Gasto público y corrupción: ¿relación proporcional?

Imagine que usted está en la calle, en el barrio donde vive. Siempre que pasa a unas cuadras de su casa encuentra a un borracho que le pide dinero. Las primeras veces simplemente ignora al ciudadano; sin embargo, después de su insistencia, con el paso de los días se digna a hablarle.

Le pregunta: ¿para qué vas a usar el dinero? Él responde: «fíjese que estoy ahorrando para un tratamiento contra el alcoholismo, ¿será que me ayuda?». Conmovido con sus palabras decide darle unos cuantos quetzales (moneda guatemalteca) al pobre hombre. Después de unas horas, pasa por donde estaba el borracho y se percata de que está dormido y de que en su mano tiene una botella de alcohol.

Al día siguiente, para devolverse a su casa, pasa por el mismo camino y se encuentra con el mismo borracho. Él le dice exactamente lo mismo que le dijo ayer. ¿Le volvería a dar dinero o intentaría ayudarlo de otra manera?

El último semestre del 2023 estuvo particularmente cargado con temas políticos; la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo (izquierda), ya es prácticamente un hecho. Este «outsider de la política» tuvo un discurso muy cargado hacia el desmantelamiento de la corrupción, presente en el estado de Guatemala (y en cualquier otro). Esto es, notoriamente, muy positivo; todos queremos vivir en un estado que esté libre de corrupción (de ser esto posible); sin embargo, para quienes estamos más interesados en el discurso económico del nuevo presidente, nos ha resultado particularmente extraño o contradictorio su retórica respecto a la corrupción y el gasto público.

Cuando hablamos del gasto público, lejos de tener una posición austera y adecuada a la situación del país, el nuevo gobierno ve este recurso del estado casi como la única manera de desarrollar el país. De ahí que el nuevo ministro de finanzas, cuenta una nota en el diario Prensa Libre (cuando era diputado), dice que el presupuesto de la nación es insuficiente y que probablemente se busque presentar un proyecto de expansión del mismo. Comenta que si el Estado no «invierte lo suficiente» no podrá mejorarse la calidad de vida de los ciudadanos, y es por ello que pide descomunales cifras para llevar a cabo sus planes sociales.

Por otro lado, y como ya habíamos comentado, el nuevo gobierno tiene como acérrimo enemigo a la corrupción dentro del Estado. Dicen que en su mandato no tendrá cabida, y que lucharán rampantemente para eliminarla o reducirla sustancialmente.

Ahora, es preciso definir qué entendemos por corrupción. Muchas veces la manera en la que nosotros, los ciudadanos, percibimos la corrupción, es por medios económicos; es decir, malversación de fondos o directamente robo. Esta es solo una de las aristas de este problema; sin embargo, es quizás una de las que más nos afectan, pues somos nosotros, mediante los impuestos y otro tipo de extracciones forzosas, quienes pagamos sus fechorías.

Si el nuevo gobierno dice que va a combatir la corrupción, es porque sabe o intuye que esta existe en el Estado. Luego, si el gobierno dice que va a combatir la corrupción, ¿cómo espera hacerlo alimentando su principal sostén, el gasto público?

De ahí que se presenta esta aparente relación inversa entre gasto público y corrupción. Versa de la siguiente manera: mientras mayor sea el gasto público (con la excusa social que sea), mayor será la corrupción, pues los políticos, ejecutores de la misma, tendrán mayor margen de donde sacar ingresos. Consecuentemente, mientras menor sea el gasto, menor será la corrupción, pues precisamente se tendrá menor margen para el desvío de fondos o la desaparición de los mismos.

Podría argumentarse que a pesar de que el gasto sea pequeño, la corrupción siempre estará ahí. Quien diga esto tiene toda la razón; sin embargo, estamos hablando de la reducción, mas no de la eliminación, pues para ello, deberíamos eliminar también el punto focal de la corrupción, que es el Estado mismo.

Vemos entonces la contradicción rampante de este nuevo gobierno que aún no toma el poder y ya se pisa la cola; por un lado, despotrica contra la corrupción, y dice que tiene los días contados; por otro lado, como si de un respirador artificial se tratase, aumenta las vías que tienen estos personajes «corruptos» para financiarse.

Volvamos a la analogía del borracho. Es claro que él usó el dinero que le dio para seguir bebiendo. Cuando le pidió nuevamente dinero, lo más probable es que usted le haya negado la ayuda, y haya buscado otra solución a su enfermedad. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no actuamos de la misma manera con el Gobierno? ¿Por qué asumimos —ingenuamente— que mayor gasto se traducirá en mayor eficiencia, cuando somos conscientes de que el aparataje estatal en su conjunto es ya corrupto? ¿No parece una opción mucho más sensata, si lo que se busca es realmente combatir la corrupción, acotar hasta el punto más álgido el gasto público?

Si la corrupción vive del Estado, la forma de acabar con ella nunca será darle más poder al mismo. Todo lo contrario: para debilitar y destruir la corrupción hay que debilitar y destruir al Estado.