Artículos de prensa

Cumplir y hacer cumplir

Eduardo Mayora Alvarado

20 de julio, 2017

Los incentivos para delinquir se dan en función directa del acierto o del desacierto con que el presidente cumpla con su principal atribución como tal.

Desde hace varias constituciones de Guatemala, al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, al “gobierno” –propiamente dicho– le ha correspondido “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” (Arto. 183, a.).  Ya en la Carta Magna de 1879 se había plasmado la misma idea en relación con el juramento que debía hacer el presidente, creo yo, en términos más integrales: “Protesto desempeñar con patriotismo el cargo de Presidente y observar y hacer que se observe con fidelidad la Constitución de la República”.

Así, la noción de que al jefe del Gobierno y del Estado le competa, fundamentalmente, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del Estado, tiene raíces profundas en nuestra historia política pero, paradójicamente, hace más de cien años, esto se materializaba de manera más efectiva que en nuestros días.

En mi opinión, muchos de los gobiernos de Guatemala de épocas pasadas asignaron, del total de los recursos que gestionaban, una porción más acorde con la importancia prioritaria de esta atribución constitucional.

Creo que la razón principal por la cual los gobernantes del último medio siglo, más o menos, han sacrificado los recursos necesarios para “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” se relaciona con dos cosas: una fe desproporcionada en la capacidad del gobierno de generar desarrollo económico y social; y el descubrimiento por parte de los agentes políticos del poder enorme (incluso dentro de la ley) que proviene de la gestión de presupuestos estatales en otros asuntos más próximos, si bien solamente en apariencia, a ese afán desarrollista.

Pero para probar esto, me reservo otra oportunidad.

En esta ocasión, mi propósito es señalar al lector cómo la corrupción que ahoga a Guatemala es la natural consecuencia de haber sacrificado, a costa de proyectos de segunda y tercera prioridad, la primordial función del Poder Ejecutivo: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

En esto se da otra paradoja muy interesante. Sirve para explicar, por un lado, por qué hace falta “cumplir y hacer cumplir las leyes” y, por el otro, por qué surge y se extiende la corrupción. Es la paradoja que yo he llamado del civis economicus.

El civis economicus son todos y cada uno de los ciudadanos en cuanto calculan, cada uno de ellos, hasta qué punto cumplirán o no voluntariamente con la ley.

Todos hacen ese cálculo. Lo hacen cuando van en el tránsito y se presenta el dilema de pasarse un semáforo en rojo o no porque “voy tarde y no viene nadie”. O cuando en la gasolinera le preguntan: “—¿Quiere factura?”, y por la mente pasa el pensamiento de: “—Qué rollo y, ¿de qué me sirve?”.  Pero también se da cuando, por ejemplo, se recibe una llamada como: “—Si quiere que se le adjudique la licitación, tendrá que depositar en esta cuenta el veinte por ciento”.

La paradoja del civis economicus es la siguiente: el crimen solo paga cuando, primero, casi todas las demás personas cumplen voluntariamente con la ley y, segundo, el “criminal en potencia” estima que sus probabilidades de quedar impune, son suficientemente buenas. Y es este segundo elemento el que está en función directa del acierto o del desacierto con que el presidente cumpla con su principal atribución como tal: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Cuando las leyes se hacen cumplir llega, además, el desarrollo económico.

* Publicado originalmente en Revista Contrapoder el 7 de julio 2017.

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