Emergencia de papel que pagaremos los tributarios

Solo seis días. Ese fue el tiempo que tardó el gobierno en pasar de festejar una supuesta “victoria ambiental”, por la partida de la petrolera Perenco, a declarar una “emergencia” para contratar, sin licitación y en 45 días, a un nuevo operador para gran parte de la misma infraestructura. La contradicción es tan evidente que lleva a preguntarse: ¿estamos presenciando una medida de política pública o un teatro para repartir un botín?

Veamos. El 12 de agosto se extinguió un contrato cuya fecha de caducidad se conocía desde hace 15 años. En el caso de esta administración, desde hace 18 meses. Esto no es una emergencia. Una emergencia, de acuerdo con la propia normativa sectorial, es un suceso repentino e inesperado, como un incendio o un derrame. Emplear dicha denominación para un acto ya conocido de antemano es una simulación jurídica que soslaya la Ley de Contrataciones del Estado —basándose en acuerdos gubernativos de menor jerarquía— y puede usarse para entregar a dedo un negocio. Aquí las dos posibilidades que caben son una ineptitud y negligencia de alto calibre —que sería compatible con lo que hemos visto en los meses recientes— o, simplemente, mala fe.

Pienso que puede haber una buena parte de razón en ambas. Porque luego se encuentra uno con que, aunque vendieron la idea de que la ida de Perenco era una victoria para el medioambiente, porque se acabaría la explotación petrolera, los decretos ministeriales que instauran la emergencia declaran de “interés nacional” la “explotación técnica y racional de hidrocarburos” —como lo establece la Constitución, por cierto—. Entonces, ¿cuál era el objetivo? La evidencia indica que nunca se pretendió detener la actividad petrolera, sino solamente cambiar de operador. La excusa perfecta es que ya no se hará en la Laguna del Tigre, sino en “otra parte” que no sea “área protegida”.

Lo que se ningunea es el precio que pagamos los guatemaltecos por esta maniobra. Ahora los tributarios vamos a pagar buena parte de los costos y riesgos. De entrada, US$50 millones solo para el cierre técnico de los pozos. La refinería que operaba Perenco suministraba gran parte del asfalto que se usa en el país; ahora se tendrá que importar. Otro hecho sospechoso más es que, casualmente, una compañía de un contratista del gobierno recientemente anunció que abastecerá las necesidades de asfalto con el que importará desde México. ¿Quién cubre la diferencia? Usted, por medio de más impuestos o menos carreteras.

La broma más cruel es la “victoria ambiental”. Un operador privado, interesado en defender su inversión, generaba una externalidad positiva: un perímetro de seguridad que disuadía la depredación. ¿Qué pasó tan pronto como se fueron? Invasión y tala ilegal en algunas áreas que antes cuidaba la petrolera. Esto no es nuevo, ya que esa área “protegida” tiene años de ser depredada con tala ilegal, no solo para robar la madera, sino también para establecer “fincas ganaderas”, siembras de subsistencia y, por supuesto, facilidades para el trasiego de drogas, armas y más. Y todo porque el gobierno ha sido incapaz de cuidarlo. Era de esperarse que, ahora que ya no estaría Perenco cuidando su área de influencia, esta sería presa de las mismas desgracias que el resto del parque.

Esta crisis inventada es un atajo para generar rentas para “alguien”. 45 días es una barrera de entrada para cualquier empresa seria que no disponga de información privilegiada, lo que levanta sospechas de que el ganador ya está decidido de antemano, apuntando los rumores incluso a personas cercanas al poder. La respuesta a este absurdo no es una emergencia falsa, sino revocar esa declaratoria y llamar a una licitación internacional, abierta y transparente.