La hipocresía del investigador investigado

La semana pasada nos enteramos de las investigaciones del Ministerio Público (MP) alrededor de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Primero fueron las declaraciones del superintendente, Marco Livio Díaz, argumentando que lo estaban investigando como consecuencia de sus denuncias en el caso B410. El superintendente incluso interpuso en amparo ante la CC “por aquello” de que lo estuvieran investigando y no se respetara su presunción de inocencia y sus derechos fundamentales. El superintendente, por lo visto, obtuvo una cucharada de su propia medicina.

Al otro día, la Feci allanó la empresa de auditoría de sus hermanos, lo que, aparentemente podría confirmar, en parte, las sospechas del superintendente. El fiscal Curruchiche argumentó que no se estaba investigando al superintendente y que este proceso no tenía nada que ver con el caso B410, aunque se enredó en sus declaraciones y no quedó realmente claro si las denuncias que investigaba provenían de compañías involucradas en este caso o no.

Ese mismo día la Corte de Constitucionalidad (CC) indicó que no le correspondía conocer el amparo del superintendente y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia. El superintendente aprovechó para pedir “licencia” en su trabajo y de una vez tomó posesión el superintendente interino.

El que el MP aparentemente no haya hecho mayores investigaciones sobre las denuncias en el caso B410, pero sí haya avanzado en las denuncias hechas hace 4 meses —después de presentado el caso B410— en contra de los hermanos del superintendente es una de las razones que tanto él, como sus defensores, han utilizado para argumentar parcialidad de parte del MP e incluso de que se trata de una persecución como represalia por esas denuncias.

En todo caso, considero que el MP debería investigar tanto las acusaciones de la SAT como las que pueda haber en contra de esta. Como ya expliqué anteriormente, esta “estructura”, en caso de comprobarse, más que tener un motivo de “defraudación tributaria” habría sido diseñada para robar el dinero de los tributarios, por lo que se debe investigar no solo la parte tributaria sino la corrupción detrás.

Volviendo a los temores del superintendente. Se está volviendo usual que muchos funcionarios, cuando detentan el poder les vienen del norte los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero cuando son ellos a los que se les va a investigar entonces hacen un escándalo y se victimizan exigiendo que se respeten sus derechos. Yo estoy muy de acuerdo en que se deben respetar los derechos constitucionales de todas las personas, hasta los de los funcionarios. Lo que me molesta sobremanera es la hipocresía de que a ellos no les importa violar los derechos de los demás, pero luego exigen que se respeten los suyos.

En el caso del superintendente, hay que recordar que promovió que se eliminaran los derechos de los ciudadanos en temas fiscales, buscando que se pueda saltar el debido proceso y el derecho de defensa, investigando sus cuentas sin pasar siquiera por el control judicial. Erróneamente muchos llaman a esto eliminar el “secreto bancario”. En realidad, lo que había en Guatemala, no era “secreto bancario” sino debido proceso, en el sentido de que la autoridad fiscal debía demostrar la causa probable para obtener la autorización de un juez para poder investigar las cuentas de los ciudadanos. Con las modificaciones que se aprobaron, se redujo considerablemente el debido proceso a favor de los ciudadanos, violando los derechos de todos. Y si por el superintendente fuera, se deberían eliminar todos los controles judiciales a este respecto. Pero ahora que es él el supuesto investigado, pega el grito en el cielo y se victimiza. ¡Qué de al pelo!