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24 de noviembre, 2017

Presupuesto y el C.T.G.

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Carroll Ríos de Rodríguez

C.T.G. no son las siglas de un sindicato, sino una clave que inventó el Dr. Manuel Ayau Cordón para referirse al Costo de Tener Gobierno.

 

Es necesario y constructivo evaluar el C.T.G. en Guatemala. La frase nos recuerda tres verdades. Primero, los ciudadanos cargamos con el costo de tener gobierno, y estos costos trascienden el gasto público per se. Segundo, cae de su peso que esta carga deberíamos percibir más beneficios que costos. Tercero, la prosperidad del país está atada al C.T.G.. Podría incluso elaborarse un índice del C.T.G. para identificar las mejores prácticas y guiar las decisiones de los políticos que diseñan, aprueban y ejecutan el gasto público.

 

El próximo 30 de noviembre, el Congreso de la República podría aprobar un Presupuesto General de la Nación que es un 13 por ciento más elevado que el presupuesto del 2017.  ¿Prometer la entrega de Q.87,922.9 millones al gobierno redundará en mejores condiciones de vida para la ciudadanía? Se mantiene la inquietud aún si el monto se reduce a Q.84,596 millones, siguiendo el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso. Claramente, la respuesta rápida es no: Guatemala no mejorará su posicionamiento si se llega a aprobar y a ejecutar este presupuesto.

 

El estudio “Análisis de la composición del proyecto de presupuesto 2018” elaborado por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) contiene argumentos que justifican nuestro pesimismo. “Las políticas de gobierno no priorizan las asignaciones que garanticen la prestación de bienes y servicios,” subraya el informe. Agrega el documento que “los recursos provenientes de ingresos tributarios reflejan una rigidez presupuestaria superior al 92%, lo cual limita el margen de acción del Gobierno.”  En términos de gastos, únicamente el 20.3% del presupuesto estaría destinado a inversión, mientras 64% iría a funcionamiento y 15.7% al pago de deuda pública. El aumento al rubro de inversión en comparación con el presupuesto vigente asciende a Q.4,205.9 millones, pero la mayoría no se utilizaría para atender directamente la demanda por servicios de los ciudadanos. De hecho, en su dictamen emitido la semana pasada, la Comisión de Finanzas del Congreso elimina buena parte del aumento destinado al Ministerio de Comunicaciones. Esta es la dependencia que tiene a su cargo las carreteras, para las cuales la población reclama urgentemente trabajos de mantenimiento y ampliación.

 

Otro defecto de este proyecto de presupuesto es que las autoridades esperan ingresos por encima de lo que realmente recaudarán, como ha sucedido en años pasados. Proyectan un incremento del 11% en los ingresos tributarios, cuando en el pasado han subido 6%, y tal cifra pudiera ser menor a futuro porque últimamente parte de lo recaudado es por cobros extraordinarios a supuestos evasores.

 

Para cubrir el gigantesco gasto, se planifica complementar los ingresos por impuestos con nueva deuda. Al 30 de agosto de 2017, el “saldo del endeudamiento público se ha incrementado...a una tasa promedio del 6% anual”, afirma el estudio. Es cada vez menos sano el balance entre la deuda por préstamos y donaciones, por un lado, y la deuda por la emisión de bonos del tesoro, por el otro. Ahora hasta el 70% de la deuda estaría compuesta por bonos. Las autoridades están cometiendo dos imprudencias graves: incurren en más deuda para pagar deuda, y adquieren deuda cara. Y ello frente a la triste realidad que la calificadora internacional de crédito, Standard and Poor’s, considera que somos un país de alto riesgo, debido a nuestras débiles instituciones y un ambiente político polarizado que frena el crecimiento económico.

 

Señores diputados: no eleven el C.T.G. del país, ni por inercia ni por premura. Este abultado presupuesto no contribuirá al bienestar económico y social del país y compromete nuestro bienestar en el largo plazo.

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