Inició oficialmente la campaña electoral 2019 en Guatemala, con este banderazo de salida, ahora sí, los candidatos presidenciales, municipales y a diputaciones pueden anunciarse como la mejor opción para ocupar el puesto al que aspiran y por el que suspiran.
Muchos de los candidatos, especialmente los presidenciables, han comenzado a tapizar con su imagen los postes, las redes sociales con videos, promesas y canciones ofreciéndose como la salvación de los males.
Esta campaña, sin embargo, se ha caracterizado por la incertidumbre jurídica. Las nuevas reglas del juego electoral que introdujeron las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, convirtieron estas elecciones en algo incierto. Por un lado magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, intentando coartar la libertad de acción y expresión en la campaña electoral con la excusa de regular el acceso igualitario, de los candidatos, a entrevistas, debates y foros.
Por otro lado, estamos siendo testigos de lo que parece un juego de ajedrez político donde las piezas se mueven acorde a movimientos judiciales. Antejuicios que se solicitan, convenientemente, un día después de la entrega de credenciales que acreditan como candidatos presidenciales y por consiguiente con inmunidad. Lo cual, nos debería hacer reflexionar en el abuso del privilegio de antejuicio.
Este proceso electoral ha estado marcado por acciones judiciales como el rechazo de inscripciones por supuestos impedimentos constitucionales, inscripciones y “desincripciones”, amparos de la Corte Suprema de Justicia, rechazo in límine de una solicitud de antejuicio, revocación de amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad y más recientemente órdenes de captura.
Si algo está caracterizando a este proceso electoral es la incertidumbre jurídica, si antes se hablaba de la politización de la justicia, ahora se habla de la judicialización de la política. Considero que por primera vez, de forma tangible, los políticos están sufriendo en carne propia lo que vivimos los ciudadanos todos los días, la falta de certeza jurídica.
La incertidumbre de estas elecciones es tal que, a menos de tres meses, aún no sabemos quiénes serán los candidatos presidenciales mucho menos sabemos de sus propuestas, en el entendido que las tienen. Tampoco se conoce quienes integran las listas de diputados.
Ante este panorama, las elecciones parecieran haber cambiado, en primera instancia, de las urnas a los tribunales para que, de lo que “quede”, regrese nuevamente a las urnas y “se elija de lo elegido”.
Ante tal incertidumbre, que en nada beneficia al sistema electoral, solo podemos decir que, por el momento, existen candidatos inscritos, “desincritos” y “a saber”.
María Dolores Arias
consejo directivo
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