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14 de enero, 2020

Diez prioridades para el próximo gobierno 2020

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CEES

Diez prioridades para el próximo gobierno 2020

 

El fin que persiguen estas diez prioridades para el nuevo gobierno es procurar mejores niveles de vida para los guatemaltecos. Las prioridades aquí propuestas son medios para combatir la pobreza y, por ende, sus consecuencias.  Creemos que un plan de gobierno se debe y puede cimentar sobre principios de aceptación universal.  El apego a principios rendirá programas, obras y proyectos que sean coherentes los unos con los otros, pertinentes y apropiados para el logro de la meta preestablecida.

 

Primera prioridad: Seguridad y justicia

Muchos creen que el tema de seguridad justicia trata solamente sobre policías y ladrones.  Esto es un error. La justicia tiene que ver en primera instancia con los derechos individuales. El tema de la seguridad también tiene que ver con la certeza jurídica sobre la protección de estos mismos derechos individuales. Las prioridades para seguridad y justicia son:

Se respetarán, sin excepción, los derechos individuales.

El interés general no debe privar sobre los derechos individuales pues al hacerlo se estarían violando los principios básicos sobre los que se fundamenta el interés general.

Se debe crear un verdadero Estado de Derecho (y no de legalidad) que haga viable la cooperación social pacífica y libre.

Los tres derechos individuales más importantes son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.  Los tres están íntimamente entrelazados.  El respeto a estos tres derechos básicos hace posibles la innovación, la creatividad y la inversión.   En la convivencia social, al igual que en un juego, las reglas iguales para todos nos permiten anticipar qué podemos hacer y qué pueden hacer los demás, bajo ciertas circunstancias.  Una sola excepción vulneraría el derecho, aumentaría la incertidumbre y modificaría las reglas del juego.  En Guatemala, los tres derechos son reconocidos por la Constitución, pero en la práctica enfrentan barreras.

El próximo gobierno tendrá que abandonar las actitudes paternalistas de antaño que presuponen que las personas son incapaces de tomar decisiones correctas por sí mismas.  También deberá exigir la responsabilidad individual haciendo valer los compromisos que adquieran las personas libremente.

Es vital registrar y hacer valer los derechos de propiedad de los guatemaltecos, formalizando títulos y resolviendo conflictos para lograr desarrollo.  No puede tolerarse ninguna invasión de propiedad y en caso de ocurrir debe actuarse de inmediato en defensa de la misma.

Además, el gobierno deberá modificar o derogar las leyes ordinarias, así como simplificar procedimientos en la administración pública, que restringen el derecho a la libertad, a la vida o a la propiedad.

Una tarea pendiente consiste en la despolitización de la Justicia, es decir, la forma de elegir jueces y magistrados. El problema existe por la forma en que se eligen a los magistrados de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) y de la CC (Corte de Constitucionalidad) y por sus períodos de vigencia tan cortos en el puesto. Lamentablemente la forma de elegirlos está plasmada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra propuesta es modificar la forma de elección tal como lo propuso ProReforma.  Los candidatos que califiquen de acuerdo con los requisitos objetivos para el puesto deberán ser electos por sorteo independientemente de su puntaje.  Esto disminuirá la injerencia de políticos de turno sobre los jueces y magistrados permitiendo una verdadera e independiente separación de poderes.

Finalmente, el gobierno debe concentrarse en mejorar la administración de justicia para que sea pronta y eficaz, así como lograr una más eficiente administración de los cuerpos armados y de seguridad.   

 

Segunda prioridad: Respetar la propiedad privada de los trabajadores

Se devolverá la propiedad privada de sus ingresos y ahorros a los trabajadores y se les permitirá tener cuentas individuales y heredables.

Una buena parte de los ingresos de los trabajadores les es retenida para el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social).  Se les obliga a pagar un seguro que no escogieron.  Se les considera imprudentes y por ello otros han decidido lo que más les conviene hacer con su propio dinero, con su propia propiedad.  Se les despoja, además, de parte de su propiedad para su recreación.  En fin, se les viola sus derechos individuales.

Se debe devolver la libertad al trabajador para que pueda escoger, con el fruto de su trabajo, dónde asegurarse, qué fondo de pensión adquirir, dónde y cuánto ahorrar, dónde y cuándo ir con su familia de vacaciones y capacitarse.  Esta apertura a la competencia ofrecería a los trabajadores mejores opciones para procurarse un retiro digno y a la medida de las necesidades de cada trabajador.

 

Tercera prioridad: Eliminar el impuesto sobre la renta y reducir el gasto del gobierno.

En Guatemala son necesarias más oportunidades de trabajo y mejores ingresos reales.  Esto solo se puede lograr con más inversión social en equipos productivos, máquinas y herramientas, fábricas y otros.  Es decir, necesitamos más capital.

El impuesto sobre la renta es un impuesto al ingreso que es más susceptible de ser capitalizado, y transfiere al gobierno recursos que, si no existiera el impuesto, serían utilizados en su mayoría para nuevas inversiones o en ahorro (que indirectamente se utiliza para inversiones).

Un país pobre no se puede dar el lujo de desperdiciar sus escasos recursos en consumo, o en aquellas actividades que son menos productivas.  Debe, por el contrario, utilizar el capital en las actividades que sí son productivas y que permiten un mayor crecimiento económico.

El nuevo gobierno también deberá simplificar los procedimientos que siguen los contribuyentes para pagar sus impuestos, mantener baja la tasa impositiva y ampliar la base tributaria.  El nuevo gobierno podría voluntariamente limitar su recaudación tributaria a un máximo del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, como una señal clara de apoyo a la libertad económica.

Por otro lado, durante sesenta y tres años, Guatemala se ha aferrado a un modelo de gobierno que paulatinamente reclama para sí múltiples funciones y atribuciones antes desempeñadas voluntariamente por miembros de la sociedad.

El Estado guatemalteco cuenta con una tasa impositiva a la renta demasiado alta.  Países como Suecia, Finlandia o Inglaterra cuentan con tipos impositivos incluso menores a los que ofrece Guatemala.  En un mundo globalizado, los países compiten entre sí por la captación de los escasos capitales y una disminución y posterior eliminación del Impuesto Sobre la Renta sería un paso importante para atraer capitales.

Existen muchas tareas que el Estado pueden dejar de hacer por no ser prioritarias.  Esto exigirá evaluar si existe duplicación de esfuerzos por varias dependencias estatales.   Como por ejemplo entre despachos ministeriales, entidades descentralizadas, fondos sociales, municipalidades, y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otros entes.

El gobierno deberá abandonar su afán de proveer los servicios directamente, y permitir que sean entidades privadas, lucrativas y no lucrativas las que se encarguen de ello.

Se deben liquidar aquellas entidades cuya existencia ya no es justificable. Todas estas medidas liberarán al país del pesado lastre que nos mantiene anclados.

 

Cuarta prioridad: No más endeudamiento.

Si aumenta la inversión de capital social en el país, disminuirá nuestra necesidad de aceptar los préstamos ofrecidos por organismos multinacionales o por otros países al gobierno central.

La deuda pública funciona como un impuesto diferido.  Tarde o temprano, los contribuyentes tendrán que saldar la deuda adquirida por el mandatario de turno; por eso, debe implantarse una política de responsabilidad fiscal.  El nuevo gobierno debe poner límites claros a su capacidad de endeudamiento.  Debe entregar cuentas claras y transparentes a la ciudadanía sobre la deuda pública.  Además, deberá evaluar cuidadosamente las condiciones que impone quien otorga el préstamo, porque algunas de las condiciones requeridas podrán dañar al país en el futuro.  Actualmente, la deuda pública con relación a los ingresos fiscales se encuentra en una situación riesgosa.

En el 2017, las deudas que los informes públicos ocultan: son en primer lugar la que el gobierno mantiene con el IGSS (Q39.232,9 millones) y en segundo lugar la que mantiene con el Banco de Guatemala (Q27.044,0 millones). Esto modifica los montos totales de deuda del gobierno que oficialmente es del 25% del PIB. Si sumamos la deuda total explícita y la deuda no reconocida en realidad en gobierno de Guatemala debe el 37% del PIB.

 

Quinta prioridad: Liberar el mercado laboral

El principal obstáculo para el cumplimiento del quinto mandamiento es la Ley del Servicio Civil.  Los funcionarios públicos laboran bajo una estructura legislativa rígida que protege incluso a los trabajadores ineficientes, procura la inamovilidad en el puesto y premia el tiempo de servicio más que el mérito.

También fuera del sector gubernamental la legislación laboral impone ciertas rigideces que limitan la competencia y obstaculizan el crecimiento económico.

El trabajo es un recurso económico vital porque, juntamente con otros factores de producción, transforma los recursos naturales en bienes y servicios útiles. Una relación laboral, es, a su vez, una relación contractual.  El gobierno únicamente debe hacer valer ese contrato.

Entre otras medidas, puede fijar un salario mínimo evidentemente por debajo del salario de mercado, a fin de no distorsionar la oferta y demanda de trabajadores capacitados. Las personas deben poder emplearse libremente y negociar el monto de su remuneración. Los salarios mínimos aprobados en los últimos años se encuentran muy por encima de la mediana salarial y han causado muchas distorsiones en el mercado de trabajo.

El Estado debe promulgar una nueva Ley del Servicio Civil que garantice una burocracia profesional y al servicio de los ciudadanos.  La legislación actual hace que la burocracia esté al servicio de los políticos y por consiguiente la calidad de los empleados públicos es baja y el gasto en salarios desproporcionado.  

 

Sexta prioridad: Simplificar los trámites administrativos y descentralizar la administración pública

El nuevo gobierno deberá abolir los requerimientos de permisos y simplificar los trámites requeridos para obtener diversos permisos y registrar un negocio legítimo en el país.  Al reducir el costo de empezar y operar negocios lícitos, muchos más ciudadanos se lanzarán a la riesgosa aventura de invertir, producir y comerciar en paz y libertad.

Es preciso crear un ambiente que garantice el respeto a la propiedad y a inversión, tanto de nacionales como de extranjeros.  Esto implica la desregulación y desburocratización.  Consistentemente, Guatemala obtiene punteos inferiores a 65 sobre 100 puntos en el Índice Haciendo Negocios del Banco Mundial; en 2018 ocupó la casilla 98 de los 190 países evaluados por el índice. Los trámites engorrosos que entrampan el emprendimiento y la inversión incluyen desde los permisos de construcción hasta dificultades para pagar impuestos y registrar la propiedad. Además, en Guatemala no es fácil acceder a mercados extranjeros.  Pero los frenos más dramáticos para el comercio y el emprendimiento tienen que ver con una adecuada protección a las inversiones, la inviolabilidad de los contratos y el manejo de quiebras e insolvencias.

El nuevo gobierno debe colocar a Guatemala en las primeras diez casillas de los índices la región, si no del mundo, eliminando todas las barreras artificiales al comercio y a la inversión. Debemos mandar una señal al mundo de que Guatemala es un destino atractivo y fiable para hacer negocios.

La confianza en los mercados libres es congruente con un sistema de gobierno descentralizado.  El gobierno central debe enfocarse en unas funciones prioritarias (seguridad, garantía de derechos y justicia), y puede devolver a entidades locales, públicas o privadas, la responsabilidad por desempeñar otras funciones.  Por ejemplo, la ciudadanía puede y suele formar comités de vecinos, conjuntamente con sus autoridades municipales o independientemente, para proveerse de servicios de salud, educación, drenaje, extracción de basura y más.  Estos comités contratarán a empresas eficientes y capaces de rendir los resultados buscados, y las despedirán si no satisfacen la demanda.

Es importante que exista competencia entre los diferentes distritos o regiones para incentivar a los gestores o proveer servicios de alta calidad.

Un proceso de descentralización viable implica el traslado no sólo de la responsabilidad sino también de los recursos financieros.  Será necesario aumentar los ingresos propios de las municipalidades. Las municipalidades deben tener la posibilidad de ensayar con nuevas formas de prestar servicios, entre ellas el e-government, la contratación de oferentes privados luego de un proceso transparente de contratación, a través de la mancomunidad con municipalidades aledañas, entre otras.  En el mediano plazo también pueden funcionar mecanismos novedosos para el traslado de recursos hacia comités de vecinos.

 

Séptima prioridad: Devolver a los padres de familia la responsabilidad de la educación de sus hijos liberándola del control estatal.

El gobierno a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) ha tenido una injerencia predominante y cada vez más costosa, por alumno graduado, en la educación de los guatemaltecos y los resultados no son buenos.

La educación en Guatemala ha estado centralizada por el MINEDUC con presupuestos cada vez mayores, un pensum de estudios obligatorio, una burocracia asfixiante, papelería excesiva y controles aniquiladores de toda iniciativa tanto para la educación estatal como la privada.  Por más recursos que se le sigan otorgando al Ministerio de Educación, la situación no mejorará.  Proponemos lo siguiente:

Primero, eliminar las barreras en la educación privada.  El ministerio permitirá que los colegios privados que quieran asociarse al mismo puedan hacerlo y podrían mencionarlo en su publicidad.  Por ejemplo: “Liceo Educativo – Supervisado por MINEDUC”.  Quienes no quieran ser supervisados por el MINEDUC no podrían indicarlo en su propaganda ni papelería.  Los padres de familia escogerían cuál centro les daría mayor confianza.  Los colegios privados podrían ser lucrativos, velando así por sus activos entre los que están sus alumnos y padres de familia.  Habría una gran diversidad de colegios con distintas calidades y precios, incluyendo padres de familia que eligen educar a sus hijos en casa.

El segundo cambio sería devolver a los padres de familia la responsabilidad de la educación de sus hijos.  El MINEDUC actuaría bajo el principio de subsidiariedad.  Esto es, ayudar a aquellos padres de familia que demuestren que sí tienen problemas serios para financiar la educación de sus hijos.  Esta ayuda sería parcial y temporal según cada caso, nunca generalizada.

 

Octava prioridad: Devolver a las personas el derecho que tienen al subsuelo

Guatemala vive una polarización violenta por el uso de sus recursos naturales. Algunos pobladores demuestran agresivamente su oposición a la construcción de hidroeléctricas y minería en sus comunidades debido a que temen perder sus propiedades, aunque carezcan de sus respectivos títulos.

Conflictos como este se podrían evitar si los habitantes de estas comunidades en verdad fueran los legítimos dueños de sus propiedades, del agua y del subsuelo de esta. Como dueños decidirían qué hacer con sus propiedades sin que la opinión política tenga nada que ver. Tendrían además el incentivo de al menos considerar si vale la pena explotar los recursos naturales y de qué forma hacerlos para no dañar derechos ajenos. La propiedad privada es fundamental para evitar conflictos y generar el desarrollo económico. Esto se puede hacer en tres pasos que pueden llevarse a cabo simultáneamente:

Primero: la propiedad de la superficie debe definirse claramente, garantizarse y ser totalmente transferible.

Segundo: hay que darles a los dueños de la superficie el derecho de poseer también la propiedad del subsuelo que le corresponda. Hay una forma de hacerlo sin violar la Constitución y es a través de "Títulos de Usufructo de Subsuelo". Ya se hizo esto con las radiofrecuencias y ha funcionado excelentemente.

Tercero: se debe hacer lo mismo con los ríos, lagos y orillas de los mares usando posiblemente Títulos de Usufructo de ríos, lagos y orillas del mar.

Una vez esté bien definida y aclarada la propiedad, tanto de la superficie, subsuelo, ríos, lagos y orillas de mares, entonces lo demás consistirá en transacciones libres, voluntarias y totalmente pacíficas. Los conflictos violentos desaparecerán. Los dueños de los recursos serán los primeros interesados en cuidar mejor su propiedad pues saben que cualquier proyecto los puede beneficiar enormemente. Ellos mismos estarán buscando a los geólogos y expertos para que hagan estudios en sus propiedades y no como ahora que los buscan, pero para vapulearlos.

Mientras esto no se lleve a cabo, el sistema actual seguirá dejando perder oportunidades de inversión extranjera que generan valor e ingresos para todo el país.  El Gobierno no ha emitido un reglamento para cumplir con las consultas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (convenio que al que nunca se debió adherir Guatemala).  De todas maneras, ese sistema no es el más adecuado para resolver conflictos.  La propiedad del subsuelo en manos de los verdaderos dueños de la superficie de sus propiedades será la mejor solución al conflicto de interés por la explotación de los recursos minerales.

 

Novena prioridad: Apertura al comercio exterior

Ningún país ha salido de pobre cerrando su economía al resto del mundo. El nuevo gobierno debe mostrar una franca apertura a la inversión extranjera y al comercio con el resto del mundo.

Para participar competitivamente en la economía global, Guatemala tiene que mejorar en varios aspectos. Tiene que reducir los trámites engorrosos y la burocracia, como se señala en la sexta prioridad. También tiene que fortalecer las instituciones que brindan confianza a los inversionistas, principalmente las garantías a la propiedad privada y a la inviolabilidad de los contratos.  Nadie invierte en países donde sus ahorros y el fruto de su trabajo pueden ser confiscados, expropiados o usurpados arbitrariamente, por el gobierno o por terceros. Tampoco invierten en países que cambian las reglas del juego impredeciblemente, como ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de la minería. Además, Guatemala tiene que mejorar la infraestructura vial, eléctrica y portuaria para que los costos de operar en el país sean razonables. La mala condición de las carreteras supone retrasos fuertes para quienes transportan bienes y servicios dentro del país y hacia las fronteras y puertos.

Excesivos trámites aduaneros y altos aranceles desalientan la importación y exportación de productos.  El CEES realizó un estudio según el cual la discrecionalidad en el poder de los vistas aduaneras supone un foco de corrupción y un alto costo para el país, porque ahuyenta la inversión extranjera lícita y benéfica.

Finalmente, para atraer inversión extranjera, es de suma importancia contar con un mercado laboral flexible y capacitado.

El nuevo gobierno puede utilizar índices mundiales para identificar las áreas prioritarias en materia de apertura comercial. El Índice de Competitividad Global, por ejemplo, es generado por el Foro Económico Mundial.  Para los años 2017-18, Guatemala se colocó en el puesto 84 de 137 países y obtuvo una puntuación de 4.8 sobre 10.  La inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido bajando desde el 2012. El nuevo gobierno debe convertir a Guatemala en un destino para la inversión que sea confiable y dinámico.

 

Décima prioridad: Despenalizar las drogas

La política en materia de drogas debería seguir un curso que despenalice primero el consumo y luego la producción y distribución de las mismas.  La actual guerra contra las drogas es una violación a los derechos individuales porque penaliza una conducta que puede calificarse como viciosa mas no como delictiva. La decisión de consumir o no sustancias psicotrópicas o estupefacientes debe dejarse en manos del individuo.

Los resultados de la prohibición han sido ineficientes.  Además, es responsable de una parte de los hechos de violencia del país. Al no existir la posibilidad de competir libremente por precios o calidad ni de acudir a los tribunales para resolver controversias, el modo de operación de los carteles de la droga es a través de la violencia.

A su vez, la persecución se ha trasladado al ámbito del lavado de dinero y otros activos y ha llevado a la promulgación de leyes que violan los derechos individuales.

La ley de lavado de dinero y otros activos y la ley de extinción de dominio, afectan negativamente a gran parte de la población que nunca ha cometido hechos ilícitos.  La ley contra el lavado impone costos de transacción altísimos para la compra de divisas y las transferencias de dinero para flujos comerciales.  La ley de extinción de dominio atenta contra la presunción de inocencia y contra el derecho a un debido proceso al establecer procedimientos independientes de la acción penal.

Pese a que el camino es largo por la cantidad de tratados internacionales que obligan a Guatemala a sumarse a la guerra contra las drogas, la despenalización de la portación para el consumo es un camino viable.  Distintos países han tomado ese paso que es compatible con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Guatemala.

 

"La ley de la naturaleza se yergue como una norma eterna para todos los hombres, los legisladores y los demás. Las reglas que hacen para regir los actos de los hombres, así como los propios, deberán conformarse a la ley natural; es decir, a la voluntad de Dios, de la cual aquella es una declaración. Y, siendo la ley fundamental de la naturaleza la preservación de la humanidad, ninguna legislación puede ser buena o válida si la contradice."

 John Locke, Two Treatises on Government (1989).

 

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