Vencidos por su propio veto

Una torpeza política de la Secretaría General de la Presidencia le acaba de costar al gobierno una derrota significativa. El martes 7 de octubre, el Congreso desechó el veto presidencial contra el decreto 7-2025 con 86 votos, argumentando un error de forma en el documento remitido por el Ejecutivo. Así, la oposición no solo impuso su agenda, sino que desnudó la inexperiencia de un gobierno que, en su afán de centralizar el poder, comete errores de novato. El dichoso decreto permitirá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) manejar a discreción los fondos no ejecutados de este año en 2026, un año preelectoral. La razón del descalabro no fue la falta de argumentos constitucionales, sino algo mucho más elemental: olvidaron incluir el artículo de vigencia en el acuerdo gubernativo que contenía el veto.

Según el decreto 1816, cuando un acuerdo gubernativo no establece cuándo entra en vigor, se presume que lo hará tres días después de su publicación. El veto se publicó el 6 de octubre. Por tanto, entraría en vigor el 9 de octubre. Pero la Constitución otorga al presidente únicamente 15 días hábiles desde que recibe el decreto —que llegó el 12 de septiembre— para vetarlo. Esos 15 días vencieron el 6 de octubre. El veto llegó tarde. Fue, en términos jurídicos, extemporáneo. Los diputados de oposición lo advirtieron de inmediato y lo desecharon sin contemplaciones. El oficialismo apenas reunió 51 votos en contra. Este tropiezo técnico pone de manifiesto una realidad más profunda: el gobierno carece de asesores competentes en momentos críticos. No es la primera vez que cometen errores garrafales en redacción de documentos oficiales.

Aún más inquietante es la hipótesis que circula entre algunos diputados de que el error pudo ser deliberado. ¿Buscaba el presidente quedar bien con Dios y con el diablo? ¿Vetar formalmente para satisfacer a quienes lo exigían —el sector privado organizado y los todavía fans de la actual administración—, pero hacerlo mal para que la ley entrara en vigor de todas formas y quedar bien con los alcaldes y diputados distritales? Si así fuera —que lo dudo mucho—, estaríamos ante una maniobra tan cínica como contraproducente, porque dejó al Ejecutivo derrotado y sin capacidad de negociación.

Pero no se vaya a creer usted que todos están preocupados por el mejor uso de esos fondos. ¡Nada que ver! Esta disputa no es una lucha de principios entre el bien y el mal. Es una cruda pelea por definir quién controla el dinero de los tributarios para comprar voluntades de cara a las elecciones de 2027. La oposición se anota una victoria que le podría garantizar acceso a un botín de miles de millones de quetzales para aceitar su maquinaria clientelar. El oficialismo, por su parte, no buscaba proteger los recursos de la politización, sino ser ellos quienes tuvieran la llave de la caja para negociar y presionar a alcaldes y diputados, como lo han venido haciendo este año. Todo es por el dinero y el poder.

El siguiente capítulo en este combate de máscara contra cabellera es el amparo que el gobierno presentó este jueves en contra de la decisión de los diputados. Como toda disputa en Guatemala, la última palabra la tendrá la Corte de Constitucionalidad (CC). Lo único bueno de todo este relajo es que la CC tendrá la oportunidad de aclarar los debates entre los abogados y diputados. Hasta que llegue la siguiente CC y diga lo contrario, por supuesto.

Este episodio es una lección amarga. Mientras los ciudadanos sigamos viendo al Estado como un proveedor de soluciones y no como lo que es, un botín para los políticos y los burócratas, seguiremos atrapados en estas disputas estériles. La única reforma que importa es la que le devuelve el dinero y el poder de decisión al individuo.