El 19 de agosto del 2019, Alex Fernando Rojas publicó en Prensa Libre una interesante investigación sobre el contrabando en Guatemala desde y hacia México. Es una lástima no haber podido encontrar el artículo en línea, pero me permití agregarlo al final de este análisis, por si mis lectores quieren ampliar la investigación. En resumen, el análisis de Rojas presenta estas conclusiones:
- Como se ha indicado en el subtítulo del estudio, “Siete de cada 10 productos que se venden en el Occidente del país son trasegados ilegalmente”.
- El contrabando afecta de forma negativa a la economía, porque los comerciantes que sí están respetando los procedimientos de ley pierden competitividad frente a productos similares con precios más bajos.
- El contrabando pone en riesgo la salud de las personas, porque, sin registros sanitarios o certificados de calidad, los productos no siempre son seguros para usarlos o consumirlos.
- El mercado “ilícito” ―entiéndase “negro” ― se practica “a plena luz del día” en esta región del país.
- Los mexicanos, por su lado, no muestran interés en intervenir el contrabando como lo hacen con otras cosas ―por ejemplo, con la inmigración ilegal― y “frente a los militares el comercio [ilícito] de productos mexicanos continúa como siempre”.
- El tráfico ilegal de productos en la frontera se presta para sobornar a los agentes de aduanas y, según la investigación, hay ya tarifas establecidas para poder introducir productos ilegalmente en el país: “Q1 mil a cada puesto de control policial”.
- La falta de seguridad y el narcotráfico son estimulados por esta actividad.
No podemos sino darle la razón a este atinado periodista por todos sus señalamientos, que seguramente no son una exageración. Entonces surge de nuevo la necesidad de proponer que en las fronteras del país se elimine por completo el cargo de aranceles a los importadores y exportadores. Puede sonar absurdo, ¿no? Pero veamos esta comparación: Por un lado, están en contra todos estos puntos que se generan, principalmente porque el transportista no desea pagar tales aranceles, haciendo que su producto resulte más caro y, como consecuencia, que su renta sea menos. Siendo el arancel la fuente de todo este conflicto, ¿por qué no eliminarlo?
Por otro lado, y como lo indica Rojas en su investigación, “El impacto para el consumidor no es negativo en el escenario inmediato, es más, representa un alivio para la economía porque, al no pagar impuestos los productos que entran por contrabando son más baratos”.
El problema está en que, si eliminamos los aranceles, el Gobierno tendría menos dinero para invertir, “El impacto del contrabando, además, no se limita a los empresarios y al consumidor. Otro de los efectos de este mercado ilícito es el desfinanciamiento del Estado, porque si el comercio se sostiene de la ilegalidad no se pueden capitalizar los impuestos, lo que tarde o temprano redunda en la baja inversión en servicios básicos como salud, educación o seguridad”. Con todo respeto a los responsables de esta “inversión”, me permito decirles que en esta región del país su trabajo no es eficiente, comenzando, como está muy claro, con la seguridad, que no puede ni controlar el tráfico ilícito de productos. El artículo señala que el Ministerio Público ha incautado un millón de dólares a estas personas, pero ni esto se ha traducido en diferencia alguna. Habrá que ver cómo están la educación y la salud que se mencionan.
Además, la investigación se refiere a todos los grupos que han intervenido intentando frenar la corrupción en las aduanas: “[la] Fiscalía contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, […] el Ministerio Público, la SAT, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Salud, PNC y el Ministerio de la Defensa”. Eso suena muy caro. La corrupción y el costo que generan las aduanas podrían llegar a ser tan grandes como la recaudación misma. Quizá los guatemaltecos prefiramos comprar productos más baratos que pagar impuestos en la aduana, que únicamente sirven, en su mayor parte, para mantener a las personas que trabajan recolectándolos. Es un círculo vicioso: como comprar un carro para ir a trabajar, y trabajar para pagar el carro.
Los invito a completar esta opinión con el Tópico de Actualidad “LA PROTECCIÓN ARANCELARIA ¿A QUIÉN BENEFICIA?”, de Juan Carlos Simons, y a ver este video de cuatro minutos:
Ver aquí la investigación de Prensa Libre, 19 Aug 2019, por Alex Fernando Rojas, arojas@prensalibre.com.gt
Marcela Porta
directora administrativa
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