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Los 4 puntos que hunden la reforma constitucional

CEES

23 de marzo, 2017

Se discute en el Congreso la propuesta de reforma constitucional al sector justicia. El CEES presentó una propuesta pues la idea de fortalecer la justicia en Guatemala figura como una de las Diez Prioridades para el gobierno que hemos publicado como centro de investigación.

No obstante, al analizar el texto que discuten actualmente los diputados al Congreso de la República, hacemos saber que dicha propuesta adolece de cuatro grandes fallos que la hacen indeseable:

1.      Pluralismo jurídico. Se propone modificar el artículo 203 y se sugiere que la jurisdicción no sea ya “exclusiva” del organismo judicial. En principio esto fortalece la fuerza de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

Sin embargo, no es técnico ni aconsejable incluir en este artículo la “(…) jurisdicción de los pueblos indígenas que se ejerce por sus propias autoridades”. Actualmente el derecho indígena ya se reconoce y aplica por la vía del artículo 66 de la propia Constitución y por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. El gran problema está en armonizar la jurisdicción ancestral.

Para ello hace falta reformar leyes ordinarias que determinen el rango de la jurisdicción indígena y no modificar el artículo 203. Consideramos que hay dos aspectos a normar:

a.      Que el sometimiento a dicha jurisdicción sea voluntario. Es decir, que si una de las partes no desea ser juzgado por la justicia indígena sino por la jurisdicción ordinaria, sea capaz de pedir que así sea.

b.      Que se atribuya a dichas autoridades el rango de jueces de paz, se señale qué materias podrán conocer y se limite su ejercicio a la Constitución y a las leyes ordinarias de la república.

2.      El Consejo de administración judicial. Este consejo prevé dos órganos: la dirección de la carrera judicial y la dirección administrativa.

Estamos de acuerdo con que las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de Justicia se deben separar. Lo que no vemos con buenos ojos es la división entre el gobierno judicial y la gestión judicial en este cuerpo administrativo. Es deseable que la administración ya no esté a cargo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Pero no es necesario crear un complejo órgano de administración que esté fuera de la corte. Este problema se puede resolver con mucha mayor facilidad con la figura del gerente o administrador judicial. Éste tendría a su cargo la administración del poder judicial y rendiría cuentas al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

3.      Carrera judicial. Es deseable la implementación de una verdadera carrera judicial. Pero no vemos que el modelo propuesto sea el mejor medio para lograr ese fin. En primer lugar, la dirección de la carrera judicial que se propone se integraría con: representantes de los jueces de paz, de primera instancia, de salas de apelaciones, por un representante de la CSJ y por tres profesionales elegidos por oposición. La calidad del órgano dependerá de los efectivos procedimientos de oposición que, por supuesto, no se lograrán a través de la reforma constitucional.

Pero el poder que concentra este consejo es peligroso. En la propuesta se prescinde de las comisiones de postulación pero se pretende que sea este consejo quien presente la nómina de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Esto simplemente traslada el problema de las comisiones de postulación y lo traslada a este órgano.

En segundo lugar, no es aconsejable que la formación de los jueces de la carrera judicial esté a cargo de esta autoridad. Para ello hay universidades dentro y fuera del país donde los abogados puedan formarse y sumar méritos a su hoja de vida. Monopolizar la formación es peligroso y poco deseable para mejorar la calidad de la jurisprudencia.

4.      La Corte Suprema de Justicia. Como decíamos en el punto anterior, no es deseable que la Corte Suprema de Justicia sea designada por el órgano burocrático de la dirección de la carrera judicial. Ciertamente todos los manuales sugieren que la independencia de las cortes viene dada por dos grandes factores: la forma de designación y la duración del cargo.

Para tener una CSJ más independiente, hace falta que su designación no venga condicionada y que su duración en el cargo les permita estar libres de presiones. La solución pasa entonces por establecer que los magistrados de la CSJ sean vitalicios. Con ello se liberan las presiones a los magistrados y a su vez haría que la designación se dé cada vez que haya una vacante por jubilación o por ausencia total del magistrado.

 

 

Designar un magistrado a la vez, limita enormemente la influencia que los políticos puedan tener sobre las grandes cortes y es un mecanismo mucho más sano que la dirección de la carrera judicial que se propone.

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