Publicado: Guatemala, 5 de diciembre del 2024
¿Es productividad o privilegio? Fritz Thomas analiza los costos reales de las negociaciones legislativas que permitieron la aprobación de un abultado presupuesto y reformas legales en Guatemala.
El paquetazo aprobado por el Congreso solo puede haber sido producto de extensa coordinación, negociación y acuerdos para culminar en una jornada legislativa tan productiva. “El regalo de botellas de mezcal personalizadas con grabados para los legisladores” que entregó un diputado exhibe un poderoso símbolo: las personas reaccionan a incentivos.
¿Le salió cara la negociación al partido oficial o a los legisladores? La respuesta es un contundente no. Los fondos repartidos para “obras”, gasto y programas de gobierno destinados a incentivar el voto afirmativo no provienen de los bolsillos de los dirigentes de los partidos ni de los funcionarios y legisladores, de manera que a ellos definitivamente no les salió caro. ¿A quién, entonces?
Fue un triunfo con goleada. En una sola extensa jornada el partido oficial logró que se aprobara, de urgencia nacional y con 140 votos, el abultado presupuesto de Q148.5 mil millones, que en realidad son Q152.3 mil millones. Con clara dedicatoria se aprobó “reformar” la Ley contra la Delincuencia Organizada, retirando una dolorosa espina al partido oficial, allanando el camino para su rehabilitación jurídica y dotando de potencia a su bancada en el Legislativo. Ante el supuesto asombro de la Junta Directiva, se logró colar un significativo aumento a los emolumentos y prebendas de los diputados.
Los frutos del paquetazo se suman a una cadena de triunfos de la X Legislatura, encabezada por el presidente Nery Ramos y Ramos. El portal de internet del Congreso despliega la noticia de que el “Pleno aprobó 20 decretos en 2º período ordinario” y procede a listar y describirlos “como resultado del acuerdo de gobernabilidad”. El primero en la lista de 20 es el decreto 17-2024, la ampliación del presupuesto 2024 por Q14.2 mil millones, de urgencia nacional, “para garantizar la atención y demandas de los guatemaltecos en situación de pobreza y extrema pobreza”. La ampliación presupuestaria parece haber brindado un tónico a la productividad legislativa. También de urgencia nacional —después de ocho años de haberse presentado por primera vez como iniciativa— se aprobó la Ley de Competencia, para “proteger y elevar el bienestar del consumidor”.
La lista de los 20 decretos que aparecen en las noticias del Congreso culmina con tres; 1) las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente el artículo 82 —que solo puede interpretarse como el rescate y blindaje del partido oficial; 2) una nueva ley de la Policía Nacional Civil, de urgencia nacional; y 3) la aprobación del presupuesto de Q148.5 mil millones, de urgencia nacional, “recursos que permitirán continuar con la reconstrucción de la nación para convertirlo en el promotor eficaz y eficiente del desarrollo”. Curiosamente, en la lista de logros legislativos, no hay mención de los 112 legisladores que aprobaron una moción para que el presupuesto del Organismo Legislativo fuera conocido de urgencia nacional. La moción incluye el aumento y prebendas para los diputados y fue promovida, entre otros, por el legislador que generosamente obsequió las botellas de mezcal.
Quién o quiénes están moviendo los hilos para conseguir la alta productividad alcanzada en el Congreso es motivo de especulación. Es innecesario especular sobre cómo se logró. ¿Cui bono?; ¿quién se beneficia? En una reciente entrevista, un expresidente del Legislativo se expresó con franqueza sobre el paquetazo: “quien negoció… usó la misma metodología que con la ampliación presupuestaria. Están compartiendo la obra”. Quienes llegaron proclamando inocencia y virtud la han perdido.