Artículos de prensa

La CSJ y el informe de HRW

Gabriel Orellana

24 de noviembre, 2017

Indudablemente la reciente publicación del documento “Carrera contra el tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad” de Human Rights Watch llegó oportunamente para retratar nuestro sistema de justicia; concepto éste en el que se debe incluir a los tribunales, al Ministerio Público, a la abogacía y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto último viene al caso porque se acusa únicamente a los abogados como únicos responsables del abuso del amparo. Tanto así que Mario Antonio Sandoval (Amparos que desamparan al sistema de justicia, Prensa Libre 15.11.17) llega a afirmar que dentro de esta patología se incluye el “amparo malicioso… mal intencionado e injustificado” y “bufetes especializados en el “amparismo profesional’”. Ahora bien, sin negar que mucho hay de cierto en estas afirmaciones, también es preciso señalar el papel que en este “amparismo profesional” desempeña el Ministerio Público.

Porque muchos de esos amparos carentes de fundamento y cargados de una alta dosis de chicanería, también son promovidos por el Ministerio Público con el fin de prolongar en el tiempo la detención “provisional” en que se encuentran algunos procesados para que se plieguen a sus deseos a fin de acortar su privación de libertad. ¿Quién se atreve a afirmar que el Ministerio Público guatemalteco litiga apegado a los principios consignados en su ley orgánica y por las directivas dictadas por la ONU, cuando ha sido capaz de ocultar pruebas exculpatorias por varios años, como ocurrió en el caso del vicepresidente Juan Francisco Reyes, por ejemplo?

Y aún hay más. ¿Tiene el Ministerio Público derecho de promover procesos de amparo cuando las resoluciones le son desfavorables? Dicho con otras palabras, ¿tiene el Ministerio Público en el ejercicio de una función que le es propia, como es la de velar por la recta aplicación de la ley –como parte que es del Estado— derecho de reclamar contra las resoluciones dictadas por otro organismo del Estado, como es el Organismo Judicial en cumplimiento de una función que le es propia, cual es la de administrar la justicia? Es lógico pensar que concederle ese derecho constituye una aberración bajo la cual subyace una realidad que, parafraseando el dicho mexicano, podría enunciarse diciendo que “Cuando el Ministerio Público no gana, arrebata… valiéndose del amparo.”

El tribunal constitucional costarricense, para citar un ejemplo, se ha pronunciado sobre este tema diciendo que: “En torno a si el Estado, lato sensu, tiene legitimación activa para acudir a la vía de amparo, la Sala ha optado por considerar que no es titular de ese derecho: porque ejerce potestades y atribuciones; y además, por ser el origen del recurso, precisamente, la protección otorgada a los individuos como medio de defensa frente a los abusos del poder. En este sentido ya la Sala ha resuelto con el carácter de jurisprudencia vinculante erga omnes, que el amparo […] no puede entenderse concebido para proteger, también, a entidades de Derecho Público […].” (Voto No. 2890-92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 11.09.1992). ¡Volveré! dijo Douglas Mc Arthur.

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