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14 de marzo, 2018

La corrupción de la anticompetencia

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Jorge Jacobs A.

En el Congreso están intentando aprobar una “Ley de Competencia” que realmente debería llamarse “Ley AntiCompetencia”, que no solo va a plantear obstáculos a los emprendimientos, sino que adicionalmente planteará muchos incentivos para la corrupción por parte de los funcionarios de la “Superintendencia de Competencia” que crearía. Lo peor es que muchos que dicen estar en contra de la corrupción promueven emocionados semejante esperpento.  Se nota que la mayoría sigue sin entender cuál es origen de la corrupción. Con legislaciones como estas habrá que seguir persiguiendo a muchos corruptos porque la corrupción seguirá vivita y coleando. ¿No han aprendido nada?

Ya sé que muchos me dirán que “hay que cumplir con el requisito de la Unión Europea”, lo que no es completamente cierto, pero aún si lo fuera, no se necesita hacer una legislación tan restrictiva y que da tanta discrecionalidad a los funcionarios públicos.

El problema de fondo es la visión detrás de esta legislación, que parte de la desconfianza hacia las personas y “cree” que se necesita un estado “niñera” que esté regulando y controlando para que todo funcione como ellos creen que debe funcionar. Por supuesto que quienes ostentan esa visión nunca recapacitan en que dichas regulaciones e imposiciones serán administradas por burócratas y funcionarios con mucha discrecionalidad. Nuevamente, es esa discrecionalidad la que se presta para la corrupción. En lugar de encaminarnos a una menor discrecionalidad y, por ende, menores oportunidades de corrupción, seguimos en el camino desenfrenado de crear más incentivos corruptores.

No nos debemos perder. Si lo que realmente se quiere es fomentar la competencia, lo que hay que hacer eseliminar o por lo menos reducir todos aquellos factores que la limitan.

El factor principal para garantizar que haya la mayor competencia posible es la libertad de entrada; es decir que no hay ningún impedimento para que alguien pueda entrar a vender sus productos o servicios en algún mercado determinado. Con excepción de los negocios ilegales, en donde las barreras de entrada se imponen a balazos, la mayor parte de barreras de entrada a cualquier actividad económica son imposiciones legales de los gobiernos.

La más grande sería una prohibición para que ninguna persona o empresa —salvo la autorizada por los gobernantes— preste un servicio, que de hecho es la definición de un monopolio. De estos ya no quedan muchos pero todavía los hay, como, por ejemplo, el IGSS.

Luego existe toda suerte de mecanismos gubernamentales para dificultar la entrada de personas o empresas a distintas industrias. Entre ellos podemos mencionar aranceles, barreras no arancelarias, licencias, trámites, permisos, etc. Mientras más difícil sea cumplir con los requisitos para iniciar un negocio, menos competencia habrá, lo que obra en beneficio de quienes ya están operando. Lo que se debe buscar es eliminar todos aquellos requisitos burocráticos innecesarios y hacer lo más barato y expedito posible entrar a cualquier negocio. Esa es la mejor manera de garantizar la competencia y que si alguien se quiere “aprovechar” —que es lo que aparentemente desvela a los burócratas en mención— siempre existirá alguien que verá la oportunidad y entrará a competir.

Si lo que quieren es “cumplir con el requisito”, igual pueden imponer una carga pesada y corruptora como la que pretenden aprobar, que una que realmente beneficie a la competencia y su función sea eliminar los obstáculos en lugar de incrementarlos.

¿Tan difícil es entender esto?

*Artículo publicado originalmente en Prensa Libre el 2 de marzo de 2018.

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