Publicado: Guatemala, 23 de mayo del 2025
¿Tratado o Constitución? Jorge Jacobs explica cómo la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad no solo frenó una peligrosa jugada presidencial, sino que reafirmó la supremacía de la Constitución guatemalteca.
La jugada no le salió al presidente y este martes la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó claro, sin ningún lugar a dudas, que la Constitución de Guatemala es nuestra ley suprema y que ningún tratado internacional puede estar por encima de ella. Ahora probablemente nunca nos enteraremos de cuáles eran las intenciones ulteriores del presidente, o de sus asesores, al tomar tan arriesgada decisión, ya que, para variar, el tiro les salió por la culata y lo que lograron es consolidar el papel de la Constitución en la cúspide de nuestro entramado legal.
La CC, en una decisión unánime de sus cinco magistrados titulares, que no deja duda sobre el fondo de la decisión, no solo suspendió provisionalmente el acuerdo gubernativo emitido por el presidente, sino que le ordenó revocar inmediatamente la notificación ante la ONU. Los magistrados calificaron la reserva como una “cláusula de salvaguarda normativa” esencial para afirmar la supremacía constitucional e impedir que el Estado se vea obligado a incumplir su propia Constitución.
Existe la muy remota posibilidad de que no hubiera motivos ulteriores en la decisión del presidente, pero la verdad, me es difícil creerlo. Podría ser que los de las aviesas intenciones fueran sus asesores y a él simplemente se lo hayan baboseado, pero esto también me cuesta aceptarlo. El factor que más me hace dudar es que, en el comunicado donde a regañadientes dicen que acatarán lo resuelto por la CC, de una vez “aclaran” que lo que pase depende de las “normas internacionales” y de que lo “acepten las instancias internacionales”. Esta declaración deja claro que, desde el principio, los muy pícaros sabían que hacer valer de nuevo la reserva podría ser complicado. Así que es difícil creer en su inocencia cuando ellos mismos, innecesariamente, se declaran culpables de premeditación y alevosía.
Lo cierto es que, indistintamente de cuáles hayan sido las intenciones, el efecto práctico es que eliminar la reserva sobre el artículo 27 de la Convención de Viena abría la puerta para que se modificara la Constitución, jugándoles la vuelta a los candados que esta misma establece para su modificación. Ya no se necesitaría un referendo en donde la población aprobara enmiendas a la Constitución, ni mucho menos una Asamblea Nacional Constituyente. Solo sería necesaria la aprobación de una mayoría parlamentaria o, peor aún, la decisión de un presidente —como bien lo prueba este incidente—, eliminando por completo los pocos contrapesos que todavía quedan en nuestro sistema para defendernos de los abusos de poder de los gobernantes.
Y es que, lamentablemente, a la mayoría de los políticos, como tienen un tiempo tan corto para hacer sus jugarretas, el largo plazo les viene del norte. Solo les interesa aprovechar el poco tiempo que estén en el poder para lograr sus objetivos y, lo que suceda el día después de que dejen el poder, les tiene sin cuidado.
De allí que sea responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, velar por que se mantengan vigentes los controles que limiten el poder de los gobernantes, los presentes y los futuros. Para nosotros, lo ideal debe ser que el sistema tenga los suficientes límites para que, no importa que el peor y más corrupto de los representantes de la fauna política llegue al ejercicio del poder, o incluso el peor de nuestros enemigos, aun él no pueda hacer todo lo que quisiera.
En última instancia, debemos agradecerle al presidente que, por su fallida decisión, ahora ha quedado más claro el orden jerárquico constitucional en Guatemala, además de que buena parte de la población ahora conoce que existe un Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados y las implicaciones que este puede tener sobre sus vidas.