente va así: Un sin fin de programas de benevolencia y un constante aumento en los gastos públicos, provocan presupuestos deficitarios crónicos, que a su vez conllevan un aumento del circulante, que a su vez causa precios más altos. El gobierno denuncia a todos los comerciantes, como especuladores y emiten reglamentos fijando precios topes sobre productos individuales. Enseguida, inevitablemente se confronta la imposible tarea de tratar de fijar todos los precios y salarios lo cual conlleva a asignar cuotas de producción para cada productor y racionamiento para los consumidores, y así a controlar los medios de vida y de subsistencia de todos.

Y como dijera Alexander Hamilton alguna vez: «El poder sobre los medios de subsistencia del hombre es el poder sobre la voluntad».

CAPITULO IX

LO QUE PODEMOS HACER

Si la tendencia benevolente socialista inflacionista continúa, las perspectivas de aumento creciente de impuestos, aumento arrollador en los gastos públicos, déficits crónicos, presupuestos descontrolados, una tasa acelerada de inflación de la clase endémica. En Latinoamérica (por lo menos durante esta generación), el colapso o derrumbamiento del dólar, un aumento universal de caos de la moneda, y más y más despiadados controles de precios, salarios y cambios conducentes a una economía regimentada y a la dictadura. Y si esta tendencia es interrumpida temporalmente, lo será por medio de tumultos y desórdenes públicos, asesinatos políticos y el rompimiento de la ley y el orden.

Pero está en nuestro poder no sólo evitar esta perspectiva de pesadilla, sino también restaurar el orden, el constitucionalismo, limitar la acción del gobierno, aumentar las libertades personales y económicas, la paz interna y asegurar la prosperidad y el desarrollo.

Los remedios que debemos aplicar, están implícitos en los males ya descritos en los capítulos anteriores. Debemos poner un alto y en la mayoría de los casos revertir los «remedios» que nos han llevado al presente predicamento. Indiquemos ahora cuáles son las soluciones verdaderas, en el mismo orden de los capítulos en que hemos discutido la enfermedad.

1 Debemos empezar por reducir el exagerado poder del gobierno a todo nivel, local y central. Debemos empezar a descentralizar el poder, dando más autonomía a las localidades individuales.

Los poderes presidenciales en las democracias de hoy, han aumentado al grado de colocar sus responsabilidades más allá de lo que la habilidad humana puede ejercitar, responsable e inteligentemente.

La necesidad perentoria de hoy no es por más leyes, sino por menos leyes. Debe salvarse al mundo de sus «salvadores». Si los amigos de la libertad y de la ley tuviesen un solo lema, debiera ser: «Alto a los remedios», «Alto a los remedios» o aún más breve; Derogar, «Derogar».

2. Parar la proliferación de gastos. Parar los déficits. Retornar a los presupuestos balanceados como norma y no como excepción. Parar el constante aumento de la deuda pública. Parar la inflación.

3. Para parar la inflación, el gobierno debe suspender el aumento de papel moneda y la expansión del crédito.

El Fondo Monetario Internacional deberá ser abolido o cuando menos los estatutos deberían ser reformados para eliminar toda provisión que obliga a las monedas fuertes a sostener a las débiles, o en otras palabras que obligan a los países que manejan sus asuntos fiscales y monetarios correcta y prudentemente, a sostener a aquellos que los manejan mal; que obligan a los países con «excedente» a sostener a los países con «déficits»; que permiten a los países deudores a posponer el pago en oro indefinidamente y que compelen a otros países a convertirse o continuar siendo sus acreedores. No debería permitirse que llegaran a existir, «los derechos especiales de giro», «papel-oro».

El patrón «oro-divisas» (o más exactamente el patrón dólar) debería liquidarse. Esto quiere decir que los Estados Unidos deberían estar prestos a redimir en oro, contra la demanda, los dólares en poder de las bancas centrales extranjeras, y que estos bancos a su vez, deberían autodisciplinarse rehusando aumentar su actual posesión de dólares como parte de sus «reservas» oficiales y tomar las medidas necesarias para liquidar gradualmente tales «reservas».

El gobierno de Estados Unidos debería abandonar todos los controles de cambios, todos los intentos de prohibir, restringir o penalizar los viajes al exterior, las importaciones o las inversiones en el extranjero. Por primera providencia, el gobierno debería abolir la prohibición de hace 35 años de comprar, vender y poseer oro por parte de sus propios ciudadanos.

Los Estados Unidos deberían planificar el eventual retorno al verdadero y completo patrón oro. Esto probablemente tendrá que hacerse por etapas. Lo que parece más probable al momento de escribir estas líneas es que pronto nos encontraremos aún más carentes de las pocas restricciones nominales que impone el actual sistema. Probablemente no podremos restablecer el patrón oro, salvo a un precio mucho más alto para el oro que el actual de $35.00 la onza.

Pero es prematuro especificar aquí todas las condiciones de un eventual retorno al oro. Todo lo que podemos decir por ahora es que si el mundo continúa con su papel-moneda, continuará la inestabilidad y el desorden, y eventualmente el caos monetario.

4. Derogar legislación sobre salarios mínimos y toda aquella legislación que fomenta y permite abusos y coacción de parte del sector laboral.

5. Que se abstengan los gobiernos de pretender influenciar o controlar precios, tasas de interés y alquileres, o inducir, fomentar o restringir la producción a través de legislación ad hoc.

6. Interrumpir el aumento continuo de las cargas que representan los subsidios y los programas sociales.

Solamente tres o cuatro sugerencias específicas pueden ofrecerse aquí.

Algunos economistas eminentes (principalmente el profesor James Buchanan y Colin Campbell) han demostrado cómo los programas de Seguridad Social se pueden transformar de la actual ambigua compulsión, mezcla de «seguros y ayuda», a un programa de seguro voluntario más efectivo.

Por supuesto, debe abandonarse todo intento de expropiar los ingresos de aquellos que trabajan, con el objeto de «proporcionar rentas garantizadas» a aquellos que no trabajan. Todo desembolso de carácter de beneficencia personal deberá hacerse en forma de préstamos reembolsables. Esto automáticamente reduciría las solicitudes de ayuda y al mismo tiempo contribuiría a mantener la dignidad y el respeto propio del recipiendario de tal ayuda. Los beneficiados por los programas de ayuda no deberían tener obligación legal de pagar estas deudas, pero al mismo tiempo, mientras la deuda no estuviere cancelada, su derecho a voto se les debería suspender, de tal forma se eliminaría por completo el fin político de estas dádivas.

El ejército de los recipiendarios de ayudas y subsidios, continuará creciendo y la insolvencia de los gobiernos continuará aumentando hasta alcanzar un grado intolerable, toda vez que parte de la población que se beneficia de estos programas, puede hacer uso de su voto para obligar a la otra mitad a que los mantenga. Eminentes filósofos de antaño, John Stuart Mill y A. V. Dicey coincidían en que el derecho al voto debería ser suspendido para aquellas personas que reciben dádivas, durante todo el tiempo que permanezcan en la lista de recipiendarios. Si el temor de ofender y la tentación para propiciar a tales votantes fuera removida, el resultado sería una asombrosa mejora en la calidad de los candidatos para puestos públicos. Toda categoría de empleado público se elevaría.

Los impuestos progresivos sobre ingresos personales (impuesto sobre la renta) deberían abandonarse y ser sustituidos estrictamente por un impuesto proporcional. El argumento en contra de la progresividad, fue conclusivamente establecido en 1833 por el economista escocés J. R. McCulloch:

«El momento en que se abandona el principio cardinal de exigir tributo de todos los individuos, en la misma proporción de sus ingresos o de su propiedad, nos encontramos como en alta mar, sin compás ni timón, y no existe injusticia ni imprudencia que no podamos cometer».

También está claro que ninguna tasa impositiva mayor al 50% debería ser permitida. Constituye evidencia prima facie, de confiscación, cuando a un hombre se le per­mite disponer de menos de la mitad de sus ingresos para vivir.

Ya hemos visto que las tasas de impuesto sobre la renta en exceso del 50% produce ingreso casi nulo. La reforma indicada, podía llevarse a cabo dentro del término de una década, simplemente estableciendo que durante cada uno, en los próximos diez años, todas las tasas por arriba de la establecida como medidas serán reducidas paulatinamente hasta nivelar la tasa a un impuesto proporcional.

La actual omnipresencia del poder deslumbrante del gobierno debe reducirse a límites tolerables. Tradicionales liberales, desde Adam Smith, han coincidido en dos únicas funciones fundamentales del gobierno: Primero, proteger a la nación de la agresión extranjera, y Segundo, proteger a cada miembro de la sociedad, de la agresión, injusticia y opresión de otros miembros de la sociedad.

Algunos liberales agregarían otras funciones básicamente de servicios públicos, tales como el aprovisionamiento de drenajes, agua potable, y otros servicios de salud y seguridad en las ciudades, la construcción y mantenimiento de caminos y calles, la provisión de un sistema monetario confiable, el establecimiento de normas de pesos y medidas y ciertos medios de información e investigación.

Pero en cuanto a la naturaleza y límites precisos de estas otras actividades gubernamentales, existe considerable desacuerdo. Lo que sí se puede decir con confianza es que, cualquier extensión de las funciones y poderes del Estado, más allá de sus funciones esenciales, es decir, el mantenimiento de la paz y la justicia, deberá siempre ser escudriñado con celosa vigilancia, precisamente porque el gobierno tiene el monopolio de la coerción, debe acordársele solamente dicho monopolio. Sólo se puede mantener el estado dentro de los límites estrictos de su agenda de obligaciones y poderes, se podrá evitar que llegue a regimentar, a conquistar y finalmente a domar a la sociedad que le dio la luz.

La solución a nuestros problemas no es más paternalismo, ni leyes, decretos, controles, sino la restauración de la libertad y de la libre empresa, emprender la restauración de incentivos, para liberar así la tremenda energía constructiva de millones y millones de americanos.