Publicado: Guatemala, 3 de diciembre del 2024
¿Se puede confiar en las promesas políticas? Carroll Ríos de Rodríguez analiza cómo las promesas de políticos diferentes y una segunda primavera terminaron disipándose frente a las prácticas tradicionales del Congreso de Guatemala.
En un abrir y cerrar de ojos, nuestros representantes ante el Congreso aprobaron seis leyes. Un decreto crea el impuesto “a la confianza tributaria”, y regula al sector productivo primario y agropecuario, otro arbitra la competencia, y otro refiere a la Policía Nacional Civil (PNC). Además, reformaron la ley de tránsito y la ley contra la delincuencia organizada. Tras una sesión de 17 horas, dieron el visto bueno a un presupuesto gubernamental que supera los Q148 mil millones y que incluye un controversial aumento salarial para los diputados.
Muchos votantes, y especialmente los más jóvenes que confiaron en las dulces promesas del partido Semilla, se terminaron de desencantar con el proceder de sus legisladores. Sienten la náusea que suele venir después de una racha de embriaguez. Nos han curado de dos ilusiones comunes durante la campaña electoral y los primeros meses de la llamada segunda primavera. En conversación tras conversación, nos prometieron ser políticos diferentes, pulcros y desinteresados, comprometidos a obrar de forma distinta a los políticos tradicionales, tachados de conformar un pacto de corruptos. A quienes temíamos por las tendencias socialistas del Movimiento Semilla, nos instaban a despreocuparnos, pues el Congreso se integraría de forma fragmentada. Ni la bancada oficial, ni otros grupos partidistas, predecían, lograrían forjar coaliciones mayoritarias para aprobar planes radicales.
Ambas expectativas eran poco realistas. Todos los Congresos del mundo funcionan de la misma forma: los diputados deben negociar unos con otros para avanzar sus respectivas agendas. En democracias dominadas por dos grandes partidos, los acuerdos se gestan dentro de los partidos y con potenciales aliados del partido opositor. En países multipartidistas como el nuestro, las negociaciones son más necesarias y quizás un poco más visibles al público. El trueque de votos se produce porque para lograr la aprobación de las iniciativas que ellos promueven, los diputados suelen ofrecer a sus colegas votar por otras iniciativas que no son de su interés. Gradualmente, se van logrando reunir los votos necesarios para pasar por mayoría una iniciativa de ley. En cada caso, dentro de la coalición mayoritaria habrá diputados que no han leído a fondo el proyecto, ni les convence su contenido; lo respaldan simplemente por motivos estratégicos, pues a cambio otros diputados han ofrecido respaldar sus preferencias.
En otras palabras, el voto de cada diputado encierra poder, un poder que les sirve para acceder a diversos favores. Además de hacer trueque de votos con otros diputados, los legisladores reciben incentivos de cabildeadores o grupos de presión externos, que van desde el apoyo popular hasta transferencias monetarias bajo la mesa.
Pasa a un segundo plano la discusión sosegada e inteligente sobre la conveniencia para los guatemaltecos de cada proyecto de ley. Más que consideraciones sobre el bien común o los beneficios a largo plazo para la ciudadanía, privan los intereses personales de los políticos. Incluso cuando votan por impuestos o aumentos salariales, que saben serán rechazados por los ciudadanos afectados, los diputados hacen un cálculo de costo y beneficio particular y obran en consecuencia.
Los ciudadanos somos corresponsables de esta dinámica pues permanecemos apáticos y desinformados, y además tendemos a juzgar el trabajo de los legisladores con base en el número de decretos aprobados, indistintamente de la calidad de las propuestas.
Ahora que estamos conscientes de la realidad política, ¿qué podemos hacer para evitar que los legisladores vulneren nuestra vida, libertad y propiedad?