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28 de febrero, 2020

Una reforma necesaria al sistema de justicia

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Ramón Parellada

La captura de Alejos nos recuerda que nuestro sistema de Justicia está muy politizado. El caso anterior, “Comisiones Paralelas”, fue similar, de una persona capturada por sus influencias sobre la elección de jueces y magistrados. En esa ocasión se trataba del famoso Rey del Tenis.

Ante esta situación, algunas personas piden que se repita todo el proceso y otras consideran que siga adelante. Pienso que debe seguir adelante porque se atrasará y volverá a pasar lo mismo, dada la forma en que se elige a los candidatos. No sé qué va a pasar, pero ya hay solicitud de amparos para que se suspenda esta elección de magistrados a las cortes de Apelaciones (CA) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El problema es la forma en que se deben conformar las comisiones de postulación. Esto está establecido en nuestra Constitución, que permite que el sistema se politice, que exista ese tan nefasto pero entendible tráfico de influencias y que se hagan cosas fuera de lo normal para poder pertenecer a esas comisiones.

Para la elección de los magistrados de la CSJ, el artículo 215 de la Constitución establece que el Congreso elige a estos de una nómina que la Comisión les pase. Serán electos por 5 años. La comisión de postulación será integrada “por un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución”.

Ante este nuevo intento de tráfico de influencias, surge la inquietud por reformar la forma de elegir a jueces y magistrados. ProReforma tenía una solución que podría haber pasado con una Reforma Parcial a la Constitución, pero que los diputados, en su momento, engavetaron. Fue un grave error y una irresponsabilidad por parte de ellos. La propuesta reduciría en un buen grado la politización de esa elección. La comisión de postulación sería más pequeña, “integrada por los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y el presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio”. La nómina de candidatos a escoger sería de 30 magistrados y se haría por sorteo. También se proponía que fueran vitalicios y no que duraran apenas 5 años en el cargo.

Considero que se puede hacer una mejora en el tema de la elección de los candidatos para la nómina. No se necesita que estén involucradas las universidades ni abogados ni toda esa cantidad de gente que al final serán presionados políticamente. Bastaría con especificar con total claridad los requisitos que deben cumplir los magistrados, mandar cada currículo de cada candidato a tres firmas importantes de recursos humanos para que indiquen si califican o no. La nota es irrelevante. Finalmente, los magistrados se escogerían por sorteo del total de candidatos que sí cumplen con los requisitos (las tres firmas deben dar el visto bueno al candidato para que pase a la nómina final). Esto minimizaría la politización de la justicia. Los candidatos serían vitalicios en sus puestos.

Si no se hace esta reforma no se minimizará la politización de la elección de jueces y magistrados para las cortes. Repetir la elección significa volver a usar el mismo sistema y volverá a ocurrir lo mismo, pero ahora los que influencian se cuidarán más para no ser detectados.

 

*Publicado en Prensa Libre el 27 de febrero del 2020.

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