Artículos de prensa

Nuevas legiones se unen a la reforma constitucional

Luis Enrique Pérez

01 de mayo, 2017

Los autores extranjeros y sus colaboradores nacionales que engendraron el proyecto de reforma de la Constitución Política de la República, sobre el cual los diputados simulan discutir como si fuera un sísmico asunto nacional, es decir, el proyecto propuesto por la Jefe del Ministerio Público, el Jefe de la Comisión Nacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, y el Presidente de la República, agregaron públicamente a ese simulacro, novedosos patrocinadores.

 

Ellos son la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Alianza Evangélica de Guatemala. ¿Sumisos estudiantes de la Universidad de San Carlos, y fervientes católicos, o dóciles evangélicos, prisioneros de una mística unidad, contribuirían, entonces, a ratificar, como si fuera un mandato de la historia, el proyecto de reforma? ¿Y la administración oficial de justicia celebraría una majestuosa feria nacional, y sería jubilosamente proclamado el Día Nacional de la Justicia? ¿Y sería otorgada, al heroico Iván Velásquez, Director de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cola, o la Orden de la Ceiba en el grado de Gran Tronco, o la Orden del Jaguar en el grado de Gran Colmillo? ¿Y los cielos se estremecerán extasiados, acompañados por un cósmico himno coral?

 

Iván Velásquez ha advertido que si el proyecto de reforma constitucional no es ratificado por el pueblo, entonces será derrotado, no el Ministerio Público, sino el pueblo mismo. ¡Hasta ha demandado, con ridículo dramatismo o abusivo mesianismo, un compromiso con la justicia! Es como decir que cada voto del ciudadano que no ratificara la Constitución, sería un terrible puñal, con el cual atentaría contra su propia vida. Así, pues, usted, ciudadano guatemalteco, ratifique el proyecto de reforma constitucional, y ya ratificado, hasta con una cantidad de votos que provocaría fatiga en las urnas, celebre el triunfo, no con tóxico licor, sino con regocijo purificador, e hínquese ante el señor Velásquez.

 

Me apresuro a advertir que el motivo por el cual me opongo al proyecto de reforma constitucional de la administración oficial de justicia en nuestro país, no es que haya sido propuesto por poderes extranjeros, aliados con poderes nacionales; o porque, más precisamente, sea un engendro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Me opongo porque es un pésimo proyecto de reforma. Se pretende que haya más justicia; pero habría más injusticia. Se pretende que haya menos corrupción judicial; pero habría más corrupción. Se pretende que los jueces sean más independientes; pero serían más dependientes. Se pretende que se reduzca la intromisión de los políticos en la administración oficial de justicia; pero habría más oportunidades de intromisión. O se pretende que haya una carrera judicial que garantice la justicia del veredicto judicial; pero se crearían nuevos vicios que renovarían esa ficticia garantía.

 

Si, finalmente, los diputados aprobaran un proyecto de reforma constitucional que preservara la esencia del proyecto originalmente propuesto, sería un triunfo del pueblo de Guatemala no ratificarlo. No importaría que ese triunfo fuera derrota del Ministerio Público, o de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, o del Congreso de la República, o del Presidente de la República, o de los miembros dirigentes de grupos religiosos, o de ocultos poderes extranjeros. Por supuesto, debe ser reformada la administración oficial de justicia; pero debe ser reformada para que mejore, y no para que empeore. Y el proyecto de reforma que se ha propuesto parece estar destinado precisamente a empeorarla.

 

Post scriptum. Presuntamente por lo menos 1,500 ciudadanos, que quizá son miembros de cientos de miles de instituciones, intervinieron en el engendro del proyecto de reforma. Esa cifra de ciudadanos es un tosco recurso intimidante, que parece comunicar esta orden: “no discuta el proyecto de reforma, porque está ya excesivamente discutido; y acepte que 1,500 ciudadanos constituyen una cifra suficientemente persuasiva.”

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