Lecciones de una calamidad

El estado de Calamidad declarado por el presidente Bernardo Arévalo en consejo de ministros fue rechazado por los diputados del Congreso de la República, con lo cual, solo estuvo en vigor un poco más de 24 horas. Yo considero que esa declaratoria era innecesaria, aparte de estar sobredimensionada, por lo cual estoy de acuerdo con que haya sido rechazada. ¿Se puede aprender algo de lo sucedido?

Pienso que el estado de Calamidad no se justificaba en las circunstancias que se tenían cuando se decretó, tomando en cuenta que en los principales incendios ya estaba bastante avanzado el proceso de apagarlos y “liquidarlos”, según reportó la misma Conred. Adicionalmente, según las proyecciones de los sistemas de verificación de la contaminación del aire, probablemente para este fin de semana se regrese a la normalidad en el área de la ciudad de Guatemala, que es otra de las razones que se argumentaron para justificar la declaratoria. A esto hay que agregar que ya empezaron las primeras lluvias de la temporada en algunas partes del territorio nacional, lo que también contribuye a controlar los incendios.

Y si el problema era la cantidad de incendios, entonces la pregunta es ¿por qué no se han tomado acciones antes al respecto? En lo que va de la temporada seca —desde noviembre— se han registrado más de 1,400 incendios en todo el país. Es decir, el problema no empezó la semana pasada, sino que se ha dado a lo largo de los casi tres meses de la nueva administración. Entonces, si ya se conocía que se estaban dando esa gran cantidad de incendios ¿por qué hasta ahora, cuando ya casi está terminando la temporada seca, se intenta hacer algo, de manera lo suficientemente apresurada como para decretar un estado de calamidad? ¿No hicieron nada al respecto en los 80 días previos? Es hasta irónico que hayan sido los diputados oficialistas quienes se opusieran a la ampliación del presupuesto de los bomberos apenas hace unas semanas y que ahora propongan un estado de Calamidad para darles fondos a ellos y a otras instituciones.

Pienso que el principal problema que tenía el estado de Calamidad era suspender el ejercicio de los derechos de libertad de acción y libertad de locomoción en todo el país. No entiendo cómo estos derechos pueden interferir en la labor de apagar incendios. El gobierno puede argumentar que es para evitar que las personas entren a áreas peligrosas o incluso para evacuar a personas que pudieran estar en peligro, sin embargo, esas eventualidades no justifican la restricción de estos derechos en todo el país y a todos sus habitantes. Es más, hasta la fecha no se han tenido problemas que ameriten este tipo de restricciones, ni siquiera cuando se estaba incendiando el volcán. En este caso, la pertinencia de limitar estos derechos en el contexto de un incendio es cuestionable e ilegítima. La regla principal debe ser la del respeto a la libertad individual.

Pero también hay que considerar, otra vez, el que a la nueva administración y a sus diputados en el Congreso les queda como anillo al dedo el refrán de que “el que al cielo escupe, en la cara le cae”. A los pocos minutos de que anunciaron la declaratoria de estado de Calamidad, empezaron a circular en las redes copias de los tweets de algunos de los diputados del Movimiento Semilla, especialmente de Samuel Pérez, condenando categóricamente los estados de excepción decretados por Alejandro Giammattei, con frases tan floridas como: “Un estado de Calamidad no soluciona la incapacidad”. No hay duda de que los estados de excepción han sido utilizados por la mayoría de los gobiernos anteriores para robar el dinero de los tributarios. La interrogante que quedó en el ambiente es si, de verdad, la nueva administración actuaría distinto.

Pues nos quedaremos sin averiguarlo, aunque hay que ver qué tanto de los Q110 millones que rápidamente asignaron para la emergencia se gastaron en las pocas horas que estuvo en vigor el estado de Calamidad.