La CC desarma la excusa perfecta del gobierno

Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad —CC— puso fin a la más reciente saga de nuestra crisis institucional. En un fallo unánime, anuló la orden del juez Fredy Orellana que pretendía la “nulidad absoluta” del Movimiento Semilla —MS—. La CC fue clara: la orden era ultra vires —dictada fuera de su competencia—, la figura de “nulidad absoluta” de un partido es legalmente inexistente y los resultados electorales de 2023 son “inalterables”. La Corte incluso advirtió al juez Orellana sobre el delito de prevaricato. Esa decisión despejó la nube del supuesto “golpe de Estado”. ¿Quién ganó realmente con este episodio?

La respuesta no es tan obvia. Pienso que, paradójicamente, el más beneficiado de la jugada del Ministerio Público —MP— y Orellana fue el propio gobierno. La administración Arévalo enfrentaba su peor semana. La fuga de 20 pandilleros de Fraijanes 2 demostró un colapso en la seguridad. La huida de su exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, proyectó una sombra de culpabilidad e incompetencia. El caso Unops, activado por denuncia de la Contraloría General de Cuentas, sembró serias dudas sobre la bandera anticorrupción del oficialismo. Y el deplorable estado de las carreteras seguía acumulando costos y frustración. La incompetencia era la noticia.

Enfrentado a una narrativa de fracaso, el presidente Arévalo encontró en la orden de Orellana un escudo perfecto contra la crítica legítima. Su denuncia de “golpe de Estado” fue una maniobra políticamente astuta. Logró cambiar el eje del debate: de la incompetencia administrativa pasó a la “defensa de la democracia”. El incentivo del gobierno era claro: necesitaba un enemigo visible para desviar la atención de sus propios y graves errores. La decisión del juez le dio al gobierno exactamente lo que necesitaba: una amenaza creíble de “golpe” para movilizar apoyo político, desviar críticas de la prensa y silenciar a la oposición.

La estrategia de victimización le funcionó. La OEA se activó y la opinión pública nacional e internacional se centró en la amenaza institucional. Le sirvió para justificar la inacción, pero el precio lo pagamos todos: instituciones más débiles, menor confianza ciudadana en el sistema de justicia y precedentes peligrosos que invitan a futuras manipulaciones.

El fallo de la CC del 29 de octubre cambia todo el tablero. Al anular la orden del juez Orellana y blindar los resultados como “inalterables”, la Corte le dio una victoria jurídica al gobierno. Neutralizó la amenaza del “golpe”. Pero, al hacerlo, la CC también le arrebató al oficialismo su excusa favorita: la victimización. Ya no pueden apelar a un “golpe en curso” para justificar la parálisis, la falta de ejecución o los escándalos de su gestión.

El resultado neto de esta crisis es irónico. El gobierno sale fortalecido políticamente; ganó la batalla institucional. El Ministerio Público sale debilitado; su estrategia legal fue bloqueada y su juez aliado, Orellana, enfrenta ahora la posibilidad de un proceso disciplinario en la Corte Suprema de Justicia —CSJ—. Todo ello les resta también credibilidad a otros de sus casos, como el de la Unops.

Como algunos pocos lo veíamos venir desde los tiempos de la Cicig, cuando la administración de justicia se parcializa y la ley se aplica con criterios políticos, la legitimidad del sistema entero se va por los suelos.

Ahora corresponde a los ciudadanos exigir que todas las instituciones —incluidos los tribunales penales y el MP— respeten sus límites constitucionales y que los funcionarios respondan por sus actos cuando se extralimitan. La defensa de la República requiere vigilancia constante, no complacencia. ¿Estaremos a la altura del desafío, o permitiremos que cada crisis se convierta en una oportunidad para erosionar más el Estado de derecho?