Publicado: Guatemala, 17 de febrero del 2025
¿Puede un grupo de abogados paralizar toda una ciudad? Luis Figueroa analiza el colapso vial debido a la elección de la directiva del gremio de abogados.
El viernes pasado, como colapsó el tráfico en la ciudad de Guatemala y como es posible que ocurra hoy, hijos pequeños de muchos de mis familiares, amigos y colegas pasaron entre tres y cuatro horas en los buses de sus colegios sin poder llegar a sus casas. ¿Te imaginas un bus de chiquitos con hambre, sueño y ganas de ir al baño?
Cuando vi cómo estaban las cosas, dispuse irme caminando a casa, y a las 9:30 de la noche volví a la oficina para recoger mi carro.
¿Sabes? Es posible que hoy vuelva a ocurrir algo parecido. Seguramente no será igual, porque, por ejemplo, muchos colegios dispusieron suspender clases presenciales y todo el que pueda no saldrá a las calles. Esa es una solución parcial y práctica al hecho de que la directiva del gremio de abogados le trasladará el costo de su ineptitud al resto de los habitantes de la ciudad. Se repetirá el abuso… solo porque se puede.
¿Por qué ocurrió el colapso? Porque hubo elección de directiva del gremio de abogados. No para elevar la calidad moral del gremio, ni para mejorar las prestaciones de los agremiados. No para contribuir a mejorar la administración de justicia. Sino, porque el control de aquella directiva lleva implícito el poder político para influir en la elección del fiscal general… y porque el Colegio ha de ser una piñata.
¿Por qué es valioso ese poder? Porque aquella directiva es muy importante para la guerra legal o “lawfare” que, entre nosotros, elevó a la décima potencia la mal recordada CICIG. Esa comisión hizo uso de esa mala práctica a su antojo contra los tirios y ahora estos hacen lo mismo contra los troyanos. Aquellos quieren recobrar el control de la fiscalía y estos no quieren perderlo.
Lo que ocurrió el viernes pasado, y seguramente ocurra hoy, es una oportunidad para que los ciudadanos y tributarios conversemos —con seriedad— acerca de cómo evitar que la fiscalía sea usada para la guerra legal y sirva a la justicia.
Por lo pronto, pongo sobre la mesa cinco centavos de ideas:
1. Que actores privados puedan ejercer la acción penal en delitos de acción pública, ya sea de manera directa, o como coadyuvantes. Esto implicaría redefinir el rol del Ministerio Público, y mantener su función de garante de la legalidad y del debido proceso, pero sin el monopolio de la persecución penal.
2. Que personas, o entidades privadas puedan iniciar y conducir procesos penales. Esto incluiría establecer mecanismos claros sobre: quiénes pueden ejercer la acción penal privada (por ejemplo, víctimas, familiares, o asociaciones especializadas); definir requisitos de legitimidad y representación legal, y garantías de imparcialidad y control judicial para evitar persecuciones abusivas, o malintencionadas.
3. Incorporar la figura de fiscal privado, que actuaría en representación de la víctima, o de un interés público legítimo, bajo la supervisión de jueces de control. Este fiscal privado podría: iniciar investigaciones y presentar acusaciones; y solicitar medidas cautelares y participar en audiencias y apelar decisiones judiciales.
4. Para evitar abusos, el control judicial debería ser reforzado, mediante permitir a los jueces verificar la legitimidad y proporcionalidad de las acciones penales iniciadas por privados. Esto incluiría revisar: la legalidad de las pruebas presentadas, la objetividad de la acusación y la adecuación del proceso a los derechos fundamentales.
5. Establecer salvaguardias para evitar el uso de la persecución penal privada como mecanismo de venganza, o coacción, como: sanciones por denuncias maliciosas; y requisitos de solvencia moral y profesional para los fiscales privados.
Si no cuestionamos el uso político de la fiscalía, seguiremos siendo rehenes de intereses ajenos a la justicia; y la conversación debe empezar hoy.