La falacia de la ley anticompetencia

Contra viento y marea, la alianza oficialista avanza hacia la aprobación de la ley anticompetencia. Ellos argumentan que es para que haya un libre mercado; yo más bien pienso que el verdadero objetivo es muy distinto: es una cuestión de poder. Poder para fregar a quien les caiga mal, a quien no concuerde con sus ideas, a quien no se pliegue a sus deseos y por qué no, al que les pueda caer mal simplemente porque es más productivo que ellos.

Y es que si lo que realmente se quisiera es que haya un verdadero libre mercado, deberían estar muy enfocados en eliminar todas las barreras de entrada y todos los obstáculos a la competencia. Pero esos no se quitan con poner más leyes porque muchos de ellos surgen de la legislación, aunque en Guatemala, la gran mayoría provienen de los reglamentos y de las “disposiciones”, permisos y autorizaciones que se han inventado en el gobierno. Precisamente porque la mayoría de las barreras de entrada a la competencia provienen de decisiones que en algún momento se han tomado en el Ejecutivo, sea la semana antepasada o hace 60 años, es que sería tan fácil liberar las fuerzas de la competencia. El presidente lo podría hacer de unos cuantos plumazos en la reunión del gabinete del próximo lunes. Para quitar el resto probablemente si tendrían que mandar algunas iniciativas al Congreso para deslegislar y desregular, lo que podría tomar un poco más de tiempo, pero el punto es que, si realmente lo que buscan es un libre mercado, lo pueden lograr muy rápidamente sin necesidad de la mentada ley anticompetencia.

O incluso, si la necesidad es tanta de tener una ley que se llame así, no hay problema, pueden ponerle ese nombre a una iniciativa que deslegisle y desregule todos los obstáculos a la competencia. En ese caso, el nombre hasta sería muy apropiado.

Para entender mejor el problema, permítame elaborar con el ejemplo que ellos mismos —bueno, los gringos— pusieron: el de la farmacia que no podía bajar los precios porque los productores y distribuidores locales les amenazaron con no venderles producto si lo daban más barato del “precio acordado”. Estoy plenamente convencido de que esa amenaza fue cierta. Es más, no me extraña para nada que se la hayan proferido. Pero lo importante es entender cuál es el problema de fondo y cómo resolverlo.

Si estuviéramos en un mercado libre, ¿cómo se respondería a esa amenaza? Simplemente, se daría la vuelta, agarra su celular y llama a sus contactos en Estados Unidos, Alemania, Suiza, India, China o cualquier otra parte, pide que le manden unos cuantos contenedores llenos de medicina para surtir sus farmacias y venderlas al precio que se le da la gana y le hace “ojitos de cangrejo” a los del cartel.

Pero entonces se encontraría con que sus contenedores se quedan bloqueados en la aduana porque para cada medicina que traiga en ellos tiene que pasar por una odisea que le puede llevar más de un año para que le aprueben su “registro sanitario”. No importa que sea una medicina que usted pueda ir a comprar “over the counter” en cualquier tienda o farmacia de Estados Unidos. Y si alguna ya tiene un distribuidor local, pues no se la registran, porque es a ese que no se la quiere vender, a quien se la tiene que comprar. Y si las quiere vender a los clientes más grandes del país —el Ministerio de Salud y el IGSS— tampoco puede porque solo lo pueden hacer los “distribuidores autorizados”.

¿Puede resolver esos problemas un “superintendente de competencia”? No. Lo que hay que hacer es quitar todas esas restricciones ridículas que son las que evitan la competencia y fomentan los abusos como el que sufrió la farmacia en cuestión. Pero no es eso lo que quieren lograr con la ley anticompetencia. Lo que van a hacer es crear una oficina burocrática con más poder discrecional que la SAT para cerrar empresas que va a ser utilizada para extorsionar a medio mundo —marque mis palabras— y para fregar a los demás.