¿Se puede destituir a un funcionario con una consulta popular?

Uno de los temas principales de esta semana ha sido el anuncio del presidente Bernardo Arévalo de estar considerando solicitar una consulta popular sobre la permanencia de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). La pregunta del millón es: ¿se puede remover a un funcionario por medio de una consulta popular?

La consulta popular es un mecanismo que permite a los ciudadanos decidir sobre temas de importancia nacional. Es la forma más pura de participación ciudadana, del verdadero “poder soberano”. Ahora bien, hasta este “poder soberano” debe ceñirse a las reglas del juego constitucionales, ya que, de otra manera, sería equivalente a un “golpe de Estado”.

La Constitución de Guatemala menciona tres veces las consultas. La primera establece el “proceso consultivo” en el artículo 173, donde especifica que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”. Aquí se indica que el Tribunal Supremo Electoral las convocará a solicitud del presidente o del Congreso. Luego, en el artículo 280 se establecen las reformas constitucionales, y en el artículo transitorio 19 la consulta sobre el diferendo sobre Belice, en ambos casos dice que se utilizará el “proceso consultivo” del art. 173.

Durante la vigencia de esta Constitución se han hecho tres “procesos consultivos”, dos sobre reformas constitucionales y uno sobre el diferendo de Belice. En los dos procesos de reformas constitucionales, el de 1993, para la depuración del Congreso, y el de 1999, sobre los acuerdos de paz, participé activamente, quedando del lado ganador en ambos casos. Pero hubo otro proceso consultivo que estuvo a un paso de darse en 1993 que podría tener alguna semejanza con lo que ahora quiere hacer Arévalo. El presidente en ese momento, Ramiro De León Carpio, quería pedir apoyo popular para solicitar la renuncia de los diputados “depurables”; sin embargo, ese fue un proceso fallido del que el presidente Ramiro De León Carpio tuvo que dar marcha atrás. Por razones de espacio, contaré algunas interioridades más sobre estos procesos en el Newsletter de Libertópolis, al cual se puede suscribir en grupolibertopolis.com.

Es importante regresar a lo que comenté al inicio de que incluso el “poder soberano” de la ciudadanía debe someterse al imperio de la ley, al “estado de Derecho”, so pena de quebrantar el régimen constitucional. Un ejemplo es que no se podría hacer una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial, ya que en la Constitución claramente se prohíbe esta e incluso se prohíbe cambiar el artículo que la prohíbe. Algunos dicen que sí se podría, si primero se cambia el artículo que lo prohíbe; sin embargo, ese argumento confirma que hasta las reformas constitucionales deben sujetarse a las normas.

En este caso, el presidente podría pedir apoyo de la ciudadanía para solicitar la renuncia de Porras, como lo intentó hacer De León, pero, al final, aunque gane la consulta, estaría limitado a pedirle la renuncia, no a destituirla, porque para eso tendría que cumplir el procedimiento que ya establece la ley que básicamente impide esa destitución. Como lo he dicho en incontables ocasiones, yo me opuse a esos cambios, no tanto porque estuviera en contra de Thelma Aldana, sino por el precedente que sentaba y que además se prestaba a que se dieran situaciones como las que ahora estamos viviendo. En todo caso, lo que se debería cambiar es la Ley Orgánica del MP —aunque también está la controversia sobre la retroactividad o no de esos cambios— y para ello no se necesita hacer una consulta popular.

Y si en un hipotético caso ganara la consulta y destituye a la fuerza a Porras, sentaría un terrible precedente con el cual cualquier Congreso podría destituir al presidente por medio de una consulta popular, incluido el mismo Arévalo. ¿A eso se quiere llegar?