TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXXIII, 1992 No. 752

N. D. En los últimos años, la «opción pública», una nueva escuela de teoría económica ha desempeñado un papel importante pero poco conocido en la política. La filosofía de opción publica, por ejemplo, fue la base del movimiento de reducción de impuestos de fines de los setentas y principios de los ochentas y de la promulgación en 1985, por el congreso, de una histórica ley que pidió la reducción del déficit presupuestario federal. La nueva teoría obtuvo reconocimiento mundial en 1986 cuando James Buchanan, profesor que introdujo muchos de los principios de la opción pública, fue galardonado con el Premio Nobel de economía.

Jane Shaw, ex editora de la revista Business Week, es miembro del Centro de Investigación sobre Economía Política en Bozeman, Montana. Una versión anterior de este artículo se publicó en Policy Review.

La economía de Opción Pública

Jane Shaw

El papel del gobierno en las sociedades democráticas ha crecido enormemente desde la Segunda Guerra Mundial. Una razón de ello es la convicción, por parte de importantes líderes de opinión, de que el gobierno puede corregir las fallas económicas del mercado. Sin embargo, en años recientes, esa convicción ha perdido fuerza a medida que la deuda pública ha crecido desordenadamente, las reglamentaciones han ahogado a las economías y los intereses especiales han absorbido porciones cada vez mayores del gasto público.

Un grupo de economistas ha expresado sistemáticamente su duda de que el gobierno pueda corregir problemas, y ha sostenido que son casi inevitables los efectos nocivos de la intervención gubernamental. A estos iconoclastas se les llama economistas de «opción pública» y, con la adjudicación del Premio Nobel de economía de 1986 a James Buchanan, han recibido reconocimiento internacional por sus aportaciones.

La economía de opción pública se basa en una idea fundamentalmente simple pero altamente polémica: que las personas que están en el gobierno son individuos racionales y egoístas cuyas acciones pueden entender, a la luz de los incentivos que les ofrece, la función pública.

La principal inferencia de esta idea es que el gobierno no necesariamente resuelve problemas, y de hecho puede empeorarlos.

Pese a su nueva prominencia, la opción pública es rechazada por muchos académicos porque ataca las preciadas ideas de dos grupos académicos grandes e influyentes: los economistas que creen que el gobierno puede satisfacer el interés público adoptando las recetas de la «economía de bienestar social», y los politólogos que piensan que la competencia pluralista entre grupos de interés conduce al bien público.

La opción pública es polémica porque trastoca el pensamiento económico y político que ha predominado en las últimas décadas. La voz del economista Paul Samuelson, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue representativa del pensamiento en boga cuando, en la edición de 1958 de su famoso libro de texto Economics: An lntroductory Analysis (Economía: análisis introductorio), respaldó la idea de que la reglamentación gubernamental debería remplazar al «individualismo vigoroso» a fin de humanizar más la vida.

Samuelson y otros economistas minimizaron la posibilidad de que el gobierno, al tratar de compensar los defectos de la economía privada, empeorara las condiciones. Lo mismo hicieron eminentes politólogos, quienes creían como aún lo hace la mayoría que un gobierno democrático refleja la voluntad de la sociedad, aunque imperfectamente, a través de la competencia entre grupos de interés.

La opción pública sistemáticamente impugna estas benignas suposiciones acerca del gobierno.

«Remplaza un conjunto de ideas románticas e ilusorias acerca del funcionamiento de los gobiernos con un conjunto de ideas que representan mayor escepticismo», dice Buchanan. Sus teóricos sostienen que en una democracia muchas decisiones gubernamentales no reflejan verdaderamente los deseos de los ciudadanos, y que el gobierno tiene defectos predecibles por lo menos tan serios como los del mercado.

En un discurso pronunciado en 1986 poco después de recibir el Premio Nobel, Buchanan comentó que los Estados Unidos han avanzado mucho desde los románticos días de la administración del presidente John Kennedy y la «vaporosa ilusión de que todo podría ser embellecido gracias a la beneficencia del gobierno federal». Desde la inflación de la década de los setentas hasta los perversos resultados de los programas de asistencia social, las pruebas indicaron que la realidad no se apegó al sueño. Y la opción pública explicó la razón. «La contribución más importante de la opción pública», dice James Gwartney, economista de la Universidad Estatal de Florida, «es su demostración de que el fracaso del mercado nos condición suficiente para trasladar un problema al gobierno».

Los teóricos de la opción pública ven a los responsables de la toma de decisiones en el gobierno como personas racionales y egoístas, al igual que el resto de nosotros, que ven los asuntos desde su propia perspectiva personal y actúan a la luz de sus incentivos personales. Aunque los electores, los políticos y los burócratas pueden querer reflejar el «interés público», ese deseo es sólo un incentivo entre muchos y tiende a ser rebasado en importancia por otros más poderosos.

Naturalmente este criterio es el mismo can que los economistas contemplan a las personas en el mercado. Pero en éste, la gente suele asumir la responsabilidad total de sus decisiones.

En el sector público, donde las decisiones se toman colectivamente, las personas son igualmente egoístas y racionales, dicen los partidarios de la opción pública, pero los incentivos son diferentes. Cuando el legislador busca el «interés público», lo hace gastando el dinero de otras personas. De tal suerte, tiene poco incentivo personal para cerciorarse de que los gastos del gobierno sean buenos o eficientes. El resultado de este sistema de incentivos, dicen los defensores de la opción pública, es que el gobierno crece demasiado y sus operaciones se vuelven cada vez más costosas. Los intereses del pueblo en general y de las generaciones futuras se rechazan continuamente en favor del aquí y del ahora: intereses especiales mezquinos, cuya ayuda de campaña será útil en la próxima elección. La conclusión de la mayoría de los economistas de opción pública es que, cuando sea posible, las decisiones deben ser tomadas por el sector privado.

La opción pública también explica algunas críticas que durante mucho tiempo se han hecho a la burocracia. Al igual que las personas del sector privado, los burócratas suelen creer en la importancia de su misión (o no estarían ahí) y naturalmente quieren incrementar la influencia y el prestigio de su cargo. Pero en el sector privado se limita dicho orgullo profesional y enfoque estrecho. Por ejemplo, el gerente de la división de polipropileno de una compañía de productos químicos construiría más instalaciones para la producción si ello fuera posible, pero si el polipropileno no es muy redituable, el ejecutivo en jefe, responsable de la infraestructura, vetará este plan. En el sector público faltan contrapesos tales como la función de rentabilidad. Los fondos se obtienen a través de un cuerpo legislativo como el Congreso. Los congresistas no tienen incentivos directos para restringir el gasto, salvo en la medida en que los fondos que se destinen a un programa merman los fondos disponibles para otro. Ese contrapeso solía constituir una manera efectiva de equilibrar el gasto, cuando había mayores restricciones a la capacidad de reunir dinero. Pero una vez que la inflación empezó a elevar los ingresos fiscales automáticamente, y después que el gasto deficitario alcanzó aceptación, incluso esta restricción se debilitó.

El congreso asegura el crecimiento de las agencias burocráticas mediante la «ayuda recíproca», una técnica política analizada por la opción pública, que Gordon Tullock ha estudiado con especial detenimiento. En su configuración más sencilla, la ayuda recíproca es trueque de votos. Por ejemplo, un congresista apoya los subsidios a la vivienda a cambio de apoyo para el programa agrícola. Como resultado, ambas agencias obtienen el dinero que quieren, o por lo menos una buena parte de él, y la consecuencia es un gobierno más grande. El economista William A. Niskanen, entonces de la Oficina de Administración y Presupuesto, a nivel federal, sostuvo en su libro de 1971 titulado Bureaucracy and Representative Government (Burocracia y gobierno representativo), que las agencias públicas suelen ser dos veces más grandes de lo que serían si estuvieran desempeñando una función similar en el sector privado.

Otros factores reducen la capacidad de los burócratas para satisfacer el interés público. No son personas malas, pero tienen pocos incentivos para operar eficientemente pues no existe una medida confiable de eficiencia como la que hay en el sector privado. En cambio, sí existe un incentivo para parecer eficiente, ya que eso agradará a los electores.

Los burócratas tienen el incentivo de satisfacer a las personas a las que someten a reglamentación o con las que tienen un trato estrecho, como lo demostró George Stigler, Premio Nobel de economía en 1982, con su teoría de la «captura» de las agencias reglamentadoras por los grupos reglamentados. La estrecha asociación de los servidores públicos con los que se benefician de las decisiones de la agencia sean éstos compañías transportistas o grupos ambientalistas tiende a entorpecer su voluntad de satisfacer los intereses más amplios del público en su conjunto.

Para corregir problemas gubernamentales importantes como el déficit presupuestario, los teóricos de la opción pública buscan cambios en las reglas que limiten más la capacidad de los políticos para satisfacer intereses especiales.

De hecho, a los seguidores de Buchanan se les conoce por su trabajo de «economía constitucional», es decir, investigaciones de las reglas subyacentes que afectan la manera en que se toman las decisiones políticas. Buchanan espera que se produzca una reforma mediante el cambio de las reglas constitucionales; por ejemplo, enmendando la Constitución de los Estados Unidos para prohibir al gobierno que caiga en déficit. «El objeto de la investigación constitucional es ver que las limitaciones, reglas e instituciones reduzcan la importancia de comportamiento político interesado», dice Buchanan.

El modelo de opción pública también pretende cambiar los incentivos de los burócratas.

Gordon Tullock y William Niskanen han propuesto que se estimule la competencia entre oficinas gubernamentales permitiendo a varias de ellas que proporcionen el mismo servicio. Arguyen que esto mejoraría la eficiencia. Algunos defensores de la opción pública recomiendan que haya más cuotas de usuario, y que esas cuotas vayan a la agencia correspondiente y no a la Secretaría de Hacienda de los EUA. Esto sería un incentivo para atraer clientes.

La mayoría de los partidarios de la opción pública se manifiestan en favor de delegar o transferir el mayor número posible de tareas gubernamentales a los gobiernos locales. La existencia de muchos gobiernos permite que se pongan a prueba alternativas y ofrece una apariencia de competencia. Las personas pueden indicar las mejores alternativas o incluso «votar con los pies», mudándose cuando su gobierno les imponga demasiadas contribuciones o sea ineficiente.

La opción pública con sus advertencias y conocimiento de la toma de decisiones públicas empieza a cambiar la política al modificar la manera en que la gente piensa y habla del gobierno. Habiendo recibido James Buchanan el Premio Nobel por su trabajo sobre la economía de opción pública, ese cambio seguramente se acelerará.