TÓPICO DE ACTUALIDAD
Año: IV, Octubre 1963 No. 67
N.D. Evidentemente, el progreso humano adelanta dos pasos y retrocede uno. Quizá los pasos equivocados sirven para saber cuál no es el camino, y así poder gozar de un adelanto neto.
La magnitud de los pasos para adelante o para atrás depende, indudablemente, de las medidas, instituciones que el hombre escoge adoptar a cambio de no adoptar otras alternativas, utilizando la razón para discriminar entre ellas. Rehusamos rebajar a la persona humana al nivel de otros animales, adoptando la filosofía marxista del determinismo, y confiamos que el continuo análisis crítico permitirá al hombre escoger el mejor camino, adoptando o abandonando sistemas, instituciones, etc., según convenga a sus intereses.
Los costos sociales de algunas medidas o sistemas adoptados son siempre difíciles de medir por sus infinitos e insospechables efectos. Al hablar de costo, nos referimos al valor subjetivo o material de aquello que no obtenemos por el hecho de emplear nuestro esfuerzo y tiempo en obtener o lograr otras alternativas.
El siguiente artículo, tomado de la carta mensual del First National City Bank, es un excelente ejemplo del costo invisible de un gobierno. Si bien todos los gobiernos son necesarios y también cuestan dinero, se puede, con facilidad y muchas veces sin querer, llegar a extremos de gobierno, a lo que se llama economía dirigida, la que indudablemente desemboca en el Estado productor de bienes, cuando ya los empleados del gobierno suman mucho más numéricamente que los empleados productores, quienes, a su vez, son en última instancia los que pagan la burocracia indirectamente con su producción. A medida que el «sector privado» disminuye, el «sector público» tiene que asumir mayores obligaciones; so pena de perecer, se convierte en «productor»…, después en principal empleador… después en único empleador…
EL COSTO INVISIBLE DEL GOBIERNO
Tomado de la carta mensual del First National City Bank de New York. Agosto de 1963.
Como es del dominio público, un gobierno cuesta muchísimo dinero. Los ingresos de todas las administraciones federal, estatal y municipal exceden de $150 mil millones al año, equivalentes a $1,400 por cada individuo adulto de los Estados Unidos. En tanto que se dedican decenas de miles de millones para situar un hombre en la Luna descrito por el expresidente Eisenhower como «el loco afán de ganar una carrera acrobática», el gobierno se ha hecho de dependientes en todo el mundo. Salen cheques para más de 40 millones de personas del país: 12 millones a los empleados y los otros a los beneficiarios de asistencia social. Por lo menos 95 naciones y territorios del exterior reciben ayuda. de EE.UU.
El costo real del gobierno sobrepasa con mucho los $150 mil millones al año. Mucha gente, después de recolectar cifras y recibos todo el año, trabajó de noche la última Semana Santa en ejercicios de aritmética según prescripción de los formularios del impuesto federal (y quizá también estatal) sobre la renta que vencía al día siguiente, 15 de abril. Nadie ha tratado de calcular las horas-hombre de penoso trabajo empleadas en la preparación de las declaraciones de impuestos. Las tasas impositivas se elevan en forma progresiva. Asimismo, el esfuerzo que requieren. Cuanto más gana el individuo y cuánto más vale su tiempo tanta más obligación tiene para amontonar documentos pormenorizados y comprender las complicaciones de la ley.
El formulario No. 1040, que 35 millones de personas necesitan utilizar, puede obligar a llenar hasta más de 500 partidas (inclusive las cédulas anexas) y hasta 200 sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El Inspector de Documentos de Washington tiene a la venta un volumen de 144 págs., que clarifica algunos tecnicismos de importancia. Pero nadie descansa satisfecho de haber entendido toda la ley. No tan sólo sufre la ley misma modificaciones continuas, sino los reglamentos cambian con frecuencia y todo el conjunto se altera a causa de las nuevas interpretaciones que se producen en los tribunales. La propia Administración de la Renta Interna (ARI) tiene un problema capital al adiestrar agentes idóneos en número de 30,000. Existen en la actualidad una serie de prósperos negocios editoriales para la publicación de libros técnicos sobre los impuestos y diversas empresas aconsejan al contribuyente. El núcleo de peritos en contribuciones fuera del gobierno está representado por 71,000 «asesores matriculados» reconocidos por la ARI.
La tarea que se le impone al individuo es mínima si se compara con la que tienen que sobrellevar los patronos. No sólo existen muchísimos formularios más, sino que los patronos tienen que hacer las veces de recaudadores de impuestos gratuitos, al separar el dinero de la paga de los trabajadores de acuerdo con una fórmula y agregan a menudo un bocado tributario impuesto al consumidor. La ARI cuenta con un personal de 64,000 y un presupuesto de $674 millones. Se trata de cantidades imponentes. Pero no cabe duda que el conjunto de empresas comerciales emplea aún más gente y gasta todavía más dinero recaudando las decenas de miles de millones de ingresos fiscales.
Y el gravamen que entraña el cálculo y avalúo de las contribuciones constituye sólo un aspecto de la cuestión. Además de la ARI y las autoridades estatales y municipales, existen millares de oficinas y entidades fiscales que ejercen jurisdicción sobre los negocios en forma traslapada. Así pues, por debajo del costo visible se encuentra un témpano de costos invisibles, que no figuran en los presupuestos de los diversos gobiernos.
PROPORCIONES DEL PROBLEMA
Tales costos se presentan en una infinita variedad de formas, desde la simple carta postal informativa de una entidad oficial hasta los procedimientos interminables que requieren los funcionarios de la reglamentación y las tediosas investigaciones iniciadas por los comités del Congreso o las agencias del Poder Ejecutivo, que suelen descubrir con demasiada frecuencia ciertos hechos conocidos de todos los que se han empeñado en hallarlos. Una empresa importante podría verse obligada a suministrar centenares y millares de cifras en un solo año. Las compilaciones fiscales producen muchas estadísticas valiosas, pero el hecho es que la cantidad de datos abruma la capacidad de personal estadística para compendiarlas. Ciertos formularios que recibe el comerciante no tienen destino más provechoso que el de enfardelarse para la venta como papeles usados.
La Segunda Comisión Hoover dio cierta idea de las dimensiones del problema a nivel federal. Se calculó, en 1955, que el Gobierno Federal gastaba $4 mil millones al año en papeleo, consumía 25 mil millones de cuartillas de papel, necesitaba un espacio para oficinas equivalente a 36 rascacielos (de la talla del Empire State Building) y depósitos con la capacidad de siete Pentágonos (como el de Washington). El manipuleo de papeles es un ejercicio más popular que las «caminatas de 50 millas». Se esparce por todo el país.
A manos de comerciantes y particulares llegan formularios que deben contestar y devolver por razones del reglamento, de estadísticas o de impuestos. Si bien la Comisión Hoover no llevó a cabo un cálculo completo del costo, llamó la atención acerca del costo privado, por «ser muchísimo más elevado que el de la Administración que suma las cifras».
Ambos costos han aumentado a partir de 1955. Según la última enumeración, el Gobierno Federal cuenta con 5,300 formularios en vigor para información corriente. Y esa cuantía no abarca los informes de la ARI, de diversas entidades, del Departamento del Tesoro y de varios estratos de funcionarios bancarios que se hallan al margen de la Ley de Informes Federales.
Además, están los informes de los gobiernos estatales y edilicios. La Comisión Hoover encontró que éstos imponen «más del 50% del gravamen de papeleo de la nación».
Como describe la situación John E. Swearingen, presidente de la Standard Oil Company, de Indiana:
Hemos llegado al momento desafortunado en el que un ojo ciclópeo de cierta entidad todopoderosa nos regula cuando: compramos o vendemos, remitimos o recibimos, contratamos o despedimos, cultivamos o fabricamos, ahorramos o gastamos, bebemos o ayunamos, ganamos o perdemos, hablamos o escuchamos.
En medio de la algarabía en torno del desarrollo económico más acelerado que implica desechar todo esfuerzo inútil y lograr más producción por hora-hombre la tendencia es hacer caso omiso de la multiplicación de los gravámenes que sobrecargan a la población para cumplir con la letra de la ley. Y en tanto que nos lamentamos de la escasez de oportunidades de empleo, se pasan por alto las reglas y reglamentos sin fin que desaniman a la gente para emprender negocios o que la incita a abandonarlos.
COSTO DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA
El costo invisible más conocido por el contribuyente promedio de EE.UU. lo constituye el papeleo relacionado con la declaración del impuesto sobre la renta. En parte debido a los elevados tipos de gabelas, el gobierno demuestra un interés propietario en el dinero que gana el individuo. Y se acrecientan día a día las dificultades que confronta la población para defender el sueldo después de hechas las deducciones. Aun así el público se mostró favorable a los cambios relativos a las cuentas de gastos incluso la obligación de mantener un diario pormenorizado incorporados en la Ley de Ingresos de 1962, con la finalidad de refrenar abusos. De este modo, la contabilidad resulta buena parte de la labor de todo aquel que tiene responsabilidades de gastar dinero con motivo de viajes comerciales.
La ARI recientemente atenuó algo las reglas en atención al consejo ofrecido por los hombres de negocios. Pero todo este papeleo resulta oneroso para la sección tributaria del patrono. Un funcionario ejecutivo citado por la revista Business Week predijo que «tendremos que arrendar un almacén por separado para literalmente guardar los millones de papeles que hay que guardar». Nadie tendrá jamás oportunidad de enterarse de todo lo que contienen. Sin embargo, la ley obliga a guardarlos por algunos años hasta que la declaración de impuestos correspondiente se verifique en la oficina de revisión de cuentas y quede aprobada o que la ley de prescripción misericordiosamente permita descartarlo todo como papeles usados.
Las sentencias de la Corte Suprema han ensanchado el alcance de los demás estratos gubernativos, acordándoles a los estados y municipalidades mayores facultades para gravar las empresas situadas allende sus límites jurisdiccionales. El significado de la carga que impone ese papeleo quedó explicado con gran eficacia ante el Subcomité Especial de la Cámara que trata de la Tributación Estatal y del Comercio Interestatal en junio de 1962, por Werner N. Davidson, secretario-tesorero de la Caloric Corporation:
El costo de un personal más numeroso dedicado a manejar sólo documentación del impuesto estatal, el espacio necesario para archivar registros, inútiles por otro concepto, el cesto de otro duplicado de las facturas correspondientes a cada operación con el cliente, encarecería por lo menos en $20,000 al año el costo de los negocios…
Al tomar en cuenta el tiempo empleado por la máquina, los salarios pagados al personal que se ocupa de declarar los impuestos, las subscripciones para servicios tributarios, interminable correspondencia con funcionarios de contribuciones, el pago de los viajes y la dieta para revisores de cuentas de los estados extranjeros, gastamos $50,000 más al año.
Nuestra empresa y sus subsidiarias presentan 999 declaraciones de impuestos de toda especie en el curso de un año y el costo de cada una es de $70.
Después de un año de tal testimonio, el Sr. Davidson manifiesta que el número de declaraciones de impuestos se ha elevado a 1,140. Las empresas más grandes tienen aún mayor cantidad. La Unión Carbide Corporation solía presentar 3,600 formularios de impuestos al año en 1959.
COSTOS TOMADOS DE EXPERIENCIAS REALES
En 1959 se presentaron otros casos al Subcomité del Censo y de Estadísticas Gubernativas de la Cámara. Uno de los más notables fue el de un fabricante del medio oeste que conservó los registros pormenorizados de un año:
Durante el año, la empresa preparó 173 formularios federales diferentes, en una gama de frecuencia desde la presentación diaria hasta la anual y comprendiendo 37,683 informes. La carga. de trabajo representó 48,285 horas. Además, la compañía recibió una cantidad de formularios federales de otra clase, presumiblemente voluntarios, que no se contestaron porque se objetó la repetición evidente, se pensó que la información solicitada era confidencial o por otras razones… Las solicitudes recibidas de las entidades estatales que se respondieron comprendían 63 formularios diversos que representaban la presentación de 1,145 informes, al costo de 3,266 horas.
En tanto que es difícil generalizar, la obligación de informar surge al nacer una empresa novata y perdura sin tregua distrayéndola de la tarea de subsistir. Las exigencias denotan la tendencia a ser más pesadas en el caso de las compañías más grandes, de empresas que reciben contratos fiscales y de las firmas que se ocupan de productos agrícolas.
Es característico de las industrias reglamentarias que tengan un volumen mayor de informes impuestos por el gobierno y de sistemas de archivos de gastos que el resto de los negocios en general. Después del estudio de la. Comisión Hoover en 1955, se adelantó un tanto en ciertas industrias hacia la simplificación y reducción de la carga de trabajo ocasionada por los informes. Se produce la corriente opuesta en el ramo bancario, que este año está obligado a declarar por escrito los pormenores de toda cuenta que haya recibido $10 o más de intereses. Además, al igual que otras entidades que pagan intereses o dividendos, los bancos dedican una buena parte de su tiempo a obtener los números del Seguro Social de la clientela para informar a la ARI.
El caso clásico es, naturalmente, el del negocio ferrocarrilero, puesto en 1887 bajo la vigilancia de la Comisión de Comercio Interestatal. Los informes requeridos para hacer frente a las necesidades del día han ido acrecentándose de decenio en decenio, hasta que la industria se halló preocupada con el papeleo. Le tomó 10 páginas para listar los títulos de 164 informes, en 1954, la última vez que la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles hizo la lista de los informes que imponen las entidades federales. La lista no comprendía los informes relativos al envío postal de todo ello.
Se exige la presentación anual de algunos informes; otros cada semestre, trimestre, mes, semana, diario, o a medida que ocurren eventos. El informe anual más extenso, «Formulario A», de la CCI, abarca 117 páginas de horarios detallados.
Un informe mensual del Departamento de Agricultura se titula:
Informe para el USDA, San Francisco, de la cantidad de vagonadas de maíz que pasan por Needles, California, con rumbo al oeste.
Tan detallados informes constituyen únicamente un aspecto del problema general de exceso de reglamentación de los ferrocarriles; sólo los informes a la CCI se calcula que cuestan más de $5 millones al año.
El resto del ramo de servicios públicos confronta problemas parecidos. La Comisión Hoover informó en 1955 que a las compañías de gas y electricidad les cuesta más de $14 millones al año preparar solicitudes para el cambio de tarifas. Citó un ejemplo de lo costoso que resulta el asunto de tarifas:
Una empresa atiborra su avión con varias toneladas de documentos y diagramas del caso. Los funcionarios de la compañía se encuentran obligados a volar a Washington por separado en aviones comerciales. Después, uno o más agentes de la. Comisión Federal de Energía visitan la empresa.
Evidencia de lo demorado del proceso es el hecho que el agente fiscal suele comprar o arrendar una casa en la localidad, investiga las escuelas para sus hijos, etc. Allí emprende la revisión de los libros de la compañía para verificar si confirman los hechos del informe. En la práctica casi nunca está de acuerdo con los costos que pretende la empresa. Por lo tanto, sus sugerencias obligan a la compañía a revisar los pormenores voluminosos compilados originalmente.
Se calcula, en el ramo, que $14 millones resulta una cifra conservadora del costo de tramitar tarifas, y casos como el que se cita, no son inusitados.
PESADILLAS A LA LUZ DEL DÍA
Aun si el fabricante o distribuidor no está sometido a una reglamentación especial, acaso se vea enfrascado en procedimientos onerosos parecidos. Existe el peligro perpetuo de la posibilidad de enredarse con las leyes antimonopolistas, vagas pero potentes.
Por ejemplo: en 1959, tres compañías salineras Morton, International y Diamond Crystal fueron acusadas de fijar los precios de la tal gema. Al cabo de dos años y medio, el jurado federal no las encontró culpables. Entretanto, la labor de acumular datos y materiales para la defensa más los honorarios de los abogados había costado $775,000 a las tres empresas, suma muchísimo mayor que las multas de $150,000 que hubiesen tenido que pagar en caso de ser declaradas culpables. Pero el costo invisible se extiende más allá de esas cifras. Como lo informó el periódico Wall Street Journal, el presidente de la Morton Salt Company, Daniel Peterkin, describió los efectos que perdurarán.
Contamos más de una centuria en los negocios y creemos gozar de una reputación excelente. Cuando se le acusa a uno de violar la ley, especialmente la del antimonopolio, resulta perjudicado en extremo. El daño perdura después de ser declarado inocente. El mero hecho de ser acusado basta para lesionarlo a uno en la opinión de muchos.
Un caso similar, pero mucho más prolongado, comprometió a la Standard Oil of Indiana, que fue citada por supuesta discriminación de precios en 1940 ante la Comisión Federal de Comercio. Después de un litigio muy largo que implicó dos viajes a la Corte Suprema, la compañía ganó el caso a la postre en 1958.
Sin embargo, el Presidente Swearingen halló que el triunfo justificaba su costo:
En nuestra opinión, el efecto real fue de preservar el sistema de libre competencia en el comercio norteamericano; pero significó el empeño de 17 años costosos de litigación para lograrlo. Y para preservar el derecho de competencia, tuvimos que luchar contra una entidad federal originalmente establecida para garantizar la continuidad de la competencia efectiva…
Me parece que se trata de algo que puede producir pesadillas a la luz del día, a cualquier comerciante responsable. En el caso nuestro, la persistente amenaza contra nuestra capacidad de competencia también amenazaba los intereses de millares de accionistas y empleados.
ENSAYOS PARA RESISTIR LA CORRIENTE
En tanto que la creciente carga del papeleo y de los demás gastos impuestos por el gobierno han provocado repetidas protestas, no han tenido gran éxito los esfuerzos tendientes a detener la corriente.
En una época en que la II Guerra Mundial había estimulado una enorme efusión de reglamentos fiscales y de solicitudes de datos en 1942, el Congreso aprobó la Ley de Informes Federales, que autoriza a la Oficina del Presupuesto a coordinar los informes federales con el fin de evitar repeticiones y de paliar la carga que entrañan. Se complementó la autorización por acuerdo presidencial en 1951, durante el conflicto coreano.
La Sección de Normas Estadísticas de la Oficina del Censo, encargada de esta función, ha logrado que se organice mejor el sistema de estadísticas federales y que se tomen en cuenta las necesidades del público de las entidades consultadas. Un Consejo Asesor de Informes Federales, bajo los auspicios de cinco grupos nacionales de comercio, ha ayudado a lograr dicha mejora.
La Comisión Hoover fue la que dio el impulso del caso a esas entidades. Pero, como lo indica la Sección de Normas Estadísticas, el progreso es lento y necesita esfuerzos persistentes, porque los cambios en los informes administrativos «implican cuestiones legales o de normas gubernativas».
EL MEOLLO DEL PROBLEMA
He ahí la esencia del problema. El crecimiento del «costo invisible» ha acompañado la expansión de las actividades gubernativas, a través de la Gran Depresión, de dos guerras importantes y del brote de un Estado benefactor de la posguerra.
Al distribuirse más y más dinero por intermedio de entidades públicas y reglamentarse más las actividades privadas por parte del gobierno, los funcionarios públicos buscan más información minuciosa con respecto a lo que ocurre. De ahí más papeleo.
Tal vez no se trata de un accidente el hecho que la entidad que dispone de mayor abundancia de informes que requieran reglamentación la Secretaría de Agricultura sea la que confrontase una rebelión abierta en mayo pasado, cuando los cultivadores de trigo rechazaron los elevados precios mínimos y controles más estrictos en un referéndum nacional. Llega, pues, el momento en que individuos pletóricos de dignidad resisten la usurpación de su independencia y libertad.
Casi lo peor que le puede ocurrir a la población es convertirse en servidores del Estado. Cabe recordar la advertencia de Alexis de Tocqueville, hace más de una centuria, al describir cómo pudiera el despotismo subyugar a la sociedad democrática:
Por encima de esta estirpe de hombres está presente un poder inmenso y tutelar, que se atribuye para sí solo el procurarles sus recompensas y el cuidarles su destino. Ese poder es absoluto, minucioso, cabal, providente y atemperado…
Después de que, con éxito, agarra dentro de su poderoso puño a cada miembro de la comunidad, lo ha modelado a su voluntad, entonces extiende su brazo sobre toda la comunidad. Cubre la superficie de la sociedad con una red de complicadas reglas, minuciosas y uniformes, a través de la cual no pueden penetrar para elevarse sobre la muchedumbre, ni las mentalidades más originales ni los caracteres más enérgicos. La voluntad del hombre no se quebranta, sino se ablanda, dobla y guía; rara vez obliga a los hombres a actuar, pero constantemente se refrenan sus actos.
Tal poder no destruye, pero evita la existencia; no tiraniza pero comprime, enerva, extingue y estupifica a la gente, hasta que cada nación se reduce a nada mejor que un rebaño de animales tímidos e industriosos, de quienes el gobierno es el pastor.