Publicado: Prensa Libre/ Guatemala 13 de enero del 2026
¿Cómo evaluar el desempeño del gobierno? Carroll Ríos de Rodríguez analiza el concepto de capacidad de Estado y explica por qué un Estado más grande o más recaudador no es necesariamente uno que sirva mejor a los ciudadanos.
Sería ideal contar con una herramienta para medir con objetividad el desempeño de los gobernantes de turno. Sería maravilloso poder comparar el rendimiento de un partido gobernante con otro, y monitorear avances y retrocesos. Es por eso que algunos académicos dedican estudios a lo que se llama “capacidad de Estado”.
El análisis de la “capacidad de Estado” intenta medir la habilidad fundamental de un gobierno de alcanzar sus metas de política pública y de implementar sus decisiones.
El concepto se atribuye al sociólogo, historiador y politólogo Charles Tilly (1929-2008). Según Tilly, un gobierno busca mejorar su habilidad para cobrar impuestos, coaccionar a la población y administrar el aparato público, porque necesita prepararse para la guerra. La posibilidad de una guerra no es el único motor para desarrollar competencias, y los académicos hoy se centran en la extracción de recursos (impuestos), la provisión de bienes públicos (como infraestructura) y el manejo del orden y la seguridad (monopolio sobre la violencia) dentro del territorio.
Los estudios de la capacidad de Estado pueden caer en tres trampas. Primero, se suele equiparar capacidad de Estado con la cantidad total de impuestos recaudados, o con la recaudación real versus la proyectada. Algunos gobiernos, como los de Dinamarca o Francia, recaudan casi la mitad del producto interno bruto (PIB), mientras que en la mayoría de naciones, la recaudación oscila entre 20% y 25%. No es automáticamente superior la gestión del gobierno que más tributos recauda. Una gran aptitud extractiva no se traduce en beneficios para los gobernados, pues muchos políticos invierten mal o despilfarran los fondos estatales. Además, recordemos que, por lo general, una carga tributaria ligera y neutra contribuye al dinamismo de la economía.
La segunda trampa se presenta al asociar la capacidad de Estado con el peso del sector público vis a vis la fuerza laboral total. En los países nórdicos, como Noruega, alrededor de un tercio de la fuerza laboral trabaja en el sector público. Esos países ocupan los primeros lugares en los índices de calidad de vida, libertad económica y, por ende, capacidad de Estado. Pero una administración pública abultada no necesariamente funciona eficientemente. En países como Omán y Cuba, arriba de 75% de los trabajadores son empleados públicos, pero sus gobiernos no destacan por una capacidad de Estado ejemplar. Usualmente, las burocracias voluminosas son ineficientes, precisamente porque se esclerotizan.
Una tercera trampa consiste en asociar el bienestar general de la sociedad con la capacidad de Estado, dado que muchas veces las personas ven mejoras en su nivel de vida a pesar de, y no a causa de, la injerencia gubernamental en sus vidas. La cooperación social voluntaria impulsa el crecimiento económico; el Gobierno puede apoyar a este ágil ecosistema mediante garantías a los derechos individuales, la protección del Estado de derecho y la atención a servicios de seguridad y justicia.
No obstante, esta literatura nos invita a revisar lo que se espera de los gobernantes, y cuántos fondos deberían sustraerse de las actividades productivas para sostener el aparato estatal.
La historia reciente hace que la mayoría de guatemaltecos tengamos un sano escepticismo sobre la capacidad de estado de nuestro gobierno, con base en abundantes casos concretos de disfuncionalidad, ineficiencias, corrupción. En vez de hacer crecer la administración pública y querer cobrar más impuestos, en Guatemala convendría buscar mejoras fijando metas concretas en áreas prioritarias, como la seguridad y la infraestructura.