TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXXIV, 1993 No. 784

N. D. Los dos ensayos siguientes fueron extraídos de un libro del mismo autor publicado por Unión Editorial y titulado. La Soberanía del individuo (Cuaderno Doble 13/ 14, Sept 91). El autor es economista escritor y profesor y ha encauzado sus investigaciones especialmente a través del Institute for Humane Studies.

Los intereses individuales y los Derechos del Hombre

Por Pierre Lemieux

¿Es posible propiciar el interés de todos mediante la búsqueda de los intereses privados de cada uno? ¿Cómo se concilia el interés general con los intereses individuales?

En una sociedad libre, el interés general no podría atribuirse a una mítica entidad exterior o superior a los individuos y a sus intereses respectivos. El interés general se define exclusivamente en función de los intereses individuales, pero no es el resultado de una simple suma de los intereses particulares, pues los intereses individuales no se pueden sumar como las manzanas, y la naturaleza de los mecanismos de conciliación es de una importancia crucial para la idea de interés general que aquí se debate. Existen dos métodos para conciliar los intereses individuales en un todo coherente: el mercado, es decir, la libertad y el libre intercambio, o el Estado, es decir, la política y la coerción. Esta distinción se corresponde con la que existe entre la idea moderna de la libertad individual y el mito antiguo de la libertad colectiva. Y es importante que los intereses individuales se concilien con la cooperación del libre mercado en lugar de consolidarse mediante mecanismos estatales de decisión colectiva.

Entendido como libertad colectiva, el interés general no es verdaderamente general si constriñe la libertad de un solo individuo. En los procesos estatales de decisión colectiva, la minoría política debe someterse a las decisiones colectivas so pena de sanciones penales. En consecuencia, el interés producido por la pretendida libertad colectiva nunca es general. Además, la mayoría no satisface forzosamente este interés más o menos general. En el mundo real, la tiranía de los grupos de presión es sustituida por el despotismo de la asamblea popular. La teoría olsoniana del mercado político[1] nos ha enseñado que la rivalidad de intereses particulares en la arena política conduce a la creación de privilegios estatales, corporaciones y carteles, en favor de los intereses más concentrados y de los grupos mejor organizados y en detrimento de los grupos que no están organizados, de los intereses más difusos y de la libertad de todos. En suma, los intereses individuales expresados políticamente se convierten en intereses partidistas y se suman a las intervenciones coercitivas del Estado, que privilegian a algunos intereses y destruyen la libertad individual.

Muy diferente es la concepción liberal del interés general, que propugna que los intereses individuales deben conciliarse dentro del mercado. En lugar de transformarse en intereses particulares de grupos organizados o corporativos, los intereses individuales que se canalizan en el mercado (incluso cuando se expresan a través de intermediarios asociativos) siguen sien do coherentes con su interés verdaderamente general. El interés general no es la suma de los intereses individuales en el sentido de intereses particulares cristalizados mediante procesos políticos. La única noción defendible del interés general es la de interés común que tienen todos los individuos en la existencia de una sociedad libre donde cada uno, sea un grupo o un individuo, puede perseguir pacíficamente sus propios objetivos e intereses, y mediante la rivalidad de intereses aumenta la eficacia de cada uno.

Evidentemente, esta libertad mutua exige que lo que pertenece a cada uno quede claramente identificado, que la esfera privada de cada individuo esté nítidamente delimitada. En un régimen de propiedad comunal o estatal, prácticamente cualquier acción individual compromete la propiedad y topa con el interés del prójimo, y por ello debe ser restringida la libertad individual. Por el contrario, la propiedad privada asegura la compatibilidad de las acciones y de los intereses do todos. Y puesto que todo individuo es libre de disponer a su antojo de su persona y del resto de sus propiedades, jamás consentirá un cambio si no lo cree de su interés, lo que vuelve a poner de manifiesto que toda relación, todo contrato, se ha de llevar a cabo con la unanimidad de las partes contratantes.

Propiedad, libertad y unanimidad: he ahí, pues, el verdadero eslogan de una sociedad libre. El liberalismo se apoya en una concepción realista de la naturaleza humana. El régimen liberal, en vez de permitir a los mejores hacer el mayor bien posible como déspotas ilustrado, está diseñado más bien para impedir a los peores hacer todo el mal del que serían capaces. Si San Vicente de Paúl estuviera al timón de un Estado limitado, no tendría poder para fundar el paraíso terrestre (y hay que añadir que la caridad estatal, practicada con el dinero de los demás es, cuando menos, ambigua), pero ese es el precio que hay que pagar para evitar la tiranía del primer Hitler que se presente. Y casi siempre la ambición del poder tienta más a los demonios que a los santos.

En la teoría liberal, el concepto de interés común reemplaza, pues, a la noción de interés general. La libertad individual y su manifestación económica que es el mercado definen el contenido del interés común de todos los hombres. El verdadero interés general prevalecerá así mucho más, puesto que, estando ya protegida la libertad individual, no será necesario ocuparse tanto de ella.

Naturaleza de los derechos del hombre

Del orden espontáneo y del contrato social emanan derechos individuales. Pero estos dos fundamentos de la sociedad libre suponen por sí mismos derechos fundamentales anteriores que se actualizan en la libertad y el contrato. Así, los derechos individuales constituyen otro fundamento distinto de la soberanía del individuo. ¿De dónde provienen los derechos naturales del hombre? Independientemente de que sean necesarios para explicar el orden social espontáneo o el contrato, ¿cómo se justifican?

Una primera respuesta nos remite al «consecuencialismo», esa concepción filosófica que considera los principios en función de sus consecuencias. La pregunta se convierte entonces en ésta: ¿cuáles son las consecuencias de la existencia o inexistencia de los derechos individuales? Y la respuesta es: no se puede negar los derechos fundamentales del individuo sin llegar a consecuencias que nuestro sentido moral encuentra inadmisibles. En efecto, si el individuo no tiene derechos, una de dos: o el Estado es soberano, lo cual entraña horribles consecuencias, o, todavía peor, la fuerza hace el derecho, lo que contradice la naturaleza racional del hombre y todas nuestras creencias sobre la moralidad y la justicia. Y a la inversa, los derechos naturales del individuo fundamentan un orden social espontáneo y un contrato constitucional que satisfacen el interés común de todos los hombres. Así pues, las conclusiones del argumento consecuencialistas son claras.

Encontramos otra fuente de los derechos naturales del individuo en los criterios formales y axiomáticos, como el principio del respeto a los contratos libres o la exigencia kantiana de universalización de los principios morales. Estos axiomas son connaturales y constituyen efectos eficaces de la selección natural de las instituciones. Además, sin ellos no se puede construir un sistema político que tenga unas implicaciones aceptables.

Quizás la evaluación de sus consecuencias generales proporciona el test último y necesario de los principios políticos y la demostración más convincente de la existencia de los derechos individuales. El hombre es un ser moral, capaz de evaluar los principios y sus consecuencias, y de ello se derivan los derechos individuales.

No vamos a solucionar aquí el problema de los fundamentos de los derechos individuales; basta con saber que existen y que sus fuentes no son escasas, sino más bien numerosas. Debemos proponer el punto mínimo en lo que se refiere a los derechos individuales, un mínimo que debe satisfacer el interés de todos. En ese caso los derechos naturales del individuo se definirán como libertades individuales para actuar sin coerción, es decir, libertad de proponer, sobre su propiedad o con el consentimiento de los individuos implicados, cualquier acción no violenta o no fraudulenta.

Los derechos particulares que se derivan del derecho natural son los tradicionales derechos liberales del hombre: la propiedad privada, la libertad económica y la libertad de trabajo, la libertad de circulación por la vía pública, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de legítima defensa, el derecho de resistencia a la opresión, el derecho de poseer y llevar armas. Estos derechos implican garantías jurídicas como la protección contra los registros, el derecho a no declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia, etc., y el poder de los tribunales de considerar nula toda acción del Estado que viole los derechos constitucionales. En el marco general de una sociedad en la que estos derechos son protegidos contra los ataques que puedan conculcarlos, cada individuo, evidentemente, es libre de imponerse voluntariamente limitaciones contractuales particulares al ejercicio de sus derechos, por ejemplo, aceptando una oferta de empleo condicionada al rechazo (o a la aceptación) de un sindicato

Un individuo es un individuo, y los derechos individuales, por definición, son iguales. Aunque los derechos son iguales, se muestran, sin embargo, totalmente compatibles con las diferencias biológicas o culturales o con una división del trabajo aceptada libremente. Así, la cuestión feminista se resuelve con el reconocimiento simultáneo de la igualdad de los verdaderos derechos individuales, del idéntico valor de los individuos sea cual sea su sexo, y de la libertad de los individuos para crear o aceptar acuerdos contractuales y sociales que establezcan variadas y flexibles preferencias.

En esta perspectiva, los derechos individuales son incompatibles con los derechos llamados sociales, que confieren a algunos individuos el poder de obligar a los demás a trabajar para ellos o a imponer determinadas acciones. Las únicas obligaciones del individuo consisten en la no interferencia en el ejercicio de los derechos de los demás, la obligación de contribuir de manera impersonal en la protección de los derechos y, tal vez, una obligación mínima de asistencia a los demás, definida por la evolución de las instituciones y por la lógica de los intereses unánimes de los individuos que respetan el derecho.

Los derechos del hombre, que se pueden resumir en la libertad de disponer pacíficamente de su legítima propiedad, fijan los parámetros de un contrato social acordada por individuos civilizados, así como los límites de las instituciones nacidas de su libre interacción. El orden espontáneo y el contrato social se basan en el derecho natural, que ellos aplican, precisan y protegen. En primer lugar, están los derechos individuales en sentido estricto, cuyo ejercicio se hace explícito y a veces se suaviza por medio de acuerdos coercitivos mínimos, en interés unánime de los individuos que respetan el derecho, y por medio de las disposiciones que a portan las instituciones espontáneas.


[1] N. D. Mancur Olson exponle su teoría de la acción colectiva en su Logique de l´action collective (París PUF, 1978). La idea esencial de la teoría olsoniana es que el individuo no se dedicará a la acción colectiva a no ser que la relación beneficio-costos de su propio compromiso le sea personalmente favorable. Un grupo se asociará libremente para defender intereses comunes únicamente si la relación costos-beneficios es positiva para cada uno de los individuos del grupo.