TÓPICO DE ACTUALIDAD

Año: XXXI, 1990 No. 696

N.D. El Dr. Oscar Herdocia Lacayo es un conocido jurista, autor de varios ensayos sobre el derecho y la legislación de Nicaragua. Sus columnas han aparecido regularmente en La Prensa, único diario independiente de aquel país. Este comentario sobre las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las elecciones de febrero en Nicaragua es una condensación de un trabajo más extenso que recibimos del autor.

Una elección sandinista

Por Oscar Herdocia Lacayo

Nicaragua tendrá elecciones generales a finales de febrero y el gobierno que resulte, declarado ganador y gozará de la legitimación que da la manifestación de la voluntad popular. La opinión, pública internacional no está consciente del marco legal y de las condiciones reales bajo las cuales el proceso electoral se está desenvolviendo.

Los textos de la Constitución Sandinista y la Ley Electoral, más las circunstancias del entorno, permiten deducir que están dadas las condiciones de un fraude electoral.

La constitución vigente es de un estado totalitario y militarista; consigno la simbiosis EJERCITO -ESTADO- PARTIDO que haría imposible el gobierno de un partido diferente del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El FSLN cuenta con una fuerza pública, adscrita al partido destinada a un golpe de estado, o en el mejor de los casos, a provocar la inopia e inefectividad de un gobierno de oposición.

La celebración de un proceso electoral se ha tornado compleja. Los partidos de oposición carecen de experiencia electoral por los más de 50 años pasados bajo dictaduras de una u otra corriente. Una serie de micro partidos fomentados o manipulados por el Sandinismo complica y oscurece el cuadro político interno y distorsiona la imagen en el exterior.

La maniobra del FSLN de adelantar la fecha de la elección dio internacionalmente la apariencia de gesto democrático, pero en realidad privó a la oposición del tiempo necesario para la preparación de sus cuadros, obligándola a encarar el proceso en condiciones económicas precarias, dada la bancarrota en que se encuentra el país. No obstante, esta maniobra, para no asumir plenamente el riesgo de perder el poder, los Sandinistas dejaron vigente la fecha de la toma de posesión que se sitúa a un año de la fecha de la elección. En la Ley Electoral se preveía un período no mayor de noventa días y no menor de sesenta.

La Ley Electoral no tiene carácter constitucional, como afirma el FSLN, pues no fue promulgada en Asamblea Constituyente y ha sido ya modificada como si fuera ley ordinaria, sin los requisitos especiales que requiere la ley a nivel constitucional. Fue promulgada con la clara intención de legitimar las maniobras electorales que se están dando, y no ofrece igualdad de tratamiento a todos los partidos.

La maquinaria eleccionaria, desde el Consejo Supremo Electoral abajo, está integrada en forma desequilibrada a favor del Frente Sandinista. La ubicación de las Juntas Receptoras de Votos (mesas electorales) se hizo arbitrariamente, sin respetar la proporción habitacional, especialmente en lo rural. Ello, junto con la movilidad del electorado militar controlado por el ejército Sandinista, se presta a la manipulación.

El Consejo Supremo Electoral se ha demorado injustificadamente en la entrega de credenciales a los representantes y fiscales de los partidos de oposición; esto ha impedido la supervisión del proceso de inscripción de votantes, por lo que se han presentado ya múltiples anomalías, como se explica más adelante.

El reclutamiento obligatorio de jóvenes ha continuado, pretextando que se hace para la Reserva del Servicio Militar, cuando la ley y el compromiso del comandante Ortega, en sus pláticas de agosto, cubría la suspensión de este proceso. La conscripción militar masiva de jóvenes priva a los partidos de oposición de activistas.

Se teme la maniobra de usar con los militares, los empleados públicos y los de las empresas del estado el «voto certificado,». Este consiste en entregarles el día de la votación una papeleta ya marcada que deben depositar en las urnas; la que reciban de la mesa electoral deben entregarla en blanco a sus «supervisores». Ello es verosímil porque no se espera un control efectivo ni de la oposición, ni de los observadores internacionales. Este temor coincide con la afirmación que el gobierno usa para intimidar a sus subordinados y a los pobres campesinos de que, aunque el voto sea secreto, ellos sabrán cómo votaron.

El Art. 31 de la Ley Electoral confirió el voto a los menores de edad, pensando que es una población manejable mediante la ‘«concientización política». Esto resulta en un contrasentido jurídico pues, mientras que se les ha dado el derecho de votar no pueden ser electos a ningún cargo público.

Hay más de 300,000 nicaragüenses exiliados con derecho a votar. Su voto sin duda inclinaría decisoriamente el resultado en contra del Sandinismo. Ellos podrán inscribirse en los Consulados de. Nicaragua en sus lugares de exilio, pero para votar deben concurrir a las urnas localizadas en el último lugar de su residencia en Nicaragua. Al mismo tiempo, el gobierno ha dado la ciudadanía a miles de internacionalistas, muchos de ellos ya naturalizados que inclusive podrán optar a cargos de elección.

La manipulación más grande, no obstante, está en el proceso de inscripción de ciudadanos. Este se puede hacer mediante la presentación de partidas de nacimiento, que no tienen imagen del portador. y con «cualquier otro documento de identidad», que en la práctica significa carnets de afiliación a las organizaciones Sandinista, e inclusive carnets de identificación de ser empleado de cualquiera de las entidades del gobierno. Se acepta también que la identificación sea mediante dos testigos, cuya identidad no debe ser acreditada tampoco. La posibilidad que este criterio permite para empacar las listas de votantes es obvia. En el momento de votar, la única identificación necesaria será la tarjeta de inscripción electoral.

A este debe sumarse la falta de acceso de la oposición a los medios de comunicación. Al mismo tiempo en que el FSLN está en control de todos los medios estatales, y controla con la censura todos los medios privados, el espacio que se ha permitido a la oposición se ha repartido en cuotas entre todos los partidos, incluyendo el propio FSLN.

La ayuda internacional estaba prohibida para apoyar a las organizaciones políticas y cívicas (de hecho, la ley sigue vigente), so pena de acusación de alta traición. Últimamente, el FSLN creó el «Fondo para la Democracia», el cual se constituye con el aporte del 50% de los fondos que reciban en donación todos los partidos de oposición, el que será usufructuado por el FSLN. La mitad del fondo se otorgará a los partidos que participaron en la elección anterior. Todo el mundo sabe que solamente el FSLN y sus aliados participaron en ella.

Las próximas elecciones en Nicaragua deben tomarse por lo que son en realidad, y no por lo que aparentan.

EL PATRONO ESTADO

«En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte lenta. El viejo principio, el que no trabaje no comerá, ha sido reemplazado por uno nuevo: EL QUE NO OBEDEZCA NO COMERA».

León Trotsky, 1937