Publicado: Guatemala, 10 de marzo del 2025
¿Más armas significan más homicidios? Luis Figueroa explica cómo los gobiernos autoritarios y totalitarios prefieren ciudadanos desarmados.
La afirmación de que una alta disponibilidad de armas y municiones causa más asesinatos es una simplificación que ignora hechos clave.
Primero: no hay causalidad directa entre una cosa y la otra, ya que Canadá, Finlandia y Suiza tienen tasas altas de posesión de armas y bajas de asesinatos; en tanto que Honduras, con menos armas legales per cápita y un mercado negro muy activo, ha tenido tasas de asesinatos elevadas. Segundo: en las sociedades con instituciones sólidas, la tenencia de armas no se traduce en delincuencia violenta; pero en aquellas en las que hay corrupción e impunidad —incluso si hay pocas armas— suele haber una letalidad alta. Tercero: en Hispanoamérica, gran parte de la violencia armada tiene su origen en pandilleros y mafiosos que tienen armas ilegales en sus manos; armas que no están en tus manos ni en las de don Chano de la esquina. Cuarto: la demanda de municiones no implica asesinatos, ya que muchas personas usan las que compran para la caza, el deporte o la defensa.
Las meditaciones anteriores vienen a que circula por aquí la idea de que “Si tenemos más homicidios es porque hay una gran cantidad de armas en el país; por lo tanto, hay una demanda de munición”. Por ello, la administración semillera te quiere hacer creer que es el momento para regular la supuesta “venta desmedida” de municiones.
Hace unos años, en Guatemala había “bumper stickers” que decían: “Los delincuentes prefieren víctimas desarmadas” y eso es ciertísimo; pero también los gobiernos autoritarios y totalitarios prefieren ciudadanos desarmados. ¿Te cuento?
En 2012, Hugo Chávez, en Venezuela, bajo el socialismo del siglo XXI, prohibió la venta de armas y municiones a civiles y centralizó su control en manos del Estado y las fuerzas armadas leales a su régimen; lo que coincidió con un aumento en la represión y la incapacidad de los ciudadanos para defenderse de la delincuencia y del gobierno. Tras la revolución de 1979, los sandinistas en Nicaragua restringieron la posesión de armas a los civiles, reservándola para sus milicias y fuerzas estatales; y en la era de Ortega y Murillo, esa política le facilita a aquella pareja el control sobre la población disidente.
Luego de la revolución de 1959, en Cuba, Fidel Castro restringió el acceso a armas de fuego para los civiles y esto consolidó el poder del régimen, al eliminar la posibilidad de resistencia armada contra la dictadura. Ya ni te digo qué pasó con los nazis y los soviéticos.
Dicho lo anterior, la autodefensa es un derecho humano; y desarmar a la población la deja vulnerable ante delincuentes y agresores que no respetan la ley.
Y tú ya sabes, ¿verdad? El gobierno no siempre puede garantizar protección inmediata; ni siquiera puede instalar unas gradas eléctricas en un tiempo razonable.
En un país con institucionalidad precaria, la ciudadanía armada actúa como un contrapeso contra un gobierno tentado a volverse autoritario. La posesión de armas disuade la concentración del poder y protege la soberanía popular frente a posibles abusos.
Si las personas pueden defenderse, se reduce la necesidad de una policía omnipresente, se fomenta la autonomía individual y se evita la creación de un Estado policial que limite el ejercicio de la libertad; y hablando de libertad, la posesión de armas implica un ejercicio de la responsabilidad personal. La prohibición infantiliza a la sociedad, porque supone que las personas no son capaces de manejar su libertad de forma ética y segura.
La relación entre armas, municiones y asesinatos no es lineal ni universal. Factores como la estabilidad social, el Estado de derecho y el control de la delincuencia organizada son mucho más determinantes que la simple posesión de armas por parte de la población.