Publicado: Guatemala, 30 de mayo del 2025
¿Se puede acabar con la corrupción sin reducir el botín? Jorge Jacobs explica cómo el informe de la CGC revela que mientras el Estado administre un presupuesto inflado y discrecional, el cambio prometido será solo un espejismo.
El telón ha caído una vez más en el teatro anual de la fiscalización con la entrega del informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre el presupuesto 2024. Las cifras, como ya es costumbre, son de escándalo. Irregularidades detectadas por más de Q2,814 millones, y eso que, como lo he dicho siempre, lo que la CGC encuentra solo rasca la superficie de la corrupción. La pregunta del millón es: ¿quién es responsable de la corrupción?
La reacción inicial del presidente Bernardo Arévalo lo traicionó. Dijo que había que separar los hallazgos entre los que eran de Alejandro Giammattei y los suyos. Tiene razón, ya que muchos de los proyectos cuestionables, como el tristemente célebre aeródromo de carga en el puerto de San José, tienen su génesis en el período anterior. Sin embargo, hay que recordar que, con excepción de la primera quincena, durante el ejercicio fiscal 2024 Arévalo ocupó la silla presidencial.
Si a comparaciones vamos, si bien es cierto los hallazgos de la CGC en 2024 son mucho menores que los del último año de Giammattei, comparados con los del primer año de este, son muy similares, proporcionalmente hablando. ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Se mantendrá la tendencia al alza, que ha sido la norma en casi todos los gobiernos anteriores?
Adicionalmente, hay que revisar el detalle de la auditoría de la CGC para ver si entre lo atribuible a la administración anterior se incluye la “deuda de arrastre”, porque allí, en todo caso, la responsabilidad sería compartida. Baste recordar que Arévalo mismo afirmó, con una claridad que ahora se vuelve en su contra, que él seleccionaría a quién se le pagaba y a quién no.
El informe pone de manifiesto una verdad incómoda para el discurso del “cambio”: la corrupción y el malgasto no son solo fruto de la voluntad de individuos perversos, sino una consecuencia casi inevitable de un sistema institucional que otorga demasiado poder y discrecionalidad a los funcionarios para disponer de los recursos de los ciudadanos. El informe de la CGC simplemente confirma, año tras año, que la corrupción es una falla estructural, un monstruo alimentado por el patrimonialismo que permite a los gobernantes de turno tratar los fondos de los tributarios como su hacienda personal.
Como Frédéric Bastiat nos enseñó hace casi dos siglos, “el Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de todos los demás”. Mientras esa ficción se mantenga y se le permita administrar sumas inmensas con amplios márgenes de discrecionalidad, los hallazgos de la Contraloría seguirán siendo el pan nuestro de cada ejercicio fiscal, sin importar el color del gobierno.
La verdadera prueba para la administración de Arévalo no radica únicamente en denunciar la corrupción del pasado o en prometer auditorías internas. El desafío fundamental consiste en acometer reformas estructurales que limiten el poder del Estado y reduzcan drásticamente el tamaño del presupuesto. Menos recursos en manos del Gobierno significan menos oportunidades para el clientelismo, el despilfarro y la corrupción. Lamentablemente, hasta ahora han mostrado ir en la dirección contraria. El informe de la CGC debe servir como un llamado de atención. No basta con cambiar las caras si las estructuras que permiten y perpetúan el problema permanecen intactas.
La lección es clara: mientras el presupuesto permanezca inflado, la tentación de capturarlo será irresistible. La solución no pasa por multiplicar auditorías ni crear más comisiones, sino por reducir el botín. Menos dinero público significa menos oportunidades de clientelismo. A Giammattei le corresponde responder por lo sembrado; a Arévalo, por lo cosechado.