Las retenciones del crédito fiscal les causan pérdidas de Q42.2 millardos a los dueños legítimos de aquellas retenciones. El drenaje en la economía de los propietarios de aquellos recursos -desde 2012 hasta 2018- por el dinero que el gobierno no devuelve y no se usa de forma productiva ha sido de uno por ciento del PIB.
Aparte de los daños y perjuicios que causa esta situación, en el área económica, hay efectos negativos en el campo de la ética porque “los criterios establecidos por la SAT derivan de inconsistencias, posibles inconstitucionalidades y de exigencias exageradas”, según explicó el consultor, O. Chile Monroy.
¿Ves? de poco sirven los grandes planes de impulso a la productividad, los privilegios y los subsidios, y de poco sirven los viajes, las presentaciones y la burocracia promotora del país, si un inversionista potencial se entera de que aquí, los políticos y burócratas no devuelven el dinero que es propiedad de los tributarios y que han tomado de más.
Como lluvia que cae sobre mojado, la semana pasada representantes de la calificadora de riesgo, Fitch, vinieron a decir que la carga que pesa sobre tus hombros de tributario –directamente cuando te quitan los impuestos; e indirectamente porque los recursos son desviados del sector productivo de la economía al sector político – es poca; y que debería ser más. Nada dijeron sobre eliminar el desperdicio en el gasto estatal.
Con aquello en mente te recomiendo las observaciones del analista Daniel Fernández: A pesar de las apariencias, la presión fiscal no es un indicador clave a la hora de hacer política pública para el desarrollo. Incrementar la carga fiscal no va a incrementar la renta per cápita, ni el índice de desarrollo humano. Existen muchas iniciativas posibles para desarrollar Guatemala; pero incrementar los impuestos no es una de ellas. Los impuestos sirven para engordar los bolsillos de los políticos y burócratas que los gestionan. La agenda del desarrollo necesita un cambio en las reglas de juego, la liberalización de la economía, y priorizar la seguridad física y jurídica sobre cualquier otro gasto público.
Columna publicada en elPeriódico.
Luis Figueroa
consejo investigativo
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