Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 24 de octubre del 2025
¿Ahorro o atajo inconstitucional? Jorge Jacobs explica cómo el convenio millonario con Unops sorteó el control del Congreso, vulneró la Constitución y dejó en entredicho los “ahorros” frente a comisiones altas y precios opacos.
El martes 21 de octubre, la Feci anunció el caso Unops: Corrupción Presidencial, ejecutó allanamientos, reportó capturas y solicitó retirar la inmunidad al ministro de Salud. El eje del escándalo es un memorándum con Unops por más de US$900 millones para comprar medicinas e insumos durante 47 meses. La Contraloría ya había advertido fallas graves: falta de aprobación del Congreso, pagos adelantados sin disponibilidad y precios que no cumplen las promesas de “ahorro”. ¿Qué realmente pasó en esta negociación?
El punto para mí más relevante es de índole constitucional. El artículo 171 ordena que el Congreso debe aprobar cualquier convenio internacional que comprometa montos mayores a un 1% del presupuesto del Gobierno. El acuerdo ascendió a, más o menos, Q7 mil 274 millones, más de cinco veces el umbral constitucional. Aun si se argumentara —para jugarle la vuelta a la Constitución— que la negociación es por varios años y que, por tanto, hay que “prorratearlo”, todavía el monto es un 50% mayor que el límite constitucional. Firmarlo en solitario, desde un ministerio, usurpa competencias y rompe los controles institucionales que, por lo menos en teoría, protegen los fondos de los tributarios.
Luego está el que se adelantó fondos a Unops antes de que se hicieran las modificaciones para dotar de fondos al proyecto. Por último, está la parte de los precios de las medicinas. Aquí cada uno presenta sus mejores cartas. La Contraloría hizo revisiones aleatorias en las que dice que encontró productos más baratos y más caros de los que se compraban antes del arreglo de la Unops. Por otra parte, el Gobierno presenta ejemplos de medicinas que compró más baratas de lo que se compraban antes del arreglo. Como esto es un cherry picking (escogen los que mejor prueban su punto), pues habría que ver el promedio de todo lo que han comprado, para tener una idea clara de si se ahorró algo o no. Por supuesto que hay que incrementarles a los productos comprados por medio de la Unops el porcentaje de “comisiones” que se le pagan.
Lo que nos lleva al siguiente punto. El MP argumenta que Unops cobró, en esta negociación, un 15.25% en costos administrativos, y lo compara con una negociación previa que se hizo con el IGSS, en donde cobraron solo el 4.36 por ciento. Luego está el tema de que, supuestamente, una de las razones de comprar con la Unops era para tener acceso a compras por volumen a nivel internacional, pero el MP argumenta que muchos de los proveedores son los mismos proveedores locales que ya le vendían al Gobierno. Adicionalmente, argumenta que en algunos casos se tuvieron medicinas defectuosas y que nadie se hizo responsable.
De todos estos, pienso que el argumento más sólido es que se saltaron la Constitución al “aprobar” la compra en el Ejecutivo, sin pedir la autorización del Congreso. Todo lo que hicieron a partir de allí rompió la Constitución. Para los argumentos de los precios, hay que tener más información de todos los productos comprados, no solo de algunos. En todo caso, el Gobierno podría argumentar que no llegaron a un 55% de ahorro, pero que sí lo hubo, y el MP tendrá que probar que estaban desviando fondos de esas transacciones. Ellos han dicho que tienen pruebas, pero habrá que esperar hasta que se presenten y justifiquen en un juicio para valorarlas.
Lo que no puedo aceptar como argumento es que no hay corrupción porque “es con la Unops”. Eso no garantiza nada. Apenas el día antes de la conferencia de prensa del MP, desde España extraditaron a Estados Unidos a un exfuncionario de la misma Unops, acusado de robar US$60 millones. De que puede pasar, pasa. Así que habrá que llegar hasta las últimas instancias para verificar qué realmente sucedió aquí.