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07 de enero, 2019

ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, PARA EL PERÍODO 2011-2017

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CEES

 

Devolución de Crédito Fiscal

 

De acuerdo con la Ley al Impuesto del Valor Agregado, el Crédito Fiscal se define como el derecho que tienen los tributarios para compensar la importación y adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica.

Este derecho puede obtenerse en tres vías, la primera corresponde a la compensación del pago de impuestos; es decir, al total del IVA que se debe pagar, como producto de la venta de bienes y servicios, se resta el IVA que se pagó al momento de adquirir bienes o servicios que se utilizaron en el proceso productivo.

El segundo procedimiento corresponde al autoacreditamiento, el cual se encuentra fundamentado en el Decreto Número 20-2006, en donde se establece que los contribuyentes que se registren como exportadores habituales y que reporten una exportación mensual promedio mayor a Q100,000 serán considerados agentes de retención, lo cual implica que del total del IVA que deben pagar por las compras realizadas, retendrán entre el 15.0% y 65.0%, dependiendo del tipo de productos que se adquieran.

La tercera forma de recibir el Crédito Fiscal corresponde al reintegro que se realiza a través del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, para lo cual los beneficiarios deben cumplir con los requisitos que establece la Ley del IVA; posteriormente se profundizará a detalle sobre los procedimientos que se deben cumplir, así como los diferentes regímenes que cuentan con este derecho.

No obstante que el Crédito Fiscal es un derecho de los tributarios, en los últimos años han surgido una serie de investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en las cuales se ha evidenciado que a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, se han desarrollado actos ilícitos con el objetivo de agilizar el pago del Crédito Fiscal, en favor de algunos beneficiarios.

En función de lo descrito es importante preguntar ¿por qué, si el reembolso del impuesto es un derecho de los tributarios, existen indicios de sobornos para obtener dichos recursos? Para responder esta interrogante es necesario conocer a profundidad en qué consiste el Crédito Fiscal, cómo funciona y qué procedimientos se deben llevar a cabo para obtener el mismo.

Impuesto al Valor Agregado

 

Para empezar el proceso de esclarecer en qué consiste el Crédito Fiscal, debemos iniciar explicando en qué consiste el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud que dicho tributo es el que da origen al referido derecho de devolución.

En este sentido, tal y como lo indica el artículo 3 del Decreto Número 27-92, el IVA es un impuesto indirecto, que se genera por la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, así como la prestación de servicios en el territorio nacional, las importaciones, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Dicho impuesto posee una tarifa única del doce por ciento (12%) sobre el costo de los productos, monto que deberá ser incluido al precio final de venta de los bienes o servicios. Los sujetos pasivos, o pagadores, de este impuesto, son todos aquellos que adquieran mercadería o contraten servicios.

Tomando en cuenta lo descrito y fundamentado en lo que establece la Ley del IVA, se presentan algunos aspectos para profundizar en qué consiste dicho impuesto:

El hecho generador de la relación tributaria

Artículo 3. Hecho Generador. El impuesto es generado por:

 

1) La venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos.

2) La prestación de servicios en el territorio nacional.

3) Las importaciones.

4) El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

5) Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la participación de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso.

6) Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa, o la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa.

7) La destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo cuando se trate de bienes perecederos, casos fortuitos, de fuerza mayor o delitos contra el patrimonio. Cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe hacerse constar lo ocurrido en acta notarial. Si se trata de casos de delitos contra el patrimonio, se deberá comprobar mediante certificación de la denuncia presentada ante las autoridades policiales y que hayan sido ratificadas en el juzgado correspondiente. En cualquier caso, deberán registrarse estos hechos en la contabilidad fidedigna en forma cronológica.

8) La primera venta o permuta de bienes inmuebles.

9) La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles.

10) La aportación de bienes inmuebles a sociedades, al tenor de lo establecido en el numeral 3 literal d) del artículo 7 de esta ley.

 

En los casos señalados en los numerales 5, 6 y 9 anteriores, para los efectos del impuesto, la base imponible en ningún caso será inferior al precio de adquisición o al costo de fabricación de los bienes.

El sujeto pasivo del impuesto

Artículo 5. Sujeto pasivo del impuesto. El impuesto afecta al contribuyente que celebre un acto o contrato gravado por esta ley.

Tipo impositivo

Artículo 10. Tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del doce por ciento (12%) sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios.

Fecha de pago del impuesto

Artículo 4. De la fecha de pago del impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse:


1. Por la venta o permuta de bienes muebles, en la fecha de la emisión de la factura. Cuando la entrega de los bienes muebles sea anterior a la emisión de la factura, el impuesto debe pagarse en la fecha de la entrega real del bien.

2) En las importaciones, en la fecha en que se efectúe el pago de los derechos respectivos, conforme recibo legalmente extendido. Las aduanas no autorizarán el retiro de los bienes del recinto aduanero sin que previamente estén debidamente cancelados los correspondientes impuestos.

3) En las adjudicaciones, en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo.

4) En los retiros de bienes muebles previstos en el Articulo 3, numeral 6), en el momento del retiro del bien respectivo o de la prestación del servicio.

5) En los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos, al término de cada período fijado para el pago de la renta o remuneración efectivamente percibida.

6) En los faltantes de inventarios a que se refiere el numeral 7) del Artículo 3, en el momento de descubrir el faltante.

7) En los de seguros y fianzas, en el momento en que las primas o cuotas sean efectivamente percibidas.

 

Fuente: Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado.

 

En función de lo descrito, se puede observar que la ley define en qué momento se genera la obligación del pago del impuesto, quién es el obligado a realizar el mismo, el porcentaje que corresponde pagar y el momento en que se debe efectuar dicho desembolso. Habiendo aclarado esto, es necesario explicar en qué momento se otorga el derecho a que los tributarios puedan obtener un desembolso denominado Crédito Fiscal.

 

¿Qué se entiende por Crédito Fiscal?

De forma técnica podemos definir el Crédito Fiscal como la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectas realizadas durante un mismo periodo. Dicho impuesto, como se indicó anteriormente, procede de la importación y adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica.

En otras palabras, se puede definir como la suma del IVA que los proveedores de bienes o servicios cargan en las facturas a sus clientes, de tal cuenta que el IVA que para un contribuyente se considera como débito fiscal; por corresponder al impuesto que les fue cargado al momento de realizar compras necesarias en el proceso productivo, constituye un crédito fiscal para quien paga la compra o el servicio prestado, siempre que el mismo sea contribuyente inscrito bajo esta ley1.

Es importante indicar que este tipo de operaciones de crédito y débito fiscal se circunscriben a las transacciones realizadas en el territorio nacional, ya que, en las negociaciones que están relacionadas con exportaciones, los contribuyentes no pueden cobrar el IVA a sus clientes, por tratarse de ventas que se realizan fuera del territorio nacional, aunque los mismos hayan pagado un impuesto, derivado de sus procesos de producción.

De tal cuenta, la ley, con el objetivo de incentivar la economía y específicamente la exportación, encuentra una figura de compensación, específicamente sobre la diferencia de lo que no pueden deducir de sus declaraciones de impuestos.

A dicha compensación se le denomina Crédito Fiscal y la misma Ley del IVA establece en qué momento se le reconocerá a los contribuyentes con este derecho, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1 El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, el cual debe estar incluido monto del bien o servicio que las personas reciben. Sin embargo, para las personas que se dedican a la comercialización de bienes y servicios, la ley permite que se realice una compensación entre el IVA que se genera por las compras y las ventas que realizan estos comerciantes. Para realizar estas compensaciones, deberán estar inscritos en la ley y cumplir los requisitos que solicite la misma.

 

Devolución de Crédito Fiscal

En los apartados anteriores se procedió a definir en dónde se origina el Crédito Fiscal y en qué consiste ese derecho, por lo que es momento de profundizar en quiénes son los tributarios que son realmente elegibles para percibir el Crédito Fiscal y sobre todo, cómo se desarrolla el proceso para obtenerlo.

Al respecto podemos empezar indicando que la Ley del IVA establece, en su artículo 16, que los tributarios que se dediquen a la exportación y venta o prestación de servicios a personas exentas en el mercado interno, tendrán derecho a la devolución del crédito fiscal cuando el impuesto hubiere sido generado por la importación, adquisición de bienes o la utilización de servicios, que se apliquen a operaciones reguladas en la ley y que estén vinculadas con el proceso productivo o de comercialización que realiza el contribuyente.

Tomando en cuenta lo descrito, la misma Ley establece que, para que los tributarios tengan derecho a una devolución de crédito fiscal, procederán de conformidad con lo normado en los artículos 23; 23 “A”, Procedimiento general para solicitar la devolución de crédito fiscal; o bien, lo contenido en el artículo 24, Régimen optativo de devolución de crédito fiscal; y 25, Régimen especial de devolución de crédito fiscal a los exportadores; según aplique. Posteriormente se explicará con mayor detalle por qué existen tres diferentes procedimientos, General, Optativo y Especial.

Adicionalmente, la devolución del crédito fiscal se podrá solicitar en el momento en que los tributarios que han tenido un porcentaje de exportación menor al cincuenta por ciento (50%) de sus ventas totales anuales, no puedan compensar su crédito fiscal con su débito fiscal, generado por sus cuentas locales. En este sentido, al final de cada ejercicio fiscal, el contribuyente deberá separar el monto de sus ventas locales y el de sus ventas en el exterior, para evaluar los porcentajes e identificar si procede la devolución o no.

Otro aspecto a considerar es el que establece el Acuerdo Gubernativo 5-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 27, el cual establece un monto mínimo para la solicitud de devolución a realizar, la cual no podrá ser menor de Q10,000, por lo que los contribuyentes deberán acumular sus créditos fiscales hasta que los montos sean mayores a esa cantidad.

Aunado a lo descrito, es oportuno hacer mención que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 47 del Código Tributario, la prescripción del derecho a solicitar devolución de crédito fiscal, prescribe en cuatro años, plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley tributaria específica, puede solicitar por primera vez la devolución de crédito fiscal.

Asimismo, según lo establece el artículo 50 del mismo código, se puede interrumpir la prescripción cuando exista determinación de obligación tributaria, por parte de la Administración Tributaria, por lo que se podrá dar trámite a la solicitud de devolución a que tenga derecho el contribuyente, incluso posterior a los cuatro años de prescripción.

Como se indicó, existen tres diferentes regímenes de tributarios que cuentan con el derecho a solicitar el crédito fiscal, cada uno de ellos con procedimientos distintos, por lo que es importante detallar cada uno de ellos.

Regímenes de Devolución de Crédito Fiscal (Ley del IVA)

Régimen General (Artículo 23”A”)

Este régimen se relaciona principalmente con los tributarios que venden bienes o servicios a personas exentas del cobro de impuestos; sin embargo, también le es aplicable a aquellos que se constituyen como exportadores eventuales. Este se caracteriza por el hecho que el proceso de devolución de crédito fiscal se debe gestionar para periodos vencidos, sobre el IVA pagado.

Pueden solicitar devolución los contribuyentes que teniendo un porcentaje de exportación menor al cincuenta por ciento (50%) de sus ventas totales anuales, no puedan compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales.

Participan la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de Guatemala (Banguat), para el procesamiento del desembolso, en caso de cumplir con los requisitos que indica el régimen. Asimismo, según lo establece el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 23, para solicitar la devolución del crédito fiscal se deberán presentar los formularios que proporcione la SAT, con la información solicitada.

Para solicitar la devolución, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

 

Contribuyente

 

A solicitud de SAT

1. Incluir original de las facturas que emitan sus proveedores.

 

2. Libro de compras y ventas, según su inscripción en SAT.

 

3. Copia de la factura emitida y certificación contable, en el caso de haber vendido bienes o prestado servicios a entidades exentas; y declaración aduanera de exportación de mercancías, inventario detallado y copia de facturas comerciales que extiendan los proveedores, en el caso de ser exportador eventual. En el caso de estar inscrito como exportador, deberán observarse los procedimientos establecidos en el capítulo x de la ley del IVA.

1. Copia de cheque o del estado de cuenta en el que conste el pago de las facturas de sus proveedores, correspondientes a los periodos impositivos solicitados y documento donde conste que el proveedor recibió el pago.

 

2. De ser agente de retención, deberá presentar los documentos que acrediten su cumplimiento.

Cuando se cumpla con la documentación indicada, la SAT procederá de la siguiente forma:

Verificará la procedencia o improcedencia del saldo de crédito fiscal, debiendo resolver en un plazo de 30 días hábiles para el período trimestral y 60 días hábiles para el período semestral. En tal caso, emitirá la autorización al Banguat para que se realice la devolución.

Si se formularan ajustes, se notificará al contribuyente y se emitirá autorización al Banguat para que haga efectiva la devolución de los saldos no ajustados, dentro de 5 días hábiles, luego de haber recibido el informe de SAT.

En el caso en el que la SAT no emita una resolución, transcurrido el plazo de 30 o 60 días, para el período respectivo, se entenderá que la misma fue desfavorable, pudiendo el contribuyente impugnar o utilizar la vía administrativa para resolver.

Si se hubiese alterado información o documentación para solicitar la devolución de crédito fiscal, la SAT se abstendrá de devolverlo y presentará una denuncia penal en función de lo que establecen los artículos 70 y 90 del Código Tributario.

Es oportuno indicar que antes de 2006 no se realizaba este procedimiento, en virtud que el artículo que lo determina fue adicionado en el Decreto No. 20-2006, Disposiciones Legales para el Financiamiento de la Administración Tributaria, definiendo así el Procedimiento General para solicitar la Devolución del Crédito Fiscal.

Con el objetivo de presentar de forma más gráfica los procedimientos a seguir en este régimen, se presenta el siguiente esquema:

Régimen Optativo de Devolución de Crédito Fiscal (Artículo 24)

A diferencia del Régimen General, en este se requiere que un contador público y auditor emita un dictamen de auditoría relacionado con la procedencia del crédito fiscal. Asimismo, tiene la peculiaridad de recibir una devolución del cien por ciento (100%) del monto del crédito fiscal que no haya sido retenido1.

En este régimen, pueden solicitar devolución los contribuyentes que teniendo un porcentaje de exportación menor al cincuenta por ciento (50%) de sus ventas totales anuales, no puedan compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales o que de sus ventas totales anuales, el cincuenta por ciento (50%) o más lo destinen a la exportación. En este sentido, al final de cada ejercicio fiscal, el contribuyente deberá separar el monto de sus ventas locales y el de sus ventas en el exterior, para evaluar los porcentajes e identificar si procede la devolución o no.

Para solicitar la devolución, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

2 Esto se lleva a cabo, en el caso de que el contribuyente esté inscrito como agente de retención ante la Superintendencia de Administración Tributaria y que haya realizado procesos de autoacreditamiento.

  1. Presentar solicitud de devolución de crédito fiscal ante SAT, los primeros diez días hábiles siguientes al vencimiento para la presentación de la declaración mensual del IVA, se debe indicar el monto a devolver, el cual deberá coincidir con el que el contador público y auditor presente.
  2. Se deberá adjuntar una declaración jurada formalizada ante notario en donde se haga constar que el tributario no ha recibido, por parte del Banguat o el Minfin, ninguna devolución de efectivo ni acreditación de otros impuestos en un mismo periodo.
  3. Adjuntar copia de las declaraciones en donde conste que el crédito fiscal fue reportado y otros documentos que conforme a la ley se deba presentar. En la solicitud que se presente, el contribuyente autoriza a la SAT a requerir informes sobre exportaciones, dentro y fuera del territorio centroamericano y podrá solicitar a instituciones bancarias sobre las operaciones financieras que estén relacionadas específicamente con el crédito que se va a devolver.
  4. Si se encuentra inscrito como agente de retención, deberá presentar los documentos que acrediten su cumplimiento.

Con relación a los requisitos que deben contener los dictámenes de los contadores públicos y auditores, y requisitos de inscripción, estos son:

Dictamen de Auditoría

Requisitos de Inscripción

1. Elaborar el informe conforme a normas de auditoría generalmente aceptadas.

 

2. Verificación de la contabilidad del contribuyente (registro del crédito fiscal solicitado).

 

3. Verificar las exportaciones que haya realizado el contribuyente y que todos los datos reportados en la declaración coinciden con los bienes proveídos o servicios prestados.

 

 

4. Haberse cerciorado de la veracidad de todas las operaciones realizadas por el contribuyente.

5. Deberá expresar de forma explícita la procedencia de la devolución del crédito solicitado, indicando el monto exacto a devolver, sobre el cual está emitiendo el dictamen, conforme a las verificaciones realizadas.

 

6. Cumplimiento con los requisitos de la ley.

 

7. El Acuerdo Gubernativo 5-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 24, indica detalles que deben ser observador en función del dictamen de auditoría.

 

1. Contadores públicos y auditores independientes:

 

Estar inscrito y poseer autorización para emitir dictámenes de este tipo, ante el registro de Contadores y Auditores Públicos de la Administración Tributaria.

 

Presentar declaración manifestando que no ha sido condenado por algún delito relacionado con el patrimonio, régimen tributario, la fe pública y el patrimonio nacional.

Inscrito en el colegio profesional correspondiente como colegiado activo, deberá presentar certificación.

 

2. Contadores públicos y auditores en relación de dependencia:

 

Razón social y domicilio fiscal de la persona jurídica a la que restan su servicio.

 

Número de identificación tributaria de la entidad donde labora.

 

El contador público y auditor que emita el dictamen requerido, será responsable en los casos que se determine falsedad, por lo que responderá civil y penalmente por sus actos y procederá a denegarse la devolución en caso suceda lo siguiente:

Si el contador público y auditor no se encuentra debidamente inscrito o no esté autorizado para emitir dictámenes relacionados con crédito fiscal.

Si el contador público y auditor no está colegiado.

Si no se emite el dictamen conforme a normas de auditoria y legislación aplicable.

Si existen problemas de independencia con el auditor, relacionado con el contribuyente a quien está realizando la auditoría.

Adicionalmente, es oportuno manifestar que el artículo 24 de la Ley del IVA, que corresponde a la devolución de Crédito Fiscal del Régimen Optativo, ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, los cuales han representado un incremento en los trámites y procedimientos para acceder a la devolución.

De forma esquemática podemos resumir los procedimientos de este régimen, de la siguiente forma:

 

Régimen Especial de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores (Artículo 25)

Los contribuyentes que se dediquen a la exportación de bienes y que apliquen al artículo 23 de la ley, podrán solicitar el Banguat la devolución de crédito fiscal en efectivo, por período mensual calendario vencido por un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) cuando la devolución sea hasta por la cantidad de quinientos mil quetzales (Q500,000) y del sesenta por ciento (60%) cuando la devolución sea mayor a quinientos mil quetzales (Q500,000) del crédito declarado a la SAT.

En este sentido, el requisito previo para este régimen es que los contribuyentes deberán tener un porcentaje de exportación menor al cincuenta por ciento (50%) de sus ventas totales anuales, las cuales no puedan compensar el crédito fiscal con el débito fiscal que reciben de sus ventas locales o que de sus ventas totales anuales, el cincuenta por ciento (50%) o más lo destinen a la exportación.

Adicionalmente, el Acuerdo Gubernativo 5-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en sus artículos 25 y 26, establece más detalles para la incorporación en este régimen.

Para obtener una devolución de crédito fiscal en este régimen, los exportadores deben proceder de esta forma:

 

Mediante declaración jurada de solicitud de devolución especial de crédito fiscal.

 

 

Solicitará la devolución del crédito fiscal ante el Banguat, dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración del periodo impositivo al que corresponde la devolución:

 

 

Deberá contener lo siguiente:

 

Nombre completo o razón social del exportador y su número de identificación tributaria.

El monto del crédito fiscal que resulte de aplicar 75% o 60%, del crédito fiscal del período declarado.

La designación del banco del sistema por medio del cual se efectuará la devolución

Declaración jurada de solicitud de devolución especial de crédito fiscal en donde se adjunte un listado de las facturas comerciales que respalda la exportación realizada.

 

Actualización en el registro de exportadores.

 

 

Se deberá realizar cada seis meses, en enero y en julio, una declaración jurada de información de exportaciones realizadas.

 

Detalle de pólizas de exportación o formularios aduaneros y de las facturas comerciales que las respaldan.

El valor FOB de cada una de las exportaciones que solicitaron devolución.

Constancia de liquidación de divisas.

 

Verificar si el exportador está vigente ante SAT.

 

 

Comprobado el registro, el Banguat procesará la solicitud y verificará el cumplimiento de los requisitos del régimen en 5 días hábiles.

 

Cuando se haya efectuado la verificación, se trasladará el original de la solicitud de la SAT, para que dentro de 30 días hábiles se realice la auditoría de gabinete correspondiente y se informe al Banguat si procede o no la devolución.

 

Si procede, se realizará la devolución total o parcial en 5 días hábiles siguientes a la recepción del informe.

 

 

Si no se recibe el informe dentro del plazo establecido, el Banguat realizará la devolución dentro de los 5 días hábiles al vencimiento del plazo establecido para realizar la auditoría de gabinete.

 

Autorización de devolución de crédito fiscal.

 

Con base a la autorización de crédito fiscal, el Banguat acreditará la cuenta de encaje del banco del sistema designado por el exportador.

 

 

El exportador deberá consignar como débito fiscal, el monto de la devolución que le efectuó el Banguat, al cual restará el crédito fiscal del periodo o periodos anteriores si los hubiere.

 

 

Si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, deberá enterar la diferencia como un impuesto a pagar.

Una vez verificada la procedencia de la devolución, la Dirección General de Rentas Internas emitirá la autorización respectiva al Banguat para que se cancele el monto con cargo a la cuenta “Fondo IVA, para devoluciones del crédito fiscal a los exportadores”.

 

En este sentido, de acuerdo con lo indicado, cada procedimiento se puede resumir de la siguiente forma:

Como se puede observar, existen tres diferentes regímenes por medio de los cuales un tributario puede solicitar la devolución del Crédito Fiscal, cada uno con procedimientos diferentes y es justamente el contribuyente quien deberá evaluar en cuál de ellos encaja, para realizar los trámites correspondientes.

Habiendo descrito los diferentes regímenes, es oportuno indicar cuáles son los procedimientos por medio de los cuales, tanto el Ministerio de Finanzas Públicas, como el Banco de Guatemala, proceden a realizar los pagos correspondientes al Crédito Fiscal, de conformidad con lo autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria.

Pago de Devolución del Crédito Fiscal

Tal y como se indicó en el apartado anterior, existen tres diferentes regímenes para solicitar la devolución del Crédito Fiscal. De tal cuenta, existen también tres diferentes procesos por medio de los cuales se realizan los correspondientes desembolsos en favor de los tributarios.

En el caso del Régimen general, corresponde principalmente a la devolución de crédito que se realiza a las personas y empresas que venden bienes o servicios a empresas que se encuentran exentas del pago de impuestos. En este sentido, es competencia de la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, la programación dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda, de la asignación presupuestaria para atender dicha devolución de crédito fiscal.

Es oportuno resaltar que este es el único régimen que cuenta con una asignación dentro del Presupuesto del Estado, ya que el pago de los otros dos regímenes se realiza directamente en el Banco de Guatemala y los registros que realiza la Dirección de Contabilidad del Estado del Minfin, son únicamente de índole contable, por lo que no afectan el gasto público como tal.

Bajo este contexto, el monto estimado para la devolución del crédito fiscal deberá presentarse únicamente como un anexo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda.

Respecto al pago del Régimen Optativo y del Régimen Especial, el Banguat queda facultado para poder atender las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, creando una cuenta específica denominada “Fondo IVA, para devoluciones del crédito fiscal a los exportadores”, la cual acreditarán con los recursos que deberá separar de la cuenta “Gobierno de la República-Fondo Común”, por un mínimo del ocho por ciento (8%) de los ingresos depositados diariamente por concepto del IVA.

Para ello, el Banguat únicamente afectará la referida cuenta específica para acreditar en la cuenta de encaje de cada banco del sistema, los fondos que utilizará para la devolución del crédito fiscal a los exportadores. En el caso que los recursos resultan temporalmente insuficientes, la Ley establece que el Minfin, con base al análisis que realice, acordará los ajustes mensuales correspondientes para regularizar el saldo de la cuenta.

Asimismo, para cubrir sus costos y gastos relacionados con la administración de las devoluciones, descontará de cada devolución, un cuarto del uno por ciento (1/4 del 1%) del monto de crédito fiscal devuelto.

Es importante indicar que, los recursos que se destinen para el pago de crédito fiscal, asignados al Fondo IVA, en ningún caso deberán contemplarse como parte de los ingresos tributarios anuales, ni deberá asignarle partida presupuestaria por el mismo concepto.

Para los efectos del control y fiscalización de la devolución de crédito fiscal a los exportadores, el Banguat deberá informar a la Dirección General de Rentas Internas de la SAT, dentro de 15 días hábiles siguientes a la finalización de cada mes, el estado de cuenta “Fondo IVA, para devoluciones del crédito fiscal a exportadores”, el monto total de las devoluciones efectuadas en el mes inmediato anterior, información del nombre y número de identificación tributaria del exportador, detalle del monto de la devolución y el banco del sistema y la fecha en que se realizó la operación. (Art. 25, ley del IVA)

La Superintendencia de Bancos vigilará y fiscalizará la aplicación de los fondos de la devolución de crédito fiscal a los exportadores, por medio del Banguat y los bancos del sistema, de conformidad con las leyes aplicables. Las devoluciones que sean autorizadas por la SAT, quedarán sujetas a verificaciones posteriores, dentro del período de prescripción que establece el Código Tributario.

Finalmente, es importante mencionar que la devolución de crédito fiscal es un derecho que es propiedad de los contribuyentes que se dedican a actividades productivas y es un acto legítimo que se puede reclamar al presentar la documentación correspondiente y cumplir con los plazos establecidos en la ley.

Es por ello que es necesario que la SAT preste atención a este tema, derivado que, para impulsar la economía nacional, los empresarios requieren contar con dicha devolución para cumplir con sus obligaciones, así como efectuar nuevas inversiones y generar fuentes de empleo.

Hasta el momento se ha procedido a detallar los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente y los respectivos reglamentos, para que las instituciones involucradas y los tributarios, procedan a realizar los trámites para el requerimiento de devolución del crédito fiscal. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como los registros del Sistema de Contabilidad Integrada, se puede observar que la dinámica de la devolución no es tan fluida como se pudiese apreciar en la normativa vigente.

Comportamiento de la Devolución del Crédito Fiscal

La Ley del IVA establece que en un plazo de 10 a 60 días, posterior a la presentación del expediente, se estará resolviendo el requerimiento de los exportadores. Sin embargo, al revisar las estadísticas proporcionadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, se puede observar que la devolución del crédito fiscal puede tomar más de un año, incluso, en algunos casos cerca de los veinte años.

Como se indicó anteriormente, tanto el Banguat como el Ministerio de Finanzas Públicas, son los encargados, por ley, de realizar los pagos de devolución de crédito fiscal. De tal cuenta, para el período 2011-2017 el Banco de Guatemala ha pagado en total Q10,917.1 millones, promediando alrededor de Q1,559.6 millones.

De dicho monto, el 96.3% corresponde a devolución de crédito fiscal a exportadores, mientras que el 3.7% concierne al reintegro por la venta de bienes o servicios a empresas exentas del pago de impuestos.

Respecto los pagos que le corresponde realizar al Ministerio de Finanzas Públicas, los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), reflejan que se ha devuelto, para el mismo período, Q245.4 millones, promediando
Q35.1 millones al año. No obstante, para los años en referencia se muestra una clara tendencia a la baja en los montos reintegrados, inclusive para los años 2015 y 2016 el Ministerio no efectúo ninguna devolución.

En conjunto, entre Banguat y Minfin, en 7 años se ha devuelto un total de Q11,162.5 millones; sin embargo, los registros demuestran que dicho monto no corresponde al total del crédito fiscal pendiente de reintegrar a los contribuyentes. Prueba de esto se tiene al observar que, por ejemplo, en los registros de Sicoin, entre los pagos que se efectuaron en dicho período, el promedio de años de retraso de devolución es de 6 años y medio.

En este sentido, es importante indicar que los períodos de crédito fiscal que ha devuelto el Ministerio de Finanzas Públicas, abarca en algunos casos hasta 19 años; por ejemplo, en 2011 se reintegraron recursos correspondientes al período de 1992, lo cual implica que los contribuyentes no perciben la devolución que por derecho les pertenecen, con la celeridad que indica la ley.

Por aparte, los registros muestran que al 31 de marzo de 2018 la SAT tiene una presa de 1,574 expedientes pendientes de solventar. Si bien estos requerimientos han ingresado de 2016 a 2018, se visualiza que existen solicitudes de devolución de crédito fiscal que corresponden a períodos de 2006 y 2007, dando como resultado un retraso de más o menos10 años.

Adicionalmente, las estadísticas presentadas por la SAT demuestran que durante el período en referencia, la entidad ha hecho una provisión promedio anual de
Q1,806.3 millones, para cubrir devoluciones de crédito fiscal a exportadores. No obstante, los datos demuestran que no se ha cumplido con devolver el monto proyectado, ya que en promedio se han reintegrado Q1,559.6 millones anuales a los exportadores.

Estas cifras reflejan que se realiza en promedio el 86.8% de las devoluciones estimadas, lo cual, al cierre de 2017 daría como resultado un saldo pendiente de reintegrar de Q1,726.9 millones.

No obstante, de acuerdo con la respuesta de SAT, al requerimiento de información pública, sobre la cantidad de expedientes ingresados en los años 2011 a 2017, para devolución de crédito fiscal, se visualiza que se presentaron 15,558 expedientes, correspondientes a 8,555 del régimen especial; 6,341 del régimen general; y, 662 del régimen optativo.

En este sentido, se observa que del total ingresado se ha resuelto el 80.2%, dejando pendientes de dilucidar 3,073 expedientes. Al respecto cabe resaltar que el hecho que sean resueltos no implica que tengan veredicto favorable para el tributario, ya que de los 12,485 expedientes concluidos únicamente 8,998 fueron aprobados favorables en su totalidad, mientras que 2,438 se aceptaron de forma parcial y 1,049 fueron rechazados.

En términos monetarios, el total de expedientes ingresados a la SAT suman un requerimiento de devolución de crédito fiscal por Q17,002.5 millones para el período 2011-2017, a razón de Q2,428.9 en promedio por año.

Si comparamos el monto de crédito fiscal solicitado en cada año, con relación a la devolución del mismo, para el período 2011-2017, podemos observar que en promedio la SAT deja de devolver alrededor de Q834.3 millones al año, lo cual implica que durante dicho período no se han reintegrado el equivalente a
Q5,840.1 millones.

Otro fenómeno que se puede observar, es que entre 2016 y 2017, las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores disminuyeron considerablemente, ya que pasaron de Q1,461.0 millones en 2011 a Q2,020.6 millones en 2015, descendiendo a Q1,050.3 millones en 2016. Estos datos hacen consistente el hecho que la presa de expedientes que se encuentran pendientes abarca de 2016 a 2018.

Bajo este contexto, se puede decir que los retraso en la devolución del crédito fiscal han restado a la economía guatemalteca aproximadamente Q246.7 millones por año. Dicho monto en manos de los contribuyentes hubiese representado mayores fuentes de empleo e inversión, en el caso exportadores y empresarios en general, a quienes no se les ha reintegrado el crédito fiscal.

Como se puede observar, la normativa legal vigente establece procedimientos que deben realizar, tanto los contribuyentes como las instituciones públicas involucradas, para llevar a cabo la devolución del crédito fiscal. Sin embargo, en algún punto del proceso están existiendo retrasos que provocan que un gran número de expedientes no se concluyan.

En función de lo descrito, y a pese a que la devolución del crédito fiscal es un derecho que los tributarios tienen al cumplir con los requisitos que establece la ley, este se ha convertido en un obstáculo que los empresarios han encontrado, derivado que la SAT no cumple con la devolución, de acuerdo con el tiempo establecido, según el régimen que hayan elegido, generando desfinanciamiento a las empresas.

Esta situación impacta directamente en las finanzas de las empresas, en virtud que deben absorber el costo que implica no obtener la devolución del crédito fiscal, lo cual es trasladado, en la medida de lo posible, al precio de los productos, afectando tanto a los consumidores, como a las mismas empresas exportadoras, ya que ante un incremento de costos y precios, pierden competitividad a nivel internacional.

Bajo este contexto, para poder comprender de mejor forma el impacto que genera el retraso en la devolución del crédito fiscal, debemos partir del hecho que, tal y como se indicó, la SAT evidencia que la tardanza en la resolución de los procedimientos abarca entre 6 a 10 años, en promedio, pese a que, tal y como se demostró, han existido casos en los que el período de espera fue de diecinueve años.

En este sentido, estableceremos un escenario en el cual se demuestra cómo en el transcurso de los años, el monto correspondiente a la devolución del crédito fiscal se mantiene constante, mientras que por el contrario, si los tributarios dejan de pagar un mes de impuesto, conforme transcurre el tiempo, este se va incrementando a razón de agregarle intereses, omisiones y otros cobros por mora.

De tal cuenta, se parte del supuesto que la devolución del crédito fiscal equivale a Q500,000.00 la cual se proyecta con un retraso de pago equivalente a 7 años. Por el otro lado, tenemos el pago de IVA equivalente a los mismos Q500,000.00 monto que se dejará de pagar durante los mismos 7 años. Esto se hace con el objetivo de visualizar de qué forma se comporta el incremento del adeudo a la SAT, mientras que la devolución del crédito fiscal no varía con el transcurrir de los años.

Bajo este contexto, consideramos que el responsable del pago del impuesto atrasado lo realiza antes que el mismo sea requerido por la SAT, por lo que su sanción se reduce al cincuenta por ciento (50%) del pago del impuesto omitido, de acuerdo con lo que establece el Artículo 91 del Decreto 6-91, Código Tributario (al utilizar el formulario SAT 2237 de Declaraguate, el sistema aplica automáticamente 50.0% de rebaja al impuesto adeudado).

En función de lo descrito, se puede observar que si un contribuyente se llegara a tardar un lapso de 7 años en realizar el pago del impuesto en mención, sin que los mismos sean requeridos por la administración tributaria, el contribuyente tendría una multa formal por Q150.00 (derivado de la no presentación del impuesto) más Q252,000.00 de multa por omisión (que corresponde al 50% del monto total a pagar del impuesto que para este cálculo es de Q500,000.00) por el total de los meses de atraso en los años indicados.

Adicionalmente, se agrega el cobro de intereses derivados del atraso en el pago, los cuales varían en función del tiempo. Por ejemplo, asumiendo que un contribuyente paga un impuesto con más o menos 80 meses de retraso, le correspondería un pago de intereses equivalente al 48.2%, el cual, para el ejemplo indicado, ascendería a Q243,012.94 sobre el monto del IVA adeudado.

De acuerdo con lo descrito, se observa que en el caso que un contribuyente se retrase en pagar un mes de IVA, por aproximadamente 7 años, debería pagar a la SAT alrededor de Q993,162.94 monto que se compone de la siguiente manera:

Monto del IVA

500,000.00

Multa formal

150.00

Multa por omisión

250,000.00

Intereses

243,012.94

Total

993,162.94

 

Es oportuno indicar que en el ejemplo planteado se parte del supuesto que la SAT no ha requerido el pago del impuesto, por lo que el tributario tiene opción de recibir el descuento indicado, en caso contrario, al momento que la Superintendencia exige la cancelación del impuesto adeudad se pierde dicho beneficio, por lo que el monto a pagar ascendería aproximadamente a Q1,243,162.94 compuesto de la siguiente manera:

 

Monto del IVA

500,000.00

Multa formal

150.00

Multa por omisión

500,000.00

Intereses

243,012.94

Total

1,243,162.94

Por otro lado, cuando la SAT se retrasa en la devolución del crédito fiscal, se observa que, en el caso que aprueben el reintegro de la totalidad requerida por el tributario, ese será el monto máximo que percibirá, sin importar que pase 1 día o 7 años de retraso. Esta situación demuestra que existe un tratamiento desigual por parte de la Superintendencia (tal y como se muestra en la gráfica denominada “Comportamiento en el atraso del IVA y en el Crédito Fiscal), ya que por un lado, al momento de ellos exigir el pago de impuestos, tienen la potestad de incrementar intereses, multas y cobros por omisión, mientras que al realizar la devolución del crédito fiscal, incluso pueden aprobar un monto inferior al requerido por el tributario.

En este sentido, se pudo observar que al contribuyente se le penaliza de forma mensual, por el atraso en el incumplimiento de sus impuestos incrementando cada vez más la deuda que posee con la administración tributaria, pero la SAT no tiene ninguna penalización por no dar trámite a los expedientes de devolución de crédito fiscal, tal y como lo establece la ley, generando así inequidad en el trato de ambos responsables. Esto quiere decir que el contribuyente siempre saldrá perdiendo si le debe a la administración tributaria, en tanto la misma puede no atender en el tiempo, porque no tendrá ninguna penalización, pudiendo así tomar decisiones arbitrarias de cuándo va a hacer la respectiva devolución.

Esto hace que los empresarios tengan que endeudarse o puedan quebrar, en caso de tener que pagar todos los accesorios (multas e intereses) a la SAT y de igual forma les podría pasar lo mismo al no poder recuperar su dinero de devolución de crédito fiscal a tiempo y poder invertirlo en mejorar sus negocios.

Si tomamos en cuenta lo descrito, surge otro tema sumamente importante para analizar y es el hecho que el retraso en la devolución del crédito fiscal resta disponibilidad a los tributarios para poder seguir invirtiendo en sus empresas, tanto en el mejoramiento y tecnificación de sus procesos, como en la capacidad de generar nuevas fuentes de empleo, lo cual provocaría un beneficio directo en la población.

Centrándonos exclusivamente en el tema de la generación de empleos, de acuerdo con los valores y precios actuales, podemos concluir que la creación de un puesto de trabajo básico, incluyendo equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, salario mínimo anual (suponiendo que se le paga el salario mínimo), la cuota patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (12.67%) y la provisión del bono 14 y aguinaldo, asciende aproximadamente a Q60,000.00 al año, tal y como se describe a continuación:

Equipo de cómputo

7,500

Mobiliario y equipo de oficina

6,797

Salario mínimo anual

35,630

Pago de cuota patronal IGSS

4,134

Provisión de Bono 14

2,969

Provisión de Aguinaldo

2,969

Total

 

60,000

Si tomamos en cuenta, tal y como se indicó anteriormente, que la SAT deja de devolver alrededor de Q834.3 millones al año, podemos decir que, dado el costo indicado para generar un puesto de empleo básico, en el caso que se hubiese cumplido con reintegrar dicho monto a los tributarios, estos podrían haber creado alrededor de 13,000 nuevas fuentes de empleo al año, lo cual habría generado un fuerte beneficio en la economía nacional.

Finalmente, se puede indicar que, en el caso que la SAT hubiera devuelto la totalidad de las solicitudes de crédito fiscal, esto hubiera repercutido directamente sobre el Producto Interno Bruto, haciendo que en promedio este se incrementara en 0.2% anual. Este sería el impacto directo de la devolución, ya que, al crear nuevas fuentes de empleo, se potenciaría aún más el crecimiento económico, de tal cuenta que los retrasos en la devolución no afectan únicamente a los tributarios a quienes se les adeuda, sino que repercute en la posibilidad de generar un desarrollo económico mayor en la población.

 

Reformas a la Ley del IVA que han afectado la Devolución de Crédito Fiscal

Se pudo observar que a partir de 1994 se han realizado una serie de reformas tributarias que modificaron la Ley del IVA. Estos cambios han provocado que el trámite de devolución se vuelva más engorroso y burocrático, atentando directamente contra un derecho de los contribuyentes. De tal cuenta, es oportuno presentar un apartado específico en el cual se muestren algunas de estas reformas

A través del tiempo se han realizado ajustes a los artículos 23 “A”, 24 y 25, relacionados con la devolución del crédito fiscal, con el objetivo de crear procedimientos regulatorios para llevar a cabo la gestión de dicha devolución.

En tal sentido, en lo que se refiere al Régimen General de Devolución de Crédito Fiscal, a partir del Decreto No. 20-2006, se adicionó el artículo 23 “A” Procedimiento General para solicitar la Devolución del Crédito Fiscal, a la Ley del IVA, tomando en cuenta que en la ley no se consideraba ningún procedimiento que regulara el proceso.

Adicionalmente, con relación al Régimen General, en 2012 se aprobó el Decreto 10-2012, por medio del cual se modificó por completo el texto original del artículo 23. Como consecuencia de dicho cambio se eliminó el texto en el cual se indicaba que al vencer los 60 días de plazo con que cuenta la SAT, para determinar si es viable la devolución del crédito fiscal, si no se tenía respuesta de la Superintendencia, automáticamente se declaraba a favor del contribuyente.

El resultado de dicho cambio, en complemento con el artículo 23 A, generó que, al vencer el plazo, en lugar de declararse a favor del contribuyente, automáticamente, si no se resuelve por parte de SAT, se declara improcedente de oficio.

Asimismo, el Régimen Optativo de Devolución de Crédito Fiscal sufrió varios ajustes relacionados con su texto original, el cual establecía que los contribuyentes exportadores tendrían, derecho a recuperar el crédito fiscal a su favor por el impuesto que se les hubiere cargado al adquirir o importar bienes o utilizar servicios destinados a la realización de su actividad económica, conforme lo establecen los artículos 16, 22 y 23, los cuales contienen la procedencia del crédito fiscal, los saldos y las consideraciones generales establecidas.

Adicionalmente, con la aprobación del Decreto No. 6-94, Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto No. 27-92), se derogó el artículo 24, el cual generaba el derecho para que los exportadores pudieran recuperar su crédito fiscal.

Continuando con el proceso de reformas, con el Decreto No. 20-2006, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, se incorpora nuevamente el artículo 24, el cual queda con el nombre de Régimen Optativo de Devolución de Crédito Fiscal, tal y como se encuentra actualmente en la ley y como se ha descrito previamente en el inciso anterior, con excepción del numeral 4 que hacía referencia a la inscripción que deben hacer los contribuyentes al registro de exportadores y la acreditación de que cumplen con los porcentajes de las exportaciones establecidos en el artículo 25 de la ley del IVA.

De igual forma, con el Decreto No. 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, se reforma nuevamente el artículo 24, adicionando la literal B), la cual considera una nueva modalidad como requisito para la solicitud de la devolución.

Es importante enfatizar que durante los procesos de reformas que sufrió el artículo 24, se crearon procedimientos y requisitos que se deben cumplir para solicitar la devolución del crédito fiscal bajo este régimen.

Por otra parte, el artículo 25, Régimen Especial de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores, también pasó por un proceso de reformas, en donde se puede observar que varía significativamente de su texto original, el cual era denominado “casos especiales”. Asimismo, el artículo 25 sufrió un proceso de derogatoria con el Decreto No. 6-94, Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto No. 27-92).

Sin embargo, con el artículo 11 del Decreto No. 142-96, Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se restituyó nuevamente el artículo 25, el cual queda con el nombre que posee en la actualidad. En las referidas reformas se incorporó principalmente una cantidad mayor de devolución del monto actual, el cual era noventa por ciento (90%); de igual forma, establecía que el 15% de los ingresos depositados diariamente en concepto de IVA de la cuenta “Gobierno de la República-Fondo Común”, deberían utilizarse para atender las devoluciones a exportadores, con la cuenta específica creada por el Banguat y no el ocho por ciento (8%) como está establecido actualmente.

Finalmente, el Decreto No. 80-2000, reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto Número 26-92 y sus reformas, reformó el primer párrafo y los numerales 1) y 3) del artículo 25 de la ley del IVA, reformado por el artículo 11 del Decreto No. 142-96. Asimismo, es relevante mencionar que los procedimientos incorporados, incrementan los requisitos para solicitar una devolución en este régimen.

Adicionalmente, aunado a los procedimientos establecidos en la ley, la Intendencia de Fiscalización en SAT emitió un procedimiento interno para la devolución de crédito fiscal de IVA en el Régimen General. El documento detalla los pasos que se deben llevar a cabo para evacuar los expedientes con resolución de devolución procedente y sin ajustes; con ajustes y devolución parcial; con resolución de denegatoria; o con hechos ilícitos penales.

Derivado de lo anterior, corresponde seguir un proceso de normativas internas, en los cuales se detallan los responsables de dar seguimientos a los procesos, pudiendo notar que el procedimiento es engorroso, burocrático y discrecional. Los expedientes pasan por ocho unidades administrativas diferentes antes de llegar al auditor tributario o técnico de auditoría tributaria, quienes son los responsables de llevar a cabo gran parte del proceso, en donde, según lo establece la normativa, el tiempo estimado para realizar la auditoría tributaria es de 55 días hábiles y en el caso de que deban realizarse verificaciones de extremos a los proveedores principales, se deberán adicionar 45 días más.

Conclusiones

  • Con el objetivo de mejorar la recaudación tributaria, para agenciarse de mayores recursos públicos, el Organismo Ejecutivo ha promulgado diversas reformas tributarias. Sin embargo, no siempre se han obtenido los resultados esperados, tal es el caso de las modificaciones que se han realizado a la Ley del IVA, específicamente se puede observar que los trámites y procedimientos para la devolución del crédito fiscal se han hecho cada vez más engorrosos, lo cual ha retrasado el pago en favor de los tributarios.
  • El aumento en la burocracia para solicitar la devolución del crédito fiscal ha creado incentivos perversos, los cuales se han evidenciado en la serie de denuncias y acusaciones, sobre actos de corrupción para agilizar el pago del crédito fiscal. Por ejemplo, en el caso del artículo 23 de la Ley de IVA, originalmente el texto indicaba que, si se concluía el período de 60 días que tiene la SAT para verificar los expedientes y la institución no había emitido un fallo, automáticamente se declaraba en favor del contribuyente. Sin embargo, con los cambios de la reforma tributaria de 2012, se estipuló en el artículo 23 A, que de no resolverse durante el período estipulado, se declaraba de oficio improcedente o desfavorable, por lo que el tributario podría requerir una revisión del expediente.
  • Otro ejemplo de reformas perjudiciales se puede observar en las realizadas en el año 94, en donde se elimina la devolución de crédito fiscal para los exportadores. Posteriormente, en el año 2006 se vuelven a habilitar los regímenes de devolución; sin embargo, los procedimientos regulatorios generaron una serie de trámites burocráticos que han hecho más difícil realizar la solicitud.
  • Como se puede observar, tanto en las devoluciones que realiza el Banco de Guatemala como los que efectúa el Ministerio de Finanzas Públicas y la presa de expedientes que se encuentran pendientes de resolución por la SAT, se evidencian retrasos de hasta 19 años, lo cual genera un impacto negativo en las finanzas de las empresas y proveedores, ya que son recursos que pudieron haber sido invertidos, generando mayores beneficios económicos en general.
  • Los retrasos en la devolución del crédito fiscal no tienen consecuencias monetarias como una penalización para la SAT; sin embargo, para los contribuyentes representa una pérdida en función de la devaluación de la moneda. De tal cuenta, la Superintendencia no tiene incentivos para agilizar los procesos de devolución.

Recomendaciones

  • Tomando en cuenta que al momento existen en SAT más de 1,500 expedientes que aún no han sido resueltos, es necesario que la dependencia a cargo tome las medidas correctivas, ya sea contratando más personal y verificar cuáles son los cuellos de botella que retrasan los procedimientos.
  • Adicionalmente, tal y como se indicó, la normativa legal vigente hace más engorrosos y tardados los trámites, de tal cuenta se considera necesario que la SAT realice una revisión detallada de sus procedimientos, con el objetivo de eliminar aquellos que dupliquen funciones y principalmente que suprima toda discrecionalidad, de tal forma que se eliminen los incentivos que pueden generar focos de corrupción.
  • Partiendo del hecho que la normativa tributaria es sumamente estricta con los contribuyentes, estableciendo multas por los atrasos en el pago de impuestos, se sugiere, como una alternativa para incentivar la agilización de los procedimientos, que la SAT paga un porcentaje diario o mensual, al no cumplir con el límite de tiempo para resolver los expedientes.
  • Finalmente, se recomienda que, en virtud que el crédito fiscal es un derecho de los contribuyentes, se modifique nuevamente la normativa en la cual se favorecía a estos, estableciendo que de no contar con un dictamen por parte de la Superintendencia, de oficio se declarará a favor de los solicitantes. De esta forma se resolverán de forma oportuna y, aunado con la recomendación anterior, se podrá incentivar a que la devolución se realice en el tiempo oportuno, sin que esto vaya en perjuicio de los contribuyentes.

Referencias

  • Código Tributario
  • Entrevista a personal del Banco de Guatemala
  • Ley del Impuesto al Valor Agregado
  • Portal electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria (www.sat.gob.gt)
  • Portal electrónico del Banco de Guatemala (www.banguat.gob.gt)
  • Portal electrónico del Ministerio de Finanzas Públicas (www.minfin.gob.gt)
  • Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
  • Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
  • Solicitudes de Información Pública

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