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03 de marzo, 2020

Sobre la ley de competencia.

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Marcela Porta

¿QUÉ ES LA LEY DE COMPETENCIA?

La ley 5074 o Ley de Competencia fue propuesta en el 2016 por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, como sugerencia de la Unión Europea y como parte de la política Centroamericana. con el fin de “[…] fortalecer la competitividad y la capacidad de atraer inversiones […]”. En teoría, esta ley nos abre las puertas al mercado europeo, con sus 500 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.

En resumen, con ella se pretende evitar que en el territorio guatemalteco existan:

  1. Los monopolios en cualquier industria.
  2. Los privilegios particulares para agentes económicos.
  3. La manipulación de agentes de mercado y su producción, que perjudiquen la competencia.
  4. Las subvenciones cruzadas y actos anticompetitivos (manipulación de los precios y la producción, sobornos, entrega de información que compromete a otros competidores, etc.).
  5. Reparticiones de los grupos objetivos o del territorio, entre proveedores de un producto.
  6. Compras o ventas de productos, con el propósito de perjudicar a la competencia.
  7. Abstenciones de compras y ventas de materia prima o productos, con el propósito de perjudicar a la competencia.  
  8. Coerciones para obligar a alguien a vender o comprar productos, a fin de perjudicar a la competencia.
  9. Ventas por debajo del costo promedio variable o total de las empresas, para que el agente económico recupere sus pérdidas, mediante incrementos futuros de precios.
  10. Vender injustificadamente un producto a diferentes precios según los diferentes compradores.
  11. Empresas que ganan 7 millones de veces el salario mínimo en ganancias (unos 21 mil millones de quetzales o 686 mil millones de dólares aproximadamente) [1].
  12. Empresas que ganan 9 millones de veces el salario mínimo diario para las actividades agrícolas (unos 26 mil millones de quetzales o 3 mil millones de dólares) [2].

El propósito de la ley no es establecer prohibiciones (que ya son actos denunciables, según el artículo 130 de la Constitución de la República), sino instaurar una Comisión Fiscalizadora de actividades comerciales. Se trata de crear una Superintendencia de Competencia, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa; con personalidad jurídica y patrimonio propio (Q 20 millones para comenzar). Además, con un procedimiento de evaluación y una dirección de evaluación representados por la Universidad de San Carlos y el Banco de Guatemala.

La Superintendencia podrá decidir, con base en criterios técnicos y legales, los actos comerciales con los que se estén violando los derechos de otros competidores y referir las sanciones y prohibiciones correspondientes.

 

¿POR QUÉ NOS OPONEMOS?

Primero: No está claro cómo la creación de una Superintendencia de Competencia nos abrirá el mercado en Europa. El hecho de velar por que no existan monopolios no necesariamente quiere decir que los europeos se verán atraídos por nuestros productos. Dadas nuestras regulaciones y el tamaño de Guatemala, no es seguro que podamos competir con los precios de los productos de países africanos —por ejemplo—, que gozan del mismo clima que nosotros y están más cerca de Europa. Aun siendo este el caso, existen otras medidas más libres y menos caras para lograr llegar a otros continentes, como el libre comercio y la derogación de aranceles y prohibiciones que solo existen para beneficiar a algunos comerciantes en el país. Esto sí podría hacernos competitivos internacionalmente, porque, si bien otros países seguirán produciendo bienes en común con nosotros, estaríamos beneficiándonos con precios más adecuados al mercado internacional. 

Segundo: Los monopolios naturales existen como productores únicos de un bien o servicio y no necesariamente tienen la intención de dominar al mundo. Mientras algunos definen el monopolio como la existencia de un fabricante o productor único, para otros el aspecto negativo se da únicamente cuando tal productor tiene la capacidad de manipular agentes del mercado para beneficiarse. En este caso, no se necesita ser el productor único para maniobrar la economía. De hecho, Guatemala ha sido víctima durante muchos años del dominio manipulante de productores que ejercen señorío en los mercados, debido a políticas “reguladoras”, sin ser los únicos proveedores de estos bienes. Esto solo se puede resolver si promovemos que cualquiera pueda organizar la producción de los mismos productos de una manera libre, donde las oportunidades se den sin privilegios para nadie.  

Además, en esta propuesta de ley se prohíbe específicamente el uso de ganancias para financiar las pérdidas en una empresa. Es decir: que si un mes perdí dinero (porque el precio de mis insumos subió, porque tuve una máquina descompuesta, porque mi empleado estaba enfermo o por cualquier otra razón…) no podré subir el precio de mi producto para compensar la pérdida de ese mes. Obviamente, esta parte de la propuesta está pensada para que el empresario que tiene más dinero no se aproveche del flujo de caja que le da su posición económica. Sin embargo, se priva por igual al que intenta salir adelante y afronta voluntariamente las consecuencias de los riesgos en la economía. Les resultará muy fácil violar la ley a los que ofrecen un descuento, aunque no tengan ganancias ese mes, con el fin de ganar clientes.

La propuesta también prohíbe vender un producto a precios diferentes a clientes distintos. Cuando el intercambio básico de oferta y demanda está dictado por lo que estoy dispuesto a ganar frente a lo que otros están dispuestos a gastar, el principio de no poder variar el precio perjudicará a los vendedores.

La ley especifica incluso que, si me vuelvo multimillonario, me van a cobrar. Así es. Esto es lo que significa la instrucción de no exceder en tal porcentaje el salario mínimo, so pena de sanciones. Esto solo hará que los multimillonarios se vayan a vivir a otro país y se lleven con ellos su dinero. Con esto, estaremos convirtiendo a Guatemala en un país donde no vale la pena ser rico.

Como si fuera poco, La Universidad de San Carlos y el Banco de Guatemala ya son entidades deficitarias, que ponen en riesgo la economía del país con su autonomía y su manipulación de activos. ¿Por qué voy a querer seguir confiando en estas instituciones, que ponen en riesgo la economía de Guatemala? Además, la ley implica discrecionalidad de los funcionarios que autorizarán los negocios y medirán el tamaño de las empresas. ¿Confiamos en la formación de aquellos que decidirán quién entra en el juego de los negocios y quién no, o solo sería “un ente más de corrupción en un país que necesita urgentemente el crecimiento rápido y sano de la economía?” [3].

Un tema complicado será el de las uniones comerciales. Las empresas no podrán formar alianzas como táctica comercial, para enfrentar el mercado internacional. Guatemala no tiene el tamaño para competir internacionalmente, porque nuestra producción está limitada a la extensión territorial y nos posiciona en desventaja con las multinacionales extranjeras. “Pretender imponer una ´Ley Antimonopolio´ […] le cerraría al país las oportunidades de poder tener empresas grandes en tamaño y orden mundial” [4].

Finalmente, en Guatemala hay oligopolios y monopolios mercantilistas, que son producto de la corrupción y de la falta de certeza en cuanto al castigo. Crear una Superintendencia no tendrá nada que ver con esto; solamente hará que todo nos salga más caro a todos.

Lo malo de la regulación es que quienes la favorecen no muestran interés en los costos que con ello provocan, y no funcionará para controlar las manipulaciones económicas.

 

¿QUÉ PROPONEMOS?

Recordemos que el principal argumento de los que proponen esta ley es que otros países la tienen y por eso nosotros debemos tenerla. Parece pertinente que, antes de promoverla, lo primero sea evaluarla correctamente.  

Para evitar las injusticias en el mercado basta abrir las fronteras territoriales del país; cuanto más competidores, mejor. Por eso, la eliminación de aranceles, las prohibiciones, las regulaciones especiales, los trámites engorrosos y algunas patentes que existen como privilegios para proteger a comerciantes específicos, significan una salida efectiva y rápida para ganar ventajas competitivas. Los privilegiados por estas barreras económicas sí fungen como monopolios con dominio del mercado y capacidad de manipulación de los agentes económicos. La ley de competencia no tiene ningún sentido, si al final el Gobierno sigue alimentando una estructura corrupta de privilegios para algunas empresas. Muchos somos renuentes en creer que estos privilegios puedan acabar con nuevas leyes.

Al mismo tiempo, no se trata del número de empresas, sino de que cualquiera pueda importar o vender cualquier producto sin mayor restricción, ni aranceles, permisos u obstáculos; únicamente emprendiendo nuevos negocios que benefician a los consumidores y a las personas que necesitan trabajo.

Lo más importante es que esos Q 20 millones son necesarios para otras cosas. La situación de Guatemala no está para gastar esta cantidad de dinero en experimentos que no aseguran buenos resultados y en más burócratas que no podrán justificar sus ingresos.

        

Bibliografía

  1. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Salario mínimo en Guatemala. (Tomado del más alto, para actividades agrícolas Q 2992.37 mensuales).
  2. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Salario mínimo en Guatemala. (Tomado del más alto, para actividades agrícolas Q 2992.37 mensuales).
  3. Ramón Parellada “Ley de Competencia o Ley Antimonopolio” Siglo 21, Guatemala, 28 de julio del 2016.
  4. Ramón Parellada “No se necesita una ley de competencia” Siglo 21, Guatemala, 4 de septiembre del 2014.

 

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