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14 de octubre, 2019

Perú 2019, ¿Guatemala 2021?: las crisis por elección de magistrados

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Jonatán Lemus

El politólogo Guillermo O'Donnell (1994) desarrolló el concepto de la democracia delegativa. Un tipo de régimen en América Latina en el que, en medio de una crisis, el electorado visualiza al presidente como un salvador, justificando así el gobierno por decreto sin consultar a otros poderes del Estado. En este tipo de democracias, existe la rendición de cuentas vertical--del presidente a sus electores--,pero no horizontal--del presidente a otros poderes--. 

Para frenar esta tendencia hacia la concentración del poder, en América Latina se han creado tribunales o cortes encargadas de revisar la constitucionalidad de las acciones de los poderes del Estado. Con el paso del tiempo, estas se han fortalecido en varios países como Costa Rica, Colombia y Argentina, incluso adoptando un papel activista en la definición de  políticas públicas  (Brinks, 2012). Desde mi perspectiva basada en el caso de Guatemala, estos órganos han ido más allá de solo limitar el poder del Ejecutivo y Legislativo, y se han convertido en concentradores de poder.

Según O'Donnell (1994:60), en las democracias delegativas aumenta la intensidad y el dramatismo en los procesos de elección. Esto sucede porque el ganador de las elecciones obtiene una enorme cuota de poder. En la actualidad, se podría decir lo mismo de las elecciones de magistrados para los tribunales constitucionales. Al incrementar la influencia de estas instituciones, el proceso de selección se ha convertido en un juego de suma cero, en donde el ganador se lo lleva todo.

En efecto, la reciente crisis en Perú podría ser un ejemplo de cómo la elección de magistrados puede conducir a crisis políticas de alto impacto. En dicho país, los siete magistrados del Tribunal Constitucional son electos por el Legislativo. El presidente Martín Vizcarra envió al Congreso peruano una solicitud de confianza para modificar dicho proceso de selección, argumentando la falta de transparencia y de división de poder del modelo actual. Sin embargo, al no recibir una respuesta del Legislativo, Vizcarra optó por disolver el Congreso. Por su parte, el Legislativo tomó la decisión de iniciar el proceso de elección de magistrados, y nombrar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta de Perú. Esta última presentó posteriormente su renuncia, generando una crisis constitucional. Según los medios peruanos, el conflicto en la designación de magistrados se profundizó debido a que será en el Tribunal Constitucional, donde se discutirán temas controversiales como la liberación de Keiko Fujimori, y el desenlace de casos de corrupción, en especial los derivados del escándalo de Odebrecht. Será el mismo Tribunal Constitucional el que defina si la medida de Vizcarra fue legal y si se llevarán a cabo elecciones en enero de 2020.

El escenario peruano deja lecciones importantes para el caso guatemalteco. El actual proceso de elección de magistrados a Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia se ha visto cuestionado por la intervención de la Corte de Constitucionalidad, la cual ha ordenado que se reinicie el procedimiento. Debido a esto, no se cumplirán con los plazos establecidos en la Constitución, y se ha producido un intenso debate jurídico sobre la extensión del mandato de los actuales magistrados de la CSJ. Este conflicto, aunque no emula al peruano en intensidad, podría ser el inicio de una lucha por el poder en el 2021, cuando se elijan magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

En opinión personal, Guatemala podría experimentar una crisis similar a la peruana por dos razones. Primero, porque ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo tienen altos incentivos para hacerse con el control de la CC. Por un lado, al no tener una mayoría en el Legislativo, el presidente Giammattei podría necesitar de una corte amigable para poder promover sus políticas por la vía de acuerdos gubernativos. Por su parte, la mayoría de la UNE en el Congreso deseará contar con una CC que refuerce su contrapeso al Ejecutivo. Segundo, porque así como en el caso peruano, los procesos penales por casos de corrupción también podrían influir los incentivos de los actores en Guatemala. Aquellos políticos involucrados en casos de corrupción podrían pretender la conformación de una CC amigable a sus intereses.

Sin embargo, existen algunas diferencias. En primer lugar, a diferencia de Perú, en Guatemala la disolución del Congreso no se encuentra establecida en la Constitución. Además, el proceso de selección en Guatemala involucra a cinco actores: Ejecutivo, Legislativo, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos, y el Colegio de Abogados. Esto genera menor capacidad de uno de los actores para controlar todo el proceso. Segundo, en Guatemala Giammattei podría alcanzar acuerdos con el Congreso tal y como lo logró su antecesor, sometiendo a las cortes a un segundo plano. Finalmente, la historia reciente de ambos países también ha tenido desenlaces diferentes. En 1992 Alberto Fujimori en Perú logró con éxito la disolución de otros poderes del Estado, y un año más tarde, Jorge Serrano en Guatemala no obtuvo el mismo resultado al aplicar dicha medida.

Al evaluar las anteriores consideraciones, queda la pregunta para debate ¿Se volverá a repetir la historia de Perú en Guatemala?

 Referencias

Brinks, Daniel. (2012). A tale of two cities: the Judiciary and the Rule of Law in Latin America. In Handbook of Latin American Politics edited by Peter Kingstone and Deborah Yashar, 61-75. New York: Routledge

 

O'Donnell, Guillermo. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy 5(1), 55-69.

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