Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 17 de octubre del 2025
¿Seguridad o teatro político? Jorge Jacobs explica cómo la fuga de pandilleros de Fraijanes 2 evidencia la corrupción estructural del sistema penitenciario y cómo las respuestas del Gobierno y el Congreso son solo gestos populistas que no resuelven las causas del problema.
Apenas tres semanas después de que EE. UU. designara al Barrio 18 como organización terrorista, nos enteramos de que 20 de sus cabecillas escaparon de Fraijanes 2, mientras el presidente viajaba por Europa. La embajada estadounidense calificó el hecho como “totalmente inaceptable” y exigió acciones inmediatas y enérgicas, advirtiendo de que los fugitivos representan una amenaza para la seguridad de su territorio. La presión diplomática, pienso, más que cualquier consideración interna, forzó finalmente a Bernardo Arévalo a “renunciar” a Francisco Jiménez.
Aparentemente, las fugas no fueron masivas, sino graduales, ocurridas desde agosto, aprovechando visitas y requisas. Un guardia penitenciario que gana poco más que el salario mínimo enfrenta sobornos de decenas o cientos de miles de quetzales. Con muy pocas probabilidades de ser cachado, la ecuación es clara: corromperse maximiza sus ingresos y, en ese ambiente, quizá hasta reduce sus riesgos. El sistema premia la búsqueda de rentas, no el cumplimiento del deber. Y no sabemos qué tan arriba llegan los sobornos, aunque las denuncias del ahora exviceministro algo dejan entrever.
Como respuesta, algo tardía, Arévalo anunció medidas cosméticas —nueva cárcel, censo biométrico, fuerza anticorrupción— que buscan controlar daños, no resolver causas. La promesa de construir una cárcel para 2,000 reos repite el fiasco del proyecto Masagua, paralizado desde 2020, pese a contar con más de Q600 millones de un préstamo del BCIE. Nada de disculpas por retener información crítica de seguridad para los guatemaltecos.
El Congreso respondió con populismo punitivo, avanzando en la aprobación de la ley “antipandillas”, que eleva las penas de varios delitos. Pero, como bien demostró Gary Becker en su análisis económico del crimen, los delincuentes evalúan la probabilidad de captura y condena, no solo la severidad del castigo. Si bien la severidad del castigo es parte de la ecuación, su certeza es más importante. Con un índice de condena inferior al 4 por ciento en Guatemala, endurecer las penas sin fortalecer la certeza del castigo es solo un teatro político. Pueden argumentar que es “lo que pueden hacer” los diputados, pero no creo que vaya a ser un disuasor contundente para los mareros. Más me temo que su único resultado tangible será otorgar más poder discrecional a fiscales y jueces, abriendo nuevas ventanillas para la corrupción y el abuso de poder.
Quizá los diputados tendrían mejores resultados si se enfocaran en fiscalizar activamente lo que hacen en el Ministerio de Gobernación y, en particular, en el Sistema Penitenciario. Por si no lo recuerdan, la fiscalización es una atribución importantísima de su puesto. ¿Será que Presidios mejoraría en algo si los funcionarios tuvieran a 160 “auditores”, realmente comprometidos, respirándoles en la nuca?
Solo espero que en su celo populista no vayan a clavar irresponsablemente a muchos guatemaltecos, condenándolos a ser acusados de financiar el terrorismo, por pagar una extorsión para evitar que lo maten a él, a algún familiar o a un empleado. “No deben pagarla”, dirán. Pero no es lo mismo decirlo que tomar la decisión con una pistola apuntándole a un hijo. Especialmente cuando está ampliamente comprobado que el sistema de seguridad y justicia del país no los protegerá de las terribles consecuencias de no ceder.
Si en Guatemala ni siquiera controlan a quienes supuestamente deberían estar bajo custodia gubernamental, ¿cómo puede el ciudadano esperar que lo protejan? La mejor prueba es que uno de los ofrecimientos ante la crisis es hacer un censo biométrico que “nunca se ha hecho”. La fuga de pandilleros no fue anomalía, sino un síntoma. Washington lo entendió antes que nosotros y actuó en consecuencia. La pregunta es si aprenderemos la lección o repetiremos el ciclo hasta perder lo poco que queda del Estado de derecho.