Publicado: Guatemala, 22 de noviembre del 2024
¿Ley de Competencia o ley de incompetencia? Jorge Jacobs explica cómo esta nueva ley lejos de promover mercados más libres, entorpece la actividad empresarial, aumenta la corrupción y encarece los productos para los consumidores.
Esta semana, los diputados aprobaron la legislación anticompetencia (la que los ingenuos denominan Ley de Competencia). Esta es una de las leyes insignia del gobierno. Según ellos, con esa legislación ahora se tendrán “precios justos” en Guatemala y todo el mundo vivirá feliz. Sigan soñando.
Considero que la aprobación de la legislación anticompetencia es un grave error que traerá serias consecuencias económicas para Guatemala. La creación de la Superintendencia de Competencia, abrirá las puertas para la corrupción y la extorsión a las empresas, además de utilizar el poder público en contra de los opositores del gobierno.
La forma correcta de incentivar la competencia es quitando todas las barreras de entrada a un mercado, y esto se logra eliminando aranceles, regulaciones y privilegios. Lo que se necesita es que exista libertad de entrada al mercado, libertad de emprender, libertad de enfrentar a otros que han emprendido previamente.
Los privilegios, por definición, evitan la competencia. De allí que, si se quiere que haya más competencia, se deben eliminar. Pero eso ni va incluido en la legislación, ni mucho menos parece pasar por la mente de los diputados. Eso queda claro en la ironía de que, justo antes de aprobar la legislación anticompetencia, los diputados aprobaron otra legislación que crea más privilegios: el régimen tributario especial para productos agropecuarios y artesanales.
Las regulaciones, especialmente si son muchas, complicadas de cumplir y, adicionalmente, si dependen de la discrecionalidad de los burócratas, también son obstáculos para la competencia. Quienes ya están operando y han cumplido con todos los requisitos, son muy felices de que los que quieren entrar a competir la tengan difícil para cumplir con todos los requerimientos.
Estos se convierten en una barrera de entrada muy difícil de vencer, especialmente para los nuevos emprendimientos que podrían ponerles competencia a los negocios establecidos. Un buen ejemplo de esto son las medicinas. La legislación anticompetencia tampoco se ocupa de esto. Es más, introduce nuevos requisitos que harán más cara la operación de las empresas.
Por último, están los aranceles y las barreras no arancelarias. Si lo que se quiere es que haya más competencia, lo que se debe hacer es eliminar todos los aranceles, los cuales también se convierten en una barrera de entrada para nuevos competidores extranjeros. Por definición, los aranceles incrementan el precio de los productos importados con relación a los locales. Nuevamente, la legislación anticompetencia, tampoco se ocupa de estos temas.
En lugar de esto, el Congreso y el Ejecutivo buscan que un grupo de burócratas dictaminen, sin estar en el mercado, a qué precio deben vender los productos o servicios las empresas y hasta por qué no deben bajar mucho los precios para no hacer “competencia desleal”. Es inverosímil que digan que quieren bajar los precios, pero una de las previsiones de la ley es que se debe ver como sospechoso cuando una empresa baja mucho los precios.
Las consecuencias de esta legislación serán más burocracia, más requisitos que deben llenar las empresas y más corrupción. Todo ello se traducirá en costos más altos para las empresas y, por consiguiente, precios más altos para los consumidores. Y eso que, a pesar de lo que dicen sus impulsores, según el Instituto para la Competitividad Económica, los precios de varios productos de la canasta básica son más bajos en Guatemala que en el resto de los países de la región, todos los cuales ya cuentan con una Ley de Competencia. ¿Tan difícil es entender esto?