¿Quién actuó ilegalmente?

El affaire de esta semana —qué aburrida sería Guatemala sin el affaire político de cada semana— giró alrededor de la destitución de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín De la Vega. El viernes pasado por la noche circuló un escueto comunicado del gobierno anunciando la destitución. Así, sin más, empezó una trifulca de dimes y diretes de ambos lados en donde todo pasó y no pasó nada, que hasta incluyó a unos shutes que “oficialmente” —lo dijeron en un comunicado— se alegraron de que echaran a la ministra.

El fin de semana pasó con la incertidumbre de qué sucedería en el ministerio. El lunes por la tarde el presidente, Bernardo Arévalo, anunció el nombramiento de un miembro fundador y financista del Movimiento Semilla, Félix Alvarado. En esa conferencia, el presidente explicó su versión de la razón para destituir a De la Vega. Arévalo explicó que la administración anterior les dejó muchos compromisos de pago de obras en ejecución que excedían más de tres veces los recursos financieros con que cuenta el gobierno, por lo que establecieron una serie de pasos para ir “repartiendo” los recursos entre las obras que se están ejecutando. De acuerdo a esos pasos, a los contratistas se les deberían hacer pagos cada 3 o 4 meses. Sin embargo, en la semana anterior detectaron pagos seguidos autorizados por la exministra que contravenían esa disposición, y que esa fue la razón por la que se le destituyó.

La tarde del martes De la Vega explicó su versión de los hechos. Indicó que ella no estuvo de acuerdo con las directrices del presidente en cuanto a que solo se podían hacer pagos a los contratistas una vez cada 3 o 4 meses —y se lo hizo saber— porque los pagos se debían de hacer de la manera que estaban estipulados en los contratos y no arbitrariamente. Explicó que si no se cumplía con los parámetros establecidos en los contratos, se podía caer en incumplimiento de estos, la responsabilidad de lo cual recaería sobre ella y no sobre el presidente. Además, al no hacer los pagos conforme lo establecen los contratos se incurre en intereses moratorios. Afirmó que la orden del presidente era “manifiestamente ilegal” y que ella no se prestó a acatarla. De la Vega explicó que todos los pagos realizados fueron sobre proyectos que ella revisó, y que solo se hicieron luego de verificar que se había cumplido con los avances establecidos en los contratos.

El presidente respondió aseverando que el esquema de pagos que planteó no viola la ley y que es la única forma de cumplir con los compromisos financieros dejados por la anterior administración. Además, argumentó, es la única forma en la que se puede garantizar que no se va a favorecer a algunos contratistas en particular, lo que, según Arévalo, abriría la puerta para la corrupción.

Esas son las versiones oficiales de cada una de las partes. Según algunos abogados, la Ley de Contrataciones y su reglamento le darían la razón a la exministra, en el sentido de que ella es la responsable de autorizar los pagos, conforme se avance en las obras, de acuerdo a lo establecido en los contratos. Los abogados del presidente disienten de esta opinión, pero, por aquello de las dudas, el ministro de Finanzas ya anunció que harán cambios urgentes al reglamento de la Ley de Contrataciones. ¿Será esa decisión una aceptación de culpa? No lo sabremos hasta que las publiquen, pero levanta sospechas el momento de hacer los cambios.

Guatebolas no se podía quedar calmada y han sido muchos los rumores que han circulado. Se rumora que los contratistas beneficiados con los pagos acelerados habrían “aceitado” la burocracia. Pero también se rumora que el aplazamiento de los pagos no sería la única orden ilegítima que el presidente habría dado. Quien sabe si alguna vez nos enteraremos de la verdad verdadera. En otras circunstancias, quizá esto no pasaría de los dimes y diretes, pero en las actuales, no debería extrañar que llegue a acusaciones formales. ¿Quién saldrá airoso? ¿Usted qué opina?