Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 12 de septiembre del 2025
¿Reforma o saqueo? Jorge Jacobs explica cómo tanto el oficialismo como la oposición usan el presupuesto como botín político, sin interés en la transparencia ni en el bien común.
El Congreso acaba de reconfigurar el mapa político. Tras la aprobación y ratificación del decreto 7-2025, la oposición ha dado el banderazo de salida para la campaña electoral de 2027. Lo tragicómico es que la carrera la van a correr en 2026 y la van a pagar con sus impuestos y los míos.
No nos engañemos. Esta no es una batalla por el bien de Guatemala, es una vulgar lucha por ver qué grupo político se gasta nuestro dinero para comprar votos en las elecciones generales de 2027. La oposición ya se adelantó. Aprobaron de urgencia nacional una ley que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a guardar el dinero que no gasten este año para gastarlo libremente en el año preelectoral. ¿El botín? Hasta Q9,000 millones. Una piñata en bandeja de plata para diputados distritales, alcaldes y contratistas.
Esta movida, claro, no salió del vacío. Es la reacción a un Ejecutivo que, por medio del Ministerio de Finanzas, les ha bloqueado sistemáticamente la transferencia de fondos, usándolo como instrumento de chantaje político. La oposición, harta de la extorsión, cambió las reglas. Con el decreto no solo aseguran los fondos para sus proyectos clientelares, sino que se preparan para controlar la junta directiva del Congreso en 2026 y, con ello, tener una alta incidencia en la elección de magistrados del TSE y la CC, además del próximo fiscal general.
Pero, ¿el oficialismo defiende la buena utilización del dinero de los tributarios? Por supuesto que no. Su objetivo es el mismo: ser ellos quienes gasten a manos llenas en el año previo a las elecciones. Mientras rechazan el decreto 7-2025, buscan desesperadamente la aprobación del presupuesto 2026 y promueven su propia iniciativa para liberarse de la Ley de Contrataciones, un “cheque en blanco” para la corrupción de este y todos los gobiernos venideros. Ambos quieren gastar más, más rápido y con menos controles.
Esta disputa deja al presidente Arévalo en una encrucijada. Si veta el decreto, como muchos le piden, la oposición en el Congreso muy probablemente logrará revertir su decisión con la misma mayoría calificada con la que aprobó el decreto, dejándolo con una doble derrota. Pero si lo sanciona para negociar la aprobación de su presupuesto, sus partidarios dirán, con razón, que está legitimando un sistema corrupto. En cualquier caso, la oposición ya lo debilitó, al “independizarse” presupuestariamente del Ejecutivo.
Al final, es el mismo viejo y familiar espectáculo de la política guatemalteca. Una lucha despiadada por el poder para controlar los recursos de los demás, como bien lo sentenciaba Frédéric Bastiat: “el Estado es esa ficción por medio de la cual todos buscan vivir a expensas de los demás”. Por mucho que se rasguen las vestiduras y se den golpes en el pecho, ninguno de los dos lados está interesado en el “bien común”, la eficiencia o la transparencia. Ambos consideran el presupuesto como un botín de guerra a repartirse entre ellos y sus potenciales votantes, para mantenerse en el poder. Violan principios como la anualidad del presupuesto y la rendición de cuentas, simplemente porque pueden.
La respuesta no es tomar partido por una de las bandas de zorros que se disputan el gallinero. La solución, como siempre, es hacer más pequeño el gallinero. Mientras el gobierno controle cantidades tan estratosféricas de dinero, siempre estarán los incentivos para apropiárselo, tanto para beneficio propio como para utilizarlo políticamente. La única solución es limitar el poder, reducir el tamaño del gobierno y devolverles los recursos a sus legítimos propietarios: los ciudadanos que los generamos.
P. D.: Lamento mucho el asesinato político de Charlie Kirk. Estados Unidos está pasando por momentos muy oscuros.