Artículos de prensa

La reforma política

Eduardo Mayora Alvarado

01 de mayo, 2017

Los grupos interesados invierten recursos en los partidos políticos –que llevan al poder a los funcionarios con poder discrecional– para que, una vez en sus cargos, “cumplan”.

 

Además de la reforma del Poder Judicial –que es la más importante, pues sin jueces independientes e imparciales que hagan valer consistentemente la Constitución y las leyes, simplemente no hay Estado de Derecho– la reforma política es imperativa. Las reglas e instituciones políticas actuales carecen, las primeras, de fundamento sustantivo y lógico y, las segundas, de viabilidad y credibilidad.

 

En efecto, las reglas constitucionales y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos han creado el marco para una especie de “mercado de rentas”. Una “renta”, en el sentido económico, es un pago o cualquier tipo de beneficio que remunera al beneficiario por encima de lo necesario para costear su producción. Así, los grupos de presión o de interés privado (por oposición al “interés público”) invierten recursos (dinero, apoyo electoral, apoyo estratégico, etc.) en las organizaciones (los partidos políticos) que llevan al poder a los funcionarios con poder discrecional para que, cuando eso se materialice y estén en sus cargos, “cumplan” con su parte del trato y decreten o ejecuten los actos oficiales que habrán de generar, para los “inversionistas” (los grupos de presión o de interés), las “rentas” que buscan.

 

¿Cómo ha ocurrido esto? En pocas palabras, la Constitución de 1985 concede al Congreso de la República y al Organismo Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales. Por un lado, en lo que toca al régimen laboral y de servicio civil de los cientos de miles de ciudadanos que trabajan para el Estado (pues de acuerdo con los artículos 108 y 116 toca a la mayoría legislativa diseñar dicho régimen y al Ejecutivo) negociar los pactos colectivos de condiciones de trabajo y, por el otro, en lo que toca al régimen económico y social, porque les atribuye a los dos poderes políticos –el Legislativo y el Ejecutivo– las facultades discrecionales para diseñar y decretar múltiples posibles beneficios de “fomento”, de “promoción”, de “protección”, de “otorgar incentivos”, etcétera (que en el Artículo 119, para no citar sino uno, se establecen como obligaciones fundamentales del Estado).

 

Por supuesto, los grupos de presión –como los sindicatos de trabajadores estatales– y los grupos de interés privado –como las asociaciones gremiales y las profesionales– comprenden el valor de todas esas “rentas” que constitucional y legalmente pueden concedérseles y, así, negocian y cierran tratos con “la guinda del pastel”, es decir, con los partidos políticos, que operan como verdaderos intermediarios.

 

La regulación de los partidos políticos está concebida para que sea muy costosa la organización y registro de los mismos. Esto, por supuesto, los hace dependientes de los grupos que puedan aportar los afiliados o de los que puedan aportar los recursos financieros o de ambos. Las ideologías salen sobrando porque la clave está en los tratos que se cierren para conseguir las “rentas”.

 

¿Cuál es la solución? Contra la discrecionalidad, el principio de generalidad. Contra el clientelismo sindical, opino que a nivel constitucional deben separarse las funciones “de gobierno”, por un lado, de las de “gestión del servicio civil”, por el otro. Estas se deben aislar del juego político dotando de profesionalidad a las administraciones públicas que, así, presten sus servicios sin negociar sus condiciones con los políticos.

 

Los partidos deben poder organizarse como cualquier asociación voluntaria y, eso sí, quedar sujetos a la más rigurosa fiscalización de su “democracia interna” y de sus finanzas. Las barreras a la entrada y las que suponen altos costes de organización, deben suprimirse para evitar clientelismos y mecenazgos.

Artículos de prensa SIMILARES

Algunos amigos, con quienes he conversado sobre el estado de la economía de nuestro país, me han solicitado exponer en un artículo, la opinión que, espontáneamente, he expresado en la conversación.

Ver más

La unificadora consigna de “cero tolerancia a la corrupción” no basta, pues diferimos sobre los caminos para alcanzar la sociedad ideal.

Ver más

En mis artículos anteriores afirmé que suponía que estamos de acuerdo que para construir la república debemos basarnos en los principios republicanos declarados por los revolucionarios de la Ilustración: Libertad, igualdad y fraternidad.

Ver más

El 19 de noviembre los chilenos acudirán a las urnas. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los sufragios, los dos más favorecidos (de un total de ocho) volverán a aspirar el 17 de diciembre.

Ver más

La terrorífica experiencia que vivieron los trabajadores y directivos de Telefónica en los últimos días debiera llevarnos a todos a la reflexión sobre las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos y cómo, muchas veces...

Ver más

Presentado por Human Rights Watch, Carrera contra el tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, noviembre 2017, merece un detenido estudio y –por supuesto—amerita una crítica balanceada.

Ver más

Antes que termine el mes debe aprobarse por parte de los diputados del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para el 2018 presentado por el Ministro de Finanzas Públicas.

Ver más

Es poco lo que se puede decir sobre la corta vida de Ludvin Bernal Tiul Chacach, un niño que murió en inhumanas circunstancias con apenas 4 años de edad, a causa de la indulgencia de los gobernantes con los delitos anunciados ¡y perpetrados! por los dirigentes de la organización criminal CODECA. 

Ver más

Hay un cuento de García Márquez, titulado Algo muy grave va a suceder en este pueblo, y empieza así: Imagínese usted un pueblo...

Ver más

Nuestro país se está acercando peligrosamente al despeñadero y la mayor parte de personas parece...

Ver más

Es necesario que sean los ideólogos más preclaros y los hombres o mujeres públicos más competentes, quienes ejerzan ese liderazgo.  Hay que cambiar las cosas

Ver más

Insisto: nuestro derecho padece una gravísima omisión, cual es que si bien el Código Penal –ley ordinaria que es...

Ver más