Artículos de prensa

El imperio de la ley y de las mayorías

Eduardo Mayora Alvarado

25 de agosto, 2017

Es necesario que sean los ideólogos más preclaros y los hombres o mujeres públicos más competentes, quienes ejerzan ese liderazgo.  Hay que cambiar las cosas.

Si algo ha aprendido la humanidad es que, en general, las sociedades que erigen instituciones que materializan, día a día, el imperio del derecho y de la opinión mayoritaria, son más justas, más exitosas y sus ciudadanos viven con mayor libertad.

Soy de la opinión que, a lo largo de los últimos dos siglos de su historia, comenzando por la generación que declaró la Independencia, los guatemaltecos promulgaron reglas constitucionales y leyes que fueron, en general, más acordes con esos dos ideales que las reglas y leyes que se promulgaron en 1985. Creo que en parte eso se debe a que un buen número de constituyentes y de legisladores del 85 se miraban a sí mismos, un día no lejano, operando bajo esas reglas y leyes.

Esa situación es uno de los problemas más básicos del derecho constitucional, verbigracia, cómo evitar que los legisladores legislen para sus propios intereses. Una de las técnicas empleadas en muchas jurisdicciones para evitar ese problema consiste en que, quienes aprueban las reglas, quedan impedidos de presentarse a las siguientes elecciones.

En fin, sobre el talón de Aquiles de nuestro Estado de derecho ya he intentado explicar en ocasiones anteriores que, principalmente, la falta de independencia de los jueces y magistrados, es el elemento central. En lo que al imperio de la opinión mayoritaria se refiere, el talón de Aquiles está, creo yo, en el hecho de que los partidos políticos hayan sido concebidos y regulados como un verdadero “cartel”.

Me refiero a que, para empezar, los requisitos para su organización y autorización son exorbitantes. Claro que pudiera esgrimirse que, para darle el estatus de institución política a los partidos, no puede dársele la autorización “a cualquiera”. Pero realmente no es necesario erigir barreras de entrada a la competición político partidista pues, quienes quisieran intentarlo sin contar con una ideología, sin programas, sin candidatos competentes y convincentes, simplemente desperdiciarían su dinero y su tiempo y desgastarían sus imágenes.

En segundo lugar está la subvención estatal o, más bien, los ciudadanos, por conducto del Estado, aportando recursos para que los integrantes del cartel cuenten con una “base”. Aquí pudiera esgrimirse que no conviene que los partidos políticos sean financiados, solamente, por actores del sector privado. Que el ciudadano, cada ciudadano, tiene un interés en que los partidos operen con una independencia mínima y no, preponderantemente, para responder a los intereses sectoriales. Sin embargo, nada impide que, como ocurre en otras polis mejor organizadas, los ciudadanos contribuyan directamente al partido de sus preferencias. Hoy en día, eso es más fácil que nunca antes. ¿Por qué se necesita la intermediación del Estado para que un ciudadano contribuya como mejor le parezca?

En último término está la famosa “democracia interna” (o la falta de ella). El régimen jurídico de Guatemala impone una cierta forma de organización que genera “cacicazgos” dentro de los partidos. Es prácticamente imposible, una vez en el poder, destronar a los cacicazgos reinantes.

 

De cara al porvenir, es indispensable que ese “cartel legislado” se rompa. Es indispensable que los partidos políticos sean organizaciones que crezcan gracias a la claridad con que sus convicciones ideológicas atraigan el favor de la opinión mayoritaria, y gracias también a la competencia y liderazgo de sus cuadros directivos. En lugar de que un partido político sea dominado por quienes logren la red de apoyo recíproco “mejor conectada”, es necesario que sean los ideólogos más preclaros y los hombres o mujeres públicos más competentes quienes ejerzan ese liderazgo. Hay que cambiar las cosas.

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