TÓPICO DE ACTUALIDAD
Narcotráfico y economía paralela: una lección de poder en México y Latinoamérica
Por Jorge Ruiz
El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un fenómeno criminal para convertirse en una fuerza económica y política paralela. En México y en Centroamérica, su expansión revela un orden alternativo que prospera donde el Estado ha fracasado.
El vacío del Estado y el orden del narco
En la región fronteriza entre México y Guatemala, el fenómeno del narco se ha consolidado como un poder paralelo capaz de ofrecer empleo, protección y movilidad social en aquellos lugares donde el Estado ha dejado vacíos institucionales.
Este fenómeno no se limita a México: también se ha extendido a otros países latinoamericanos, donde muchas personas optan por integrarse en redes del narcotráfico en lugar de emprender, debido a las barreras y regulaciones que impone el Estado.
En México, esta situación es evidente. Se trata de un país altamente centralizado, donde las oportunidades y la disposición para emprender se ven reducidas por la burocracia, los impuestos y las leyes federales. Así lo muestra el estudio Emprender México 2024 (Torra, Ponce y González) , de Caminos de la Libertad, en el cual se evidencia las dificultades que enfrentan las personas al intentar iniciar un negocio.
Una problemática similar se observa en Guatemala. Según el GEM Guatemala (Global Entrepreneurship Monitor, 2024), la inseguridad, la limitada dinámica de los mercados y la burocracia estatal afectan la actividad económica, replicando patrones presentes en otros países latinoamericanos.
El narco como empleador de masas
Un estudio publicado por Science en 2023 reveló un dato crudo pero esclarecedor: los carteles mexicanos emplean entre 160 000 y 185 000 personas (El País, 2023). Estas cifras sitúan a las organizaciones criminales solo detrás de enormes conglomerados como FEMSA, Walmart México, Manpower y América Móvil, pero por encima de empresas como Oxxo, Bimbo, Pemex, Coppel y Grupo Salinas.
Más allá de la cifra, el dato expone la fragilidad institucional y la erosión del Estado de derecho, así como el surgimiento de una economía que opera en mercados informales y en mercados ilegales. Según Samuel Konkin III, estos mercados —a los que denominó rojos y negros— emergen como consecuencia de regulaciones, impuestos y prohibiciones estatales.
En diversas regiones, los carteles han llegado a sustituir funciones básicas del Estado, como la provisión de seguridad y protección, convirtiéndose en estructuras coercitivas reconocidas en diferentes zonas del país.
El crimen organizado como estructura económica
Entre enero y diciembre del 2021, los carteles mexicanos reclutaron alrededor de 19 300 personas, mientras que unas 12 200 fueron pérdidas derivadas de enfrentamientos armados y detenciones. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) concentró cerca del 18 % del reclutamiento nacional, seguido del cartel de Sinaloa con un 9 %; el resto se distribuyó entre decenas de organizaciones menores.
En conjunto, estas redes criminales ya superan en número a la planta laboral de América Móvil—empresa de telecomunicaciones—, que cuenta con unos 181 mil trabajadores, y solo son superadas por FEMSA o Walmart México.
En términos económicos, los carteles operan como conglomerados que proveen empleo, protección y movilidad social. Las cifras muestran que su capacidad de absorción laboral supera, en muchos casos, a las distintas empresas formales en México.
Sin embargo, su sostenibilidad depende exclusivamente de la coerción y de una profunda descomposición moral, cuyo resultado es el asesinato, la dependencia y la instauración de «un orden paralelo», semejante a las estructuras estatales premodernas caracterizadas por el saqueo, el miedo y la violencia como mecanismos de concentración de poder.
La expansión de esta estructura económica criminal distorsiona los incentivos productivos, fomenta la expoliación mediante impuestos informales (extorsiones) y erosiona la confianza en la justicia. El capital humano, el ahorro y la competencia quedan subordinados a la lealtad impuesta por la violencia.
Crecimiento más allá de las fronteras
El fenómeno ha traspasado fronteras y jurisdicciones, y ha comenzado a replicarse en Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, el norte del Perú y Venezuela, donde los principales carteles— como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación— han encontrado socios, rutas y mano de obra local.
Algunos casos más visibles son:
- Ecuador: Los Choneros, los Latin Kings y Los Lobos
- Colombia: El Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo
- Guatemala: Los Huistas y Los Mendoza
En Guatemala, a principios del 2024, las fuerzas armadas se enfrentaron por primera vez al CJNG en medio de la creciente violencia al sur de México. Según InSight Crime (2023), la organización habría comenzado a tener presencia física desde el 2021, gracias a su alianza con Los Huistas, una organización surgida a finales de los años noventa en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.
México y Guatemala: un corredor del crimen organizado
Históricamente, México ha sido el epicentro de carteles de gran escala, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos caracterizados por su estructura de gran escala y presencia territorial.
Sin embargo, la frontera con Guatemala se ha convertido en un territorio compartido donde los carteles mexicanos colaboran con organizaciones locales —Los Huistas, Los Mendoza, Los Lorenzana, Los Pochos, entre otras redes— para controlar rutas, municipios y zonas estratégicas de tránsito de drogas de norte a sur y viceversa (Infobae, 2024).
A principios de los años 2000, el grupo criminal mexicano conocido como Los Zetas fue presuntamente reclutado para eliminar a los carteles rivales de Los Mendoza en el Petén. Este corredor ilustra la teoría de Konkin sobre los mercados rojos: cuando el Estado restringe, castiga o criminaliza actividades económicas, surgen formas paralelas de comercio que operan fuera de su control.
Impacto regional en el triángulo norte
La expansión del crimen organizado forma parte de la vida cotidiana en los tres países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), donde se replican y consolidan estructuras sociales y económicas similares a las observadas en México (Silva, 2024).
Guatemala se ha convertido en el principal corredor de tránsito y almacenamiento de cocaína; Honduras funciona como punto de embarque marítimo, y en El Salvador los vínculos con el narcotráfico se mantienen a través de pandillas locales (Ford, 2020).
Los gobiernos de estos tres países han respondido de manera diferente: Guatemala ha optado por la cooperación internacional; Honduras, con declarar estados de excepción; y El Salvador, por un régimen de detenciones masivas que supera las 80 000 capturas (UNO, 2024).
Pese a esas políticas, la violencia persiste. Guatemala registra entre 16 y 22 homicidios por cada 100 000 habitantes; Honduras, entre 35 y 38; y El Salvador redujo su tasa a menos de 3 (UNODC, 2023).
El desplazamiento también continúa en aumento. Más de 900 000 personas han huido o han sido desplazadas en la última década: 50 000 casos activos en Guatemala y 247 000 en Honduras, según (UNHCR, 2024) e (IDMC, 2025).
Mercados rojos y la lección de Konkin
Para comprender el fenómeno de los carteles mexicanos y su expansión regional, resulta útil retomar las ideas de Samuel Edward Konkin III (1983), quien desarrolló el concepto de contraeconomía.
Konkin definió la contraeconomía como todas las actividades económicas que ocurren fuera del control y la regulación estatal, y las clasificó en mercados negros, rojos y grises. Puntualizó también la existencia de una contraeconomía ética, basada en intercambios voluntarios y no agresivos: transacciones prohibidas por el Estado, pero realizadas sin violencia. El mercado rojo, por el contrario, constituye una distorsión violenta de esta lógica ética.
Enfocándonos principalmente en los mercados rojos (actividades ilegales que incluyen el asesinato o el robo), las mafias ejecutan represalias violentas cuando perciben que su monopolio está en riesgo.
La lógica de estos mercados violentos no puede explicarse únicamente desde la economía del crimen; debe analizarse en términos de teoría del poder: cuando el Estado interfiere con el orden natural del intercambio.
La ética de la libertad frente al orden del miedo
La experiencia regional muestra que la seguridad no se alcanza mediante incrementos policiales ni por la vía de los estados de excepción, sino mediante instituciones sólidas y mercados libres capaces de ofrecer alternativas reales.
Analizar la legalización de las drogas y su impacto podría debilitar las estructuras del narcotráfico, ya que una parte significativa de su financiamiento proviene de esta actividad. Ello facilitaría la intervención estatal para reducir su poder económico.
Cuando el individuo percibe que el crimen organizado ofrece más seguridad y futuro que el propio Estado, el problema deja de ser policial y se convierte en un dilema ético: una cuestión de confianza, legitimidad y responsabilidad individual.
En última instancia, la libertad solo florece donde los individuos pueden intercambiar bienes y servicios de manera voluntaria y responsable. Ese orden espontáneo —como lo describe Hayek— surge de la cooperación, no de la coerción. Lo que hoy vivimos, en cambio, es un orden paralelo sustentado en el miedo, la violencia y la renuncia a la libertad individual.
A diferencia del mercado negro, que suele surgir de la necesidad, el mercado rojo nace de la dominación: no busca comerciar, sino controlar.