Artículos de prensa

Cinco puntos sobre el derecho indígena

Edgar Ortiz Romero

27 de marzo, 2017

No cabe duda que la jurisdicción especial de los pueblos indígenas ha sido el tema más comentado en el marco de las reformas constitucionales.  Para entender mejor las implicaciones de esta discusión, sugiero tomar en cuenta los siguientes puntos

1. Mucha gente piensa que la discusión gira en torno a reconocer el derecho indígena. El caso es que el derecho indígena ya está reconocido a través de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, por la vía del artículo 66 de la Constitución y por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala. Lo que se discute es reconocer la jurisdicción de las autoridades ancestrales en el apartado referente al Organismo Judicial dentro de la Constitución. Jurisdicción implica, en palabras llanas, la capacidad de juzgar y promover lo juzgado. Lo que se busca es poner al nivel de la jurisdicción ordinaria a las autoridades ancestrales desde la Constitución.

2. ¿Es necesario reformar la constitución para normar la jurisdicción indígena? No lo es y es mi humilde opinión que no es técnico hacerlo. Dar cabida formal a la jurisdicción de los pueblos indígenas es un asunto que pasa por reformar las leyes ordinarias. Una simple reforma a la Ley del Organismo Judicial donde se determine el rango de estos tribunales sería suficiente.

3. ¿Qué límites tiene la jurisdicción de los pueblos indígenas? No está claro. Una eventual reforma al artículo 203 de la Constitución solo la limita al respeto de los derechos humanos. Lo relevante para la discusión es entender qué límites tendrá por: materia, territorio, cuantía y grado. Es decir, ¿puede conocer un asunto laboral? ¿un asunto comercial? La reforma del artículo 203 no está para resolver el asunto. Si esto no se resuelve continuarán los problemas para determinar la competencia de las autoridades ancestrales y la misma podría entrar en conflicto con derechos fundamentales y con la política del Estado.

Recordemos el expediente 1467-2014 de la CC donde se conoce un caso en el cual las autoridades ancestrales juzgaron una violación de una menor de edad que fue perpetrada por otro joven menor de edad. Las autoridades locales aplicaron al joven acusado de violación una pena de 25 azotes que le darían sus padres, una disculpa de rodillas a la víctima, la promesa de mejorar su conducta y por último sufragar los gastos de recuperación de la víctima. La CC reconoció el castigo impuesto por las autoridades locales y declaró que la jurisdicción ordinaria no podían juzgarlo por el delito de violación pues la resolución de las autoridades ancestrales tenia cualidad de cosa juzgada.

Al margen de lo que pensemos de la sanción, el asunto ilustra dos asuntos: primero, que no queda clara la competencia de las autoridades ancestrales por razón de materia y cuantía pues juzgaron un delito de alto impacto y de menores de edad. Segundo, que la sanción entra en contradicción con las políticas del gobierno en materia de violencia sexual. Recordemos que en 2009 se hacen reformas al Código Penal para endurecer las penas por los delitos de violencia sexual contra la mujer. La aplicación del derecho ancestral en este caso pone en desigualdad a otros agresores sexuales que reciben penas más severas impuestas por el Código Penal.

4. Los alcances del derecho indígena y los derechos de terceros. Las normas del derecho indígena son comunitarias. Las sanciones que se imponen pretenden restablecer el orden dentro de la comunidad. La importancia de establecer límites pasa por entender que en las sociedades con poblaciones más numerosas las normas comunitarias no funcionan porque la gente no se conoce. Las reglas que funcionan en la pequeña comunidad no funcionan en la gran sociedad.

Pienso que lo suyo sería otorgar a las autoridades de los pueblos indígenas el rango de jueces de paz, de forma similar al caso colombiano. De este modo se limita la cuantía de los casos que conocerían.

A su vez,  es preciso garantizar la elección de fuero. Si una persona no quiere someterse a la jurisdicción indígena debe estar en la posibilidad de hacerlo y de pedir que se le juzgue en la jurisdicción ordinaria. Esto garantizaría el derecho de quienes no son de la comunidad o de quienes, pese a ser de la comunidad, no se identifican plenamente con la misma. Es de suma importancia garantizar los derechos de terceros.

5. La cobertura de la justicia del Estado. No podemos ignorar que el derecho indígena es una realidad y resuelve conflictos en muchas comunidades. Tampoco que la presencia de los órganos de justicia es limitada en el territorio nacional. Es preciso aumentar la presencia de los órganos encargados de administrar justicia en todo el país. Si no hay presencia del Estado no se puede esperar que las personas se sometan a la autoridad judicial del mismo. Debemos ser propositivos y generar una justicia que esté al alcance de todos los guatemaltecos.

Artículos de prensa SIMILARES

La semana pasada, el MP y la Cicig presentaron una acusación sobre sobornos para acelerar la devolución del crédito fiscal...

Ver más

El 20 de abril de 1653 Oliver Cromwell disolvió el Parlamento, en aquel tiempo conocido como “Rump Parliament” (‘Parlamento Remanente’ o “Parlamento supérstite”)

Ver más

Cada vez que algún guatemalteco quiere crear riqueza se topa con una seguidilla de permisos y licencias que debe completar y someter a diferentes burócratas quienes con su monopólica firma y sello deberán autorizar.

Ver más

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores

Ver más

Hace un año que se anunció la muerte de Fidel. Parece un siglo. Durante más de una década, desde el 26 de julio del 2006 hasta el 25 de noviembre de 2016, vivió con un pie en la tumba...

Ver más

Interrumpiré mis artículos desarrollando la  construcción de la república basados en los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, porque cayó en mis manos el artículo “La rebelión del sentido común” de Jaime Barrios y se me antojó comentar sobre éste...

Ver más

Actualmente, por mandato de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el ciudadano necesariamente tiene que elegir, o no elegir, un grupo completo de candidatos a diputaciones, propuesto por un partido político...

Ver más

Sin presupuesto no hay paraíso para Joviel y sus huestes, que solo les interesa continuar esquilmando a los tributarios. Sin presupuesto no hay paraíso para los politiqueros, diputados y contratistas...

Ver más

Una de las ideas más importantes y dignas de atención, publicadas en un diario chapín en las últimas semanas fue la siguiente...

Ver más

Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable...

Ver más

Indudablemente la reciente publicación del documento “Carrera contra el tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad” de Human Rights Watch llegó oportunamente para retratar nuestro sistema de justicia...

Ver más

A falta de una semana para aprobar el Proyecto de Presupuesto 2018, los diputados no se ponen de acuerdo y como ha ocurrido en otros años, el último día a última hora se aprobará un sobreestimado Presupuesto.

Ver más