Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 5 de septiembre del 2025
¿Prioridad nacional o cálculo electoral? Jorge Jacobs expone cómo el proyecto de gasto público para 2026 no es un plan de desarrollo, sino una plataforma política financiada con deuda y más impuestos.
La semana comenzó con el Ejecutivo entregando al Congreso el proyecto de Presupuesto de Malgasto y Despilfarro del gobierno para el año entrante por Q163,783.4 millones. Un número tan grande que deja de tener sentido. Pero detrás del número gigante hay una realidad incómoda: este no es un plan técnico para el desarrollo de Guatemala, sino una plataforma política abierta pagada por todos. Es una herramienta para concentrar poder, no para crear riqueza, y el Congreso debe rechazarlo.
El gobierno tiene abierto el grifo del gasto desde hace casi dos años; los presupuestos han aumentado, pero ¿dónde están los resultados concretos para el ciudadano que los costea? ¿Dónde están las —ya ni siquiera se les puede poner el calificativo de “grandes”— obras de infraestructura? No se han construido. En cambio, la inseguridad crece y las vías se derrumban. Y a pesar de esta manifiesta incapacidad y fracaso, ahora exigen un aumento de gastos, elevando, como siempre, el monto a dilapidar.
La excusa para justificar el despilfarro es la eterna “inversión social”. Pero los números muestran otra cosa. Casi el 70 por ciento se destinará a gastos de funcionamiento. Es decir, a financiar la creciente burocracia, los sueldos y las facturas de un gobierno cada vez más obeso e ineficiente. El gasto en infraestructura, ese que supuestamente tendría alguna posibilidad de generar “capital” en el largo plazo, solo llega al 17.5 por ciento —si es que ahora sí lo ejecutan—. ¿Y cómo piensa cubrir el agujero de más de Q33 millardos? Endeudándonos más.
Esto no es un error, es un diseño. 2026 es año preelectoral. La táctica está clara: endeudarnos a más no poder este año, gastar poco —como ya revelan las cifras de 2025— y acumular esos recursos para utilizarlos el año que viene en una avalancha de programas sociales y proyectos clientelares. El caso más indignante es el del Ministerio de Desarrollo Social: a pesar de su trayectoria de subejecución y corrupción, le quieren aumentar el presupuesto en 42.4 por ciento. ¿La meta? Malgastar el dinero de los tributarios en la siempre fútil ambición de “comprar votos”, saludando con sombrero ajeno.
Lo que el gobierno gasta hoy, lo pagaremos todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, con los impuestos del futuro. Cada quetzal que este presupuesto destina al gasto corriente y a programas clientelares es un quetzal que le arrancan por la fuerza al sector productivo para malgastarlo. Es el costo oculto de los desvaríos de los políticos aferrándose al poder. Lo terrible es que lo único que tal vez se vea es la subvención populista; mientras que nunca veremos la empresa que no nació, el puesto de trabajo que no se generó, el guatemalteco que emigró y la innovación que se sofocó por el acaparamiento estatal.
El Congreso de la República de Guatemala todavía no es una escribanía del Ejecutivo, como ya lo es la Asamblea del vecino El Salvador. Su rol constitucional dentro de este sistema que aspira a ser una república —de papel, hasta la fecha— es ser un límite al ejercicio del poder. Aprobar este presupuesto sería un acto de negligencia histórica, una complicidad con una estrategia que sacrifica el futuro de los guatemaltecos en aras de la supervivencia política de los restos de un partido que fue. Muy atrás quedó el concepto que antes blandían de que “la corrupción está en el presupuesto”. Ahora no solo lo quieren más grande, sino que, para ajuste de penas, quieren gastar a manos llenas sin las “limitaciones” de la Ley de Contrataciones. La única respuesta digna es rechazarlo y exigir un plan austero, realista y que no siga saqueando el bolsillo de los guatemaltecos. Hay que cerrar la chequera en blanco del poder.